El Ejército mexicano tiene un serio problema de identidad: fue creado para defender el territorio y la soberanía nacional, pero a la vez se siente empresa constructora. En los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) realizó 851 obras civiles y militares en las que ejerció 33 mil 681.7 millones de pesos mediante un opaco modelo de contratación llamado “administración directa”.
La ley de obras públicas considera esta opción, pero no le acompaña de mecanismos de transparencia. Es casi imposible saber quién realiza las construcciones, en cuánto compran los materiales, qué proveedores utilizan, entre otros elementos que sí se conocen a través de una licitación pública.
Podemos saber esto gracias a un reportaje de la periodista Zorayda Gallegos publicado en el periódico El Universal.
La reportera da cuenta de cómo, desde el sexenio de Calderón, la Sedena ha ido adquiriendo cada vez más poder en la construcción de obra pública. Entre 2007 y 2018 el Ejército se encargó de obras que le fueron asignadas por diversas dependencias gubernamentales.
El sistema de construcción de administración directa fue creado originalmente para que los gobiernos pudieran dar servicios de manera rápida y sencilla, como rellenar los baches de las calles, pintar aceras, hacer rampas cuando se requieran y dar mantenimiento a parques e instalaciones públicas, pero la Sedena lo ha utilizado para emprender grandes obras.
Aunque la ley prohíbe subcontratar, es decir, que la Sedena contrate a otra compañía para que haga la obra que le fue asignada, en la revisión hecha por Gallegos se evidenció que 100 empresas fueron subcontratadas. De éstas, una veintena fue creada meses antes de firmar los contratos, nueve se disolvieron meses después de la firma, siete no cuentan con registro ante la Secretaría de Economía y tres fueron sancionadas por la Función Pública.
Entre los proveedores existen cinco empresas, o sus socios, que están señalados en el listado del Servicio de Administración Tributaria (SAT) como contribuyentes que simulan operaciones –empresas “fantasma”–; ocho proveedores no fueron localizados y cinco tienen algún incumplimiento fiscal que les impediría recibir contratos.
El reportaje documenta que detrás de estas empresas contratadas por el Ejército hay decenas de prestanombres: taxistas, meseros, empleados en un call center, cargadores de mudanzas, estudiantes o amas de casa.
El aeropuerto de Santa Lucía se construye bajo esta modalidad de administración directa. Si bien el gobierno federal ha prometido transparencia total, los contratos de esta construcción aún no son públicos.
Este modelo de sobreexplotación de la administración directa también sucede en lo local. En un trabajo de Iniciativa Sinaloa –organización en la que participo–, documentamos que el actual gobierno estatal revivió a Precasin, una empolvada empresa de Estado, y le dio facultades ilimitadas de construcción con presupuesto público. La reportera Miriam Ramírez demostró que en tres años le han sido transferidos a Precasin más de mil 200 millones de pesos con altos niveles de opacidad, no vistos desde hace más de 20 años.
El gobierno estatal ha incumplido la ley y ha subcontratado y fraccionado obras con particulares.
Si el gobierno de Sinaloa no hubiera utilizado la figura de administración directa vía Precasin, se lee en el trabajo de Ramírez, 91 por ciento del monto contratado hubiera tenido que ser licitado, es decir, la evidencia nos indica que el gobierno utiliza el modelo para evadir las licitaciones públicas que mantienen niveles de transparencia y competencia mucho más altos que la administración directa.
Esta facultad de contratación debe prender las alertas de los sistemas anticorrupción de México y de los estados de la República; hablamos de decenas de miles de millones de pesos en riesgo.
La administración directa es la nueva “caja negra” de la obra pública en México. ¿Qué vamos a hacer con esto?