Con el desalojo violento del 14 de noviembre por parte de la policía del estado contra los egresados de la Normal Rural de
Ayotzinapa y estudiantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (Fecsm), el nuevo gobierno ha
reeditado la política de represión que nos remite a décadas pasadas. Las escenas de la policía del estado agrediendo a mujeres
estudiantes y aventando bombas de gases lacrimógenos contra los que se refugiaban en el edificio del Congreso local, no le
piden nada a las múltiples agresiones que han sufrido los universitarios de Guerrero por parte de policías antimotines que a nivel
nacional han cobrado fama por su especialidad en el trato cruel y brutal contra la población indefensa.
La falta de diálogo y de respuestas a las demandas planteadas por parte de las autoridades estatales fue orillando a que los
estudiantes se colocaran en un disyuntiva, entre la claudicación de su lucha o en el reposicionamiento de su demanda ante la
opinión pública a través de la movilización y manifestación abierta ante las diferentes instancias de gobierno. El gobierno del
estado se mantuvo en una posición inflexible de no ceder a los “chantajes”, como insiste en calificar a los grupos sociales que se
movilizan para que sus demandas sean atendidas. Prevaleció la mano dura, teniendo como el recurso más efectivo el uso de la
fuerza policiaca para desactivar la movilización y bajar la presión del movimiento estudiantil. En sus lecturas policiacas, varios
funcionarios del gobierno del estado siempre hicieron cálculos fríos en el sentido de que los normalistas rurales no son una
expresión representativa de la sociedad y que no merecen un trato digno como ciudadanos con plenos derechos. Por eso los
llaman “vándalos”, para descalificar sus reclamos y porque consideran que no son funcionales a un proyecto que exige sumisión
y castiga a quienes defienden libertades fundamentales.
El supuesto orden institucional es en realidad el caos y el desorden para los intereses legítimos de los sectores empobrecidos. El
orden del modelo económico neoliberal consiste en adelgazar el gasto social y engrosar el presupuesto para el gasto militar y
policiaco; el orden del gobierno empresarial es invertir en megaproyectos para atraer capitales extranjeros a paraísos de
desarrollo excluyente, y en contrapartida cancelar plazas para los normalistas hijos de campesinos e indígenas. Los mil millones
de pesos que se tienen pensado invertir en el proyecto hidroeléctrico La Parota corren en sentido inverso de las obligaciones
constitucionales del gobierno del estado de dar empleo a los jóvenes estudiantes con el fin de que puedan obtener una plaza
como futuros maestros. La nueva visión del Estado es deshacerse de los trabajadores, desligarse de las obligaciones que
conllevan los contratos colectivos y dejar que las leyes del mercado se encarguen de imponer el nuevo orden social donde
solamente mandan los dueños del dinero.
Se ve a todas luces el empeño de las autoridades de no ceder un ápice a las demandas de los normalistas, porque los
meganegocios corren el riesgo de arruinarse y de echar a perder los planes de inversionistas que quiere llegar a nuestro estado
con la mesa puesta, para apropiarse de las riquezas que el pueblo de Guerrero ha sabido cuidar y preservar como las minas, las
playas, manglares, bosques, ríos y plantas nativas.
La consigna de los organismos financieros internacionales es obligar a los países pobres a realizar un reajuste estructural para
que puedan estar en condiciones de obtener recursos financieros frescos que inyecten dinamismos a sus economías, lo que
implica reformas legislativas, tratados comerciales, reducción de los subsidios y los créditos para los sectores populares y
promover más bien la inversión privada, obligando a que el Estado adelgace su gasto social y deje de ser el actor principal del
desarrollo. Para congraciarse, los gobiernos se han comprometido desde hace años a aplicar políticas orientadas a la baja
demográfica, a la privatización de los territorios y a la reducción de las prestaciones sociales de los trabajadores.
La ortodoxia neoliberal aplicada al pie de la letra por el gobierno del estado, por un lado se ha ganado el aprecio del
empresariado mexicano y de los consorcios de las multinacionales con las que han firmado convenios para invertir en Guerrero
sin que importe la opinión de los ciudadanos; por otra parte ha servido para hacer frente al malestar de la sociedad organizada
colocándolos fuera de la legalidad para desactivar su lucha; y por ella también se ha recurrido a la represión para demostrar que
hay firmeza contra los sectores que se organizan.
Le han salido mal los cálculos a las autoridades en torno al conflicto con los normalistas de Ayotzinapa. Primero intentaron
promover su aislamiento de las demás normales para evitar un movimiento estatal como ha sucedido en otros años; en segundo
término le apostaron al desgaste simulando un diálogo con posturas inflexibles; al final acudieron a los gases lacrimógenos y los
garrotes de los policías para atemorizarlos y desmovilizarlos. Y hoy que esta represión ha generado un amplio repudio al
gobierno, se recurre a las fuerzas oscuras que se mueven dentro de los aparatos represivos que empiezan a activarse como en
los tiempos oscuros de la guerra sucia para agredir a los normalistas de manera selectiva –la golpiza al estudiante en Tixtla–,
establecer vigilancia y un férreo espionaje contra sus líderes con el fin de poder detenerlos o golpearlos en la coyuntura más
apropiada, de amedrentarlos con la detonación de armas de fuego –como ocurrió el domingo en la caseta de La Venta– para
darles el mensaje de que el poder de las armas estará presentes en toda acción que realicen para protestar.
Con gran preocupación vislumbramos un ambiente hostil y poco tolerante de parte de las autoridades estatales de los tres
poderes que en sus reuniones cupulares y a puerta cerrada alimentan una visión conspirativa y destructiva de la protesta de los
normalistas y los diferentes actores políticos no se atreven a ensayar otras formas de atención y resolución de un conflicto con
hondas raíces sociales y culturales. Se está dejando abierta la posibilidad de una represión mayor con el cálculo político burdo y
craso de que al gobierno le sale más barato reprimir a estudiantes, encarcelar a sus líderes y descabezar el movimiento que
pelear al gobierno federal el techo financiero para las 75 plazas faltantes para poder garantizar trabajo a normalistas de familias
pobres cuya única ilusión es ser parte activa en la lucha contra el analfabetismo y el atraso de nuestro estado, y que fueron
preparados para ser maestros en una escuela pública que tiene esa función.
Se percibe que hay una apuesta a que sean los aparatos represivos los que se encarguen de acallar las protestas de los
estudiantes, dejando que sea la policía y no las autoridades políticas del estado las que le den una salida civilizada al conflicto.