Hoy miércoles 20 de enero, Joe Biden tomará posesión como presidente de Estados Unidos. Según distintas publicaciones cercanas al Partido Demócrata (por ejemplo, Bloomberg), sus prioridades serán (o deberían ser), en primer lugar y de manera urgente, luchar contra la pandemia del Covid-19, mejorando la estrategia para evitar más contagios y muertes, con el diseño de un plan nacional que permitiría un ritmo de vacunación de un millón de dosis diarias y que pondría énfasis en las comunidades negras, latinas y nativas que han sufrido desproporcionadamente los efectos de la enfermedad.
La segunda cuestión de la agenda consistiría en poner en marcha, con la aprobación del nuevo Congreso, un plan de estímulos económicos más ambicioso que el anterior (por un total de 1.9 billones de dólares). Incluiría nuevas transferencias monetarias por mil 400 dólares a cada hogar de manera pareja y sin distinciones, lo que se agregaría a los 600 dólares ya aprobados en 2020; extender la ayuda para los desempleados hasta septiembre por un total de 350 mil millones de dólares y, se dice, decretar un aumento del salario mínimo que alcanzaría 15 dólares la hora. También habrá, se afirma, como parte de las acciones inmediatas, una propuesta para reformar el sistema migratorio.
Posteriormente, se anunciarían otros proyectos que atenderían problemas de mediano y largo plazo como la construcción de infraestructura y el cambio hacia una economía más verde para combatir el cambio climático.
Otra prioridad de mediano plazo sería el diseño de una nueva política exterior que recupere, dicen, el liderazgo mundial de Estados Unidos y que incluiría acercarse de nueva cuenta a los viejos aliados, sobre todo en Europa, y hacer frente de mejor manera a los retos que plantea el liderazgo económico de China.
Según este punto de vista, México estaría involucrado, principalmente, en la definición de una nueva política migratoria. Habrá que ver si incluye y de qué manera la legalización de millones de indocumentados que ya trabajan en Estados Unidos y el problema de los refugiados, muchos de los cuales vienen de Centroamérica y se encuentran en nuestro país
Otras cuestiones que tienen que ver con México, y que ya están o estarán pronto en la agenda del gobierno de Biden son el trasiego de armas y drogas entre ambos países; y el enfoque que tendrá que darle al T-MEC.
Este último asunto es complejo ya que la nueva versión del NAFTA o TLCAN es distinta en un asunto crucial: no se trata de un tratado de libre comercio sino de un acuerdo de comercio regulado. Según un estudio de Gustavo Vega y Francisco Campos, publicado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, el T-MEC es un acuerdo negociado bajo la visión proteccionista, nacionalista y de comercio administrado del gobierno Trump. A ello se agregó la preocupación sobre los asuntos laborales planteada por los demócratas. Por ello, este tema, el laboral, es probablemente el área en la que se han incorporado los cambios más sustanciales en el T-MEC.
Y, en efecto, la Junta de Expertos Laborales Independientes sobre México, ya elaboró su primer informe (provisional). Hay que recordar que esta Junta fue creada por la Ley de Implementación del T-MEC, y está integrada por 12 miembros nombrados por los líderes del Congreso estadunidense, con el fin de “monitorear y evaluar la implementación de la reforma laboral de México y el cumplimiento de sus obligaciones en materia laboral”. Aunque reconocen las dificultades causadas por la pandemia, afirman que “la Junta ha identificado una serie de preocupaciones graves con respecto al procedimiento de México para aplicar la legislación en materia laboral que consideramos se deben abordar de manera inmediata”. El informe subraya la existencia de contratos de protección cuyo objeto, dicen los expertos, es fijar salarios reducidos y condiciones deficientes de trabajo y “proteger” al patrón de tener que negociar con un sindicato independiente y democrático, el cual haría hincapié en mejores salarios y condiciones laborales.
Exponen que los costos de la mano de obra por hora en la industria manufacturera es de 39 dólares en EU, 30 dólares en Canadá y 4 dólares en México. Después, hacen un resumen y una evaluación de la reforma laboral aprobada en 2019 y concluyen que, a pesar de los avances y el esfuerzo del gobierno mexicano, “el sistema de contratos de protección… permanece intacto”. De acuerdo con lo anterior emiten una serie de recomendaciones. La primera de ellas consiste en:
“El Comité Laboral Interinstitucional (del gobierno) y el Congreso de los EEUU deberán hacer todo lo posible para ayudar a México en poner fin a la vigilancia, el acoso, las amenazas, las detenciones, la violencia física y los asesinatos de trabajadores que ejercen sus derechos (legales), tanto a nivel federal como estatal.”
Finalizan señalando que: El gobierno estadunidense y su embajada deben enviar un mensaje contundente a las empresas que producen bienes y servicios en nuestro país para exportar al mercado estadunidense: no se regresará a las condiciones anteriores y las utilidades de esas empresas ya no se obtendrán con base en las violaciones a los derechos de los trabajadores.
Es probable que la agenda del presidente Biden no aborde de inmediato estas recomendaciones. Sin embargo, tendrá que hacerlo más tarde o más temprano pues la mayoría demócrata en ambas cámaras seguramente ejercerá una mayor presión para que se aceleren los mecanismos previstos en el T-MEC en materia laboral.
Esto último podría derivar en fuertes y constantes reclamos al gobierno de México. Sin embargo, el problema es más complejo si consideramos que las empresas estadunidenses no cambiarán rápidamente su modelo de negocios que incluye precisamente pagar salarios muy reducidos bajo el esquema de los contratos de protección. Además, el gobierno de Estados Unidos ya ha anunciado mayores incentivos fiscales para que esas empresas regresen a territorio estadunidense. Por su parte, el gobierno mexicano ha afirmado que está convencido de la necesidad de democratizar la vida sindical, la contratación colectiva y el aumento de los salarios, pero no está preparado para enfrentar una salida de empresas, sobre todo en el sector automotriz, lo que afectaría el empleo, las exportaciones y, desde luego, el ritmo de crecimiento de la economía.
De esta manera, ambos gobiernos tienen que definir, en un plazo que podría alargarse hasta 2025, un modelo de transición que dé como resultado una reorganización productiva y de las cadenas de valor establecidas entre ambos países que ofrezca mejores ingresos para los trabajadores y un mayor ritmo de desarrollo en ambos países. La otra alternativa es desatar una lluvia de denuncias de la parte estadunidense contra México, como ya lo hace el documento de los expertos. O bien, siempre hay esa posibilidad, dejar que todo siga igual.
Pronto sabremos cuál será la política de Biden y la respuesta del gobierno mexicano. Pero no debería olvidarse que el fenómeno Trump y la insurrección del 6 de enero no son la enfermedad sino el síntoma de un malestar social: la caída del nivel de vida de amplios sectores de la clase obrera estadunidense. Y que una reactivación económica post pandémica en nuestro país requiere un plan estratégico que tendría que cambiar las condiciones anteriores a la aparición del Covid, sobre todo, la integración económica a Estados Unidos.
Se abre la oportunidad, en ambos lados de la frontera, para redefinir qué tipo de economía y sociedad deseamos para los próximos años. El proyecto de libre comercio de América del Norte no trajo los frutos esperados por sus gobiernos y sus pueblos. La nueva administración de Estados Unidos y el gobierno mexicano tendrán que revisar las lecciones que dejó el viejo TLCAN. Nos tocará discutir las conclusiones a las que lleguen.

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