La acción temeraria emprendida por el gobernador Zeferino Torreblanca de enviar policías a la comunidad de Dos Arroyos, muy a pesar de las advertencias emitidas por las autoridades comunitarias y por encima de las medidas cautelares solicitadas por la Comisión estatal de derechos humanos, nos ofrece la nueva versión de un gobierno autoritario de corte empresarial.

Es importante señalar la poca cultura que prevalece en las autoridades estatales en el tema de los derechos humanos. No sólo carecen de una posición clara de cómo el nuevo gobierno incorpora este tema dentro de sus políticas públicas, sino lo que es peor, descalifican las decisiones tomadas por la Codehum.

De acuerdo con el artículo 102 apartado B de nuestra Constitución política, los organismos públicos de derechos humanos son creados para mantener incólume nuestro orden jurídico y para garantizar la vigencia y el respeto pleno de estos derechos. Una de las facultades de estas comisiones es dictar medidas cautelares o precautorias, con el fin de proteger la integridad física y psicológica de los ciudadanos, ante un riesgo inminente y así poder evitar alguna violación a sus derechos.

El artículo 40 de la ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dice que el visitador “tendrá la facultad de solicitar en cualquier momento a las autoridades competentes se tomen las medidas cautelares y precautorias para evitar la consumación irreparable de las violaciones denunciadas o reclamadas o la producción de daños de difícil reparación a los afectados”. Se trata de instrumentos jurídicos internos que tienen como objetivo primordial la prevención de actos violatorios a los derechos humanos.

A estas alturas del conflicto de La Parota, lo que menos le importa al gobierno del estado es cumplir con su obligación constitucional de preservar el Estado de derecho y de garantizar y velar por los derechos humanos de los ciudadanos. Ante un proyecto de gran envergadura como la hidroeléctrica, los gobiernos federal y estatal se deslumbran por los dólares que los vuelven insensibles y ciegos ante el drama histórico de los campesinos e indígenas, que ahora son amenazados con ser expulsados de sus territorios, sometiendo y criminalizando a quienes levantan la voz y promueven su autodefensa.

Los ciudadanos seguimos con la falsa idea de que los partidos opositores que llegan al gobierno velarán por los derechos ciudadanos. Esto no sucede porque su asunción al poder los ata a los intereses económicos transnacionales, que se han transformado en el poder real dentro de las naciones que están siempre urgidas de financiamiento para mitigar la pobreza secular, que es el gran negocio de los emporios económicos del orbe.

En el país y en el estado se ha impuesto un modelo que da prioridad a la acumulación de capital para dejar en un segundo plano la justicia social. El sistema de partidos forma parte de esta estrategia político-económica porque en nombre de la democracia electoral se suplanta al ciudadano para que sean los partidos políticos quienes hablen en su nombre y tomen las decisiones a espaldas de ellos. En este sistema los ciudadanos somos seres útiles en tiempos de votaciones, existimos porque votamos, pero después del ejercicio de este derecho, nos desaparecen del mapa político, para poner en marcha los proyectos económicos que nada tienen que ver con el cumplimiento de las demandas sociales acumuladas desde hace siglos.

En esta democracia representativa  existen candados legales para impedir la participación política de los ciudadanos, no se permite la democracia directa, ni se le da prioridad al tema de la justicia social y los derechos humanos porque son un peligro para la acumulación del capital.

Los consorcios financieros son los que imponen las leyes, al grado de que los préstamos y apoyos financieros dependen mucho de las garantías que existen en cada país para garantizar esta acumulación del capital.

Las consecuencias en nuestro país han sido devastadoras; ha crecido la franja entre los ricos y los pobres y ahora millones de personas viven sin pan seguro, sin trabajo estable, sin vivienda digna, sin servicios de salud, sin posibilidades de estudiar, sin acceso a la justicia y sin respeto a sus derechos humanos. Estamos ante un colapso total de las expectativas de la población pobre y ante la cancelación del contrato social, dejando en total indefensión a los hombres y mujeres, que sin tener nada han sabido cuidar las riquezas naturales que son el patrimonio de todos.

