Complicada está resultando la aplicación de la Ley Fe-deral de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que reglamenta los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Era de esperarse la resistencia de las élites del servicio público, sobre todo, del Poder Judicial. No es para menos, pues no es fácil deshacerse de privilegios amparados en supuestos derechos. De hecho, se esgrimen leyes y reglamentos para defender los sueldos de las élites, como si fueran intocables, incluso, ante la misma Constitución. Puede ser que tengamos una batalla legal y política para resolver esta cuestión, pero no quedaría definitivamente resuelta porque se trata, también, de un asunto moral.
Hablar de lo moral es hablar de lo bueno y de lo malo. De lo bueno o malo para el país, para la sociedad o para el mismo Estado mexicano. Es hablar de lo que beneficia o daña a la población, es hablar de lo que encamina hacia la justicia y la paz, es hablar de lo que promueve los derechos humanos de todos y hablar de lo que establece mejores condiciones de vida para la colectividad. Es hablar, también, de las prioridades en situaciones de desigualdad, de la primacía de la dignidad humana, del bien común y de la necesaria solidaridad con los más vulnerables. Es habar de la preferencia, no excluyente, que han de tener los empobrecidos y los excluidos que tenemos en la sociedad. Recuerdo que cuando era estudiante me encantó una descripción de lo moral con el siguiente argumento: cuando yo tengo hambre, tengo un problema material, pero cuando mi prójimo tiene hambre, entonces tengo un problema moral.
El tema de los sueldos de la burocracia y, en este caso, de la alta burocracia, es en tema moral. No deja de ser un tema político y jurídico, pero también es un tema moral que no debe ser marginado para buscar una solución justa. Es claro que tiene que abordarse desde las perspectivas política y jurídica, cada una con sus propias reglas y formas para encontrar caminos que abonen al entendimiento y a la estabilidad política. Pero el abordaje moral enriquece el análisis y la discusión y apunta a mejores soluciones más acordes con la dignidad humana.
En el contexto de desigualdad social que tenemos en México, la austeridad implica un valor moral cuando se trata de privilegiar la suerte de los empobrecidos. La situación de extrema pobreza, de exclusión y de marginación social desafía a encontrar los caminos que promuevan la distribución de la riqueza. En este sentido, la política tiene la tarea de establecer formas adecuadas para la inclusión social, para reducir las desigualdades y para el abatimiento de la pobreza.
El modelo neoliberal de economía que se ha impuesto en el país durante las últimas décadas, ha impuesto, a su vez, sus propias reglas a la política y a la organización social. El mercado ha controlado al Estado y se ha tragado a la sociedad. El énfasis en el crecimiