No está muy claro que la reforma constitucional en materia electoral, aprobada por las dos cámaras del Congreso de la Unión,
obligue a que haya un día nacional de elecciones en el que los ciudadanos escojan a sus alcaldes, diputados locales y federales,
senadores, gobernadores y presidente de la República. Pero ese es el espíritu del nuevo texto.
No sé qué va a pasar si se impone la propuesta del Ejecutivo del estado de Guerrero de que nunca se empaten las elecciones de
gobernador y presidente de la República. Si esa decisión –que tendría que ser aprobada por una mayoría calificada en el
Congreso local– sería recusable como inconstitucional.
Lo que sí sé es que Guerrero se pondría a la cola del proceso de renovación de nuestras prácticas e instituciones electorales, y no
a la vanguardia como pregona el gobernador Zeferino Torreblanca.
Ahora, los argumentos esgrimidos por el ex alcalde de Acapulco para defender su propuesta de que no se junten las elecciones
de presidente y gobernador son de una pobreza intelectual preocupante. Es “para no confundir a la población” (con tantas boletas
electorales), dijo el martes en San Luis Acatlán. Serían seis si se empatan las elecciones en julio de 2012. Ese día también dijo, en
su peculiar sintaxis que “debemos tener un proceso del ejercicio para que la gente pueda distinguir y para que finalmente
aprenda a razonar”.
Según ese peculiar razonamiento, una sola boleta haría la diferencia entre un ciudadano confundido y el otro no confundido.
Porque en la propuesta de Torreblanca, en julio de 2012 se elegirían presidente de la República, senadores, diputados federales,
diputados locales y alcaldes; es decir, los electores tendrían que marcar cinco boletas, apenas una menos que las seis que se
requerirían si eligen también al gobernador.
¿No saben los guerrerenses contar más allá de cinco? ¿Cruzando ese umbral se confunden? ¿En el camino se harían bolas y ya no
sabrían por quién votar en la sexta boleta?
El dirigente estatal del PRI, Marco Antonio Leyva Mena, también apoya que nunca se empaten las elecciones de gobernador y
presidente de la República, aunque intenta una explicación más coherente que la del gobernador perredista. Es lo más
conveniente para el estado “porque evitamos gastos y, con toda franqueza, no nos metemos en una dinámica de canibalismo
político entre todos… y nunca empatar este proceso con el de presidente de la República porque es una situación en la cual,
seguramente, medios de comunicación, e inclusive los temas nacionales arrastrarían la elección local, lo que no permitiría,
muchas veces, discernir adecuadamente sobre las figuras y las personalidades de quienes están compitiendo en ese momento”.
“Evitamos gastos”, dice Leyva Mena dando por sentado que es imposible que haya un gobernador interino de un año y medio a
partir de 2011. Si se quiere evitar que haya un gobernador constitucional elegido en urnas para cubrir un periodo tan corto, pues
entonces que el gobernador Torreblanca solicite licencia al cargo una semana antes de que concluya su periodo para que el
Congreso nombre –por unanimidad o amplísima mayoría– al gobernador de año y medio que se necesitaría para que en julio de
2012 los guerrerenses elijan, en una sola jornada, a todos sus representantes populares.
Con ese gesto, que explicaría como una manera de responder al reclamo popular de que ya no haya tantas elecciones que alejan
a los ciudadanos de la política y sangran el presupuesto público, Torreblanca podría pasar a la historia como un estadista.
Otro punto positivo de esta propuesta es que desde ahora se le quitaría presión a la contienda de 2011 por la gubernatura, pues
quien ocupe la silla se limitaría a administrar los programas federales y a aplicar el presupuesto aprobado por una legislatura que
se prevé poderosa, pues sus integrantes durarán en el cargo tres años y nueve meses. Por primera vez en la historia de Guerrero
no tendríamos un gobernador con ansias caciquiles, proyectos transexenales y el afán de querer controlar todo sin ningún
contrapeso, y esa experiencia podría proporcionar un gran aprendizaje democrático para los ciudadanos del estado.
Si es dable que las fuerzas políticas se pongan de acuerdo para que haya un gobernador interino de año y medio a partir de fines
de marzo de 2011, el erario público se ahorraría los 200 millones de pesos que dicen que cuesta una elección de gobernador.