La capacidad que los poderosos tienen para decidir proyectos económicos por encima de la voluntad de las poblaciones afectadas nos coloca en una especie de fascismo social que se manifiesta como un régimen autoritario donde una elite que controla el poder político y económico se arroga el derecho de decidir sobre la vida y el destino de los pobres. Se trata de una violencia institucionalizada que manipula las leyes para el beneficio de los poderosos justificando el despojo, la represión y la violencia contra los que se oponen a sus planes privatizadores.

El nuevo gobierno perredista de Guerrero ha cerrado filas para congraciarse con los intereses transnacionales y los planes privatizadores del gobierno federal. Sin ninguna valoración sustentada en los instrumentos nacionales e internacionales de los derechos humanos, se ha aventurado de manera irresponsable a abanderar el proyecto hidroeléctrico de La Parota, poniendo al servicio de la Comisión Federal de Electricidad todo el aparato represor del estado. Estos compromisos contraídos con las elites económicas y gubernamentales se han traducido en acciones ilegales, antidemocráticas y represivas contra los campesinos opositores a este proyecto.

Sin importale las inconsistencias jurídicas y los costos sociales, el gobierno del estado se ha empeñado en imponer su estrategia de doblegar a la población opositora y allanar el camino para que se inicien los trabajos de la construcción de la hidroeléctrica.

Desde el 14 de agosto hemos sido testigos de la actitud beligerante del nuevo gobierno. Las corporaciones policiacas han sido el contrapeso para imponer una decisión que no cuenta con la legitimidad de la mayoría de la población afectada. Los resultados están a la vista: enfrentamientos, lesionados, asesinados, perseguidos, reprimidos, encarcelados y atemorizados. La negativa al diálogo por parte del gobierno estatal ha significado en los hechos una violación sistemática a los derechos humanos de los campesinos opositores, una apuesta a imponer los planes económicos por encima de la legalidad, a una falta de respeto a la voluntad de los pobladores y a permitir que sean los policías los que decidan el rumbo de este proyecto.

La perversidad del gobierno llego al límite este 16 de diciembre al empeñarse en consumar otra asamblea ilegal con la presencia de policías. Acostumbrado a ignorar y descalificar a los actores sociales que disienten de la posición oficial, el nuevo gobierno desatendió los llamados de los campesinos y de la Coddehum, y actuó con premeditación, alevosía                                                   y ventaja y dio órdenes para que la madrugada de este sábado se apostaran más de 300 policías alrededor de la comunidad de Dos Arroyos con el fin de provocar y causar un enfrentamiento.

Este libreto de la represión al movimiento social fue cumplido al pie de la letra. Los policías fueron expresamente a amedrentar y a provocar a los comuneros, a demostrar que no existe ninguna ley que les impida hacer valer su fuerza. Ahora se presentaron con toletes y macanas para aparecer como corderos indefensos. Esta forma de presentar a una corporación policiaca sin armas de fuego trajo como consecuencia una lucha campal donde las piedras suplieron a la balas y los gases lacrimógenos fueron las armas de la persecución y                                                   la represión.

Mientras tanto en la cabecera municipal de Tierra Colorada se realizaba la asamblea espuria con supuestos comuneros de Dos Arroyos, quienes pagados por la Comisión Federal de Electricidad, manipulados y presionados por funcionarios de la Procuraduría Agraria, por el subsecretario de Asuntos Agrarios del gobierno del estado, Esaú Tapia, y por Evencio Romero, el vasallo del gobierno y brazo ejecutor de estas asambleas amañadas e ilegales, las autoridades lograron consumar otro acto que pone en entredicho su legitimidad y legalidad. Las leyes y los derechos humanos no parecen contener su apetito económico y los riesgos de una mayor violencia no es causa de preocupación ni le significa alguna perdida social,  porque todo es valorado desde el signo de pesos. Para el gobierno del estado la elite empresarial vale más que los miles de campesinos que viven en la pobreza.