Por estos días se cumplen seis meses de que el gobernador Héctor Astudillo aceptara las conclusiones y recomendaciones del informe que le presentó el grupo de trabajo conformado para atender la solicitud de alerta de violencia de género contra las mujeres en Guerrero.
Ése es el plazo fijado para que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Conavim, deba requerir al gobierno guerrerense su informe sobre las acciones realizadas para llevar a cabo las diez propuestas contenidas en el documento que se le presentó en agosto del año pasado.
Como se recordará, la solicitud de declaratoria de alerta de violencia de género en ocho municipios de la entidad, fue presentada en junio del año pasado por la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, iniciativa a la que luego se sumaron otros grupos y organizaciones.
La alerta de violencia de género es un recurso previsto en la ley respectiva promulgada hace una década, definida como “el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad”.
La solicitud de las mujeres guerrerenses se origina en la terrible situación de violencia y criminalidad que vive el estado, particularmente en los ocho municipios que identifican como focos rojos: Acapulco de Juárez, Ayutla de los Libres, Chilpancingo de los Bravo, Coyuca de Catalán, Iguala de la Independencia, Zihutanejo de José Azueta, Ometepec y Tlapa de Comonfort.
El grupo de trabajo conformado para atender la solicitud recibió cifras alarmantes de los homicidios dolosos por parte del grupo que inició la gestión. Como siempre ocurre en estos temas, el gobierno del estado y otras fuentes tienen diversos números. Pero no se alejan mucho entre sí.
Recientemente, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Observatorio de Violencia contra la Mujer ofreció los datos de su estudio sobre el periodo que va de 2005 a 2015, en el cual reporta más de mil asesinatos de mujeres y niñas, más de la mitad de los cuales ocurrieron en el municipio de Acapulco. Lo peor es que durante 2016 y lo que va de este año, la estadística es aún mayor. El Colegio de Abogados del estado señala que el año pasado la cifra de feminicidios llegó a 225.
Entre las acciones formuladas por el grupo de trabajo de la Conavim, se plantean acciones de capacitación y sensibilización del personal que atiende a las mujeres víctimas de violencia, generar bases de datos y protocolos sobre el tema, diagnosticar la metodología aplicada, crear agencias especializadas en atender el delito de feminicidio, incorporar una política de comunicación social con perspectiva de género, aplicar una estrategia de transformación de los patrones socioculturales de comunidades indígenas y afrodescendientes, impulsar reformas legales necesarias y aumentar el presupuesto con visión de género.
De lo que en este sentido se haya hecho en el estado durante los pasados seis meses, dependerá que la Secretaría de Gobernación instrumente la alerta de violencia de género solicitada, o determine que las acciones del gobierno estatal van por buen camino.
Entretanto, la fúnebre realidad persiste.