Adicionalmente, se evitaría el “canibalismo político” del que habla el priísta Leyva, pues se reduciría al mínimo el número de
aspirantes a una gubernatura cuyo ocupante solamente ejercería el cargo durante un año y medio.
Pero lo anterior parece más bien una carta a los Santos Reyes. Porque lo que Leyva y Torreblanca tienen en mente –aunque el
segundo no lo diga– es hacer prevalecer los intereses inmediatos de sus partidos políticos y no salvaguardar los intereses de los
ciudadanos y del estado de Guerrero.
Si se empatan las elecciones de gobernador con las de presidente de la República se nos van a venir encima los medios
nacionales, y los temas nacionales, dijo con toda claridad Leyva, en una frase que bien puede suscribir el gobernador
Torreblanca.
Tiene razón. Pero mientras el viejo PRI de los caciques que representa Leyva; y el proyecto caciquil en ciernes de Torreblanca ven
en la contaminación nacional una amenaza, los demócratas del estado debieran de verla como una oportunidad para dar un salto
cualitativo en la modernización de las relaciones políticas en Guerrero.
El PRD no ha dicho oficialmente hasta ahora ni una palabra sobre el tema, en el cual el gobernador Torreblanca ha actuado como
su vocero. Pero ha trascendido porqué los principales dirigentes de ese partido –que no todo el PRD, como se verá más abajo–
apoyan que no se empaten nunca las elecciones de gobernador y de presidente de la República. No por los temas nacionales,
sino porque suponen que la derecha panista llegó para quedarse en la presidencia de la República durante varios sexenios, y
creen que un candidato presidencial de ese partido arrastraría la votación incluso en Guerrero dándole una presencia electoral al
PAN en el estado que nunca alcanzaría de otro modo.
Ese razonamiento mezquino constituye una descalificación de la estrategia que sigue su principal dirigente político, Andrés
manuel López Obrador; supone, además, una visión conservadora que lleva a la inacción, pues quienes la sostienen ven
prácticamente imposible un cambio en la correlación de fuerzas políticas en el país.
El diputado Cuauhtémoc Sandoval planteó ayer el problema de una forma muy clara cuando repitió la frase atribuida a Winston
Churchil: “Los políticos piensan en las próximas elecciones y los estadistas piensan en las próximas generaciones”.
Y agregó: “No veamos lo que va a pasar en tres o cuatro años, eso es totalmente incorrecto, hay que ver a largo plazo, hay que
tener una visión clara, porque ahora en México los partidos políticos pueden ser mayoría hoy y minoritarios mañana, nadie tiene
asegurada la mayoría, y qué bueno que ya no va a haber nadie que tenga mayoría aplastante y eso es muy bueno, muy sano para
la democracia, lo que no hay que pensar es qué le conviene a mi partido en un lado u otro, eso es equivocado; hay que pensar
qué beneficia al país, qué beneficia al estado, ese es el tema”.
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Ahora, la referencia a los medios nacionales y a los temas nacionales que hizo Leyva Mena tiene un gran alcance.
Tras la competida elección presidencial del año pasado, las fuerzas políticas del país llegaron a la conclusión de que el sistema
electoral requería de profundas transformaciones. El propósito: que no se repitieran fenómenos como la intervención sin freno
del presidente de la República en favor de un candidato, o la de poderes fácticos como los organismos empresariales y los
medios electrónicos.
Por eso se ha calificado como un gran avance en el camino correcto de una mayor democratización de las instituciones del país,
la reforma constitucional que saca a los medios electrónicos de las contiendas electorales.
El fin de la dictadura del spot, como fue llamada esa práctica en la que los partidos gastaban el 70 por ciento de sus
prerrogativas, obligará a éstos a hacer campañas de propuestas, con candidatos conocidos por sus potenciales electores, y no a
vender productos con estrategias de mercadotecnia.
Y mantener separadas la elección de gobernador y la de presidente de la República –como pretenden el gobernador Torreblanca y
el PRI– va en sentido contrario a esa tendencia nacional a mejorar las prácticas electorales. Porque si van juntos en la misma
elección, el candidato a la gubernatura y el aspirante a la Presidencia de la República tienen por fuerza que hacer equipo, difundir
los mismos temas de campaña, defender las mismas propuestas, hacer compromisos semejantes con su electorado. Y lo mismo
harían con los candidatos a alcaldes, a diputados locales y federales y a senadores.
Además del gran ahorro que significaría para el presupuesto público el que se concentren todas las elecciones en un solo día de
cade tres o seis años, se elevaría la calidad de la competencia política y se traerían a la discusión local temas que de otro modo
nunca se tocarían porque afectan a los intereses feudalistas de los grupos caciquiles de los estados.
Me sumo a la propuesta del diputado Sandoval Ramírez de que las fuerzas políticas hagan un paréntesis para que se reúnan
todas las opiniones posibles, antes de que se despeñen como una cascada tras la propuesta del gobernador. Es una propuesta
facilona, inmediatista, interesada en conservar el poder por el poder mismo. Muy lejana a la promesa que Torreblanca hizo en su
toma de posesión de buscar comportarse como un estadista.
¿Y dónde están, en la reforma, las figuras de la democracia participativa por las que pregunta en su artículo del jueves Marcial
Rodríguez? Todos los avances de los que habla Torreblanca no van más allá de la limitada democracia representativa que
prevalece, y tienen que ver sobre todo con aspectos de la organización electoral. Pero no podrá nunca hablarse de una reforma
“más avanzada que la federal” sin que se incoporen a nuestra Constitución las figuras de plebiscito, referéndum y consulta
popular. Porque la democracia no se agota con la emisión del voto el día de la elección.

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El jueves, en la Faacultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí participamos en la mesa Casos relevantes de
libertad de expresión, junto con Alfredo Rivera Flores, autor del libro La sosa nostra. Porrismo y gobierno coludidos en Hidalgo,
prologado por el maestro Miguel Ángel Granados Chapa.
Allí, moderados por Balbina Flores, de Reporteros sin Fronteras, el escritor y promotor cultural hidalguense expuso el caso de la
demanda por daño moral que Gerardo Sosa Castelán –el capo de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo– presentó en su
contra, de Granados Chapa, de la editorial Porrúa, de la empresa que hizo la tipografía ¡y hasta del autor de la fotografía de
Rivera Flores que aparece en la contraportada del libro!
Y nosotros expusimos el caso de la demanda por daño moral que presentó Alberto Torreblanca Galindo, a instancias de su
hermano el gobernador del estado, contra la empresa editora de este periódico y cinco de sus reporteros.
Todo fue en el VIII Congreso Nacional y III Congreso Internacional de Derecho a la Información que organizaron el Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM (IIJ-UNAM), la Facultad mencionada y la Fundación Konrad Adenauer.
Participaron expertos como el director de Acceso a la Información Pública de Nueva York, Robert Freeman; la ex directora del
Archivo General de la Nación, Patricia Galeana; el comisionado del IFAI, Juan Pablo Guerrero Amparán; la asesora de la Secretaría
Técnica del grupo plural del Senado para la reforma de la ley de medios, Fidela Navarro; la profesora de la Universidad de Buenos
Aires, Marcela Basterra; el director general del programa de agravios a periodistas de la CNDH, Luis Raúl González Pérez; y el
investigador emérito del IIJ-UNAM, Jorge Carpizo.
Nosotros fuimos invitados por Libertad de Información México Asociación Civil (LIMAC) que dirigen el articulista de este periódico
Ernesto Villanueva y la doctora en derecho Perla Gómez Gallardo, que también fueron ponentes.
Perla Gómez es, por cierto, una guerrerense que a su amplio currículo académico añade un eficaz y combativo ejercicio de
litigante en los juzgados en defensa de periodistas enfrentados a grupos poderosos o personas con poder que pretenden inhibir
o acallar la libertad de expresión.
Y una buena noticia es que aceptó incoporarse al equipo que defenderá la causa de El Sur y de sus reporteros, que encabeza el
abogado acapulqueño Juan Martín Altamirano Pineda y en el que participa con dedicación y gran capacidad organizativa el
abogado de Tlachinollan, Mario Patrón.
De que nos defenderemos bien, que no quede duda. El gobernador –y más en estos tiempos de feudalización de la política– es un
personaje muy poderoso. Pero lo es más la libertad de expresión, un derecho fundamental de los ciudadanos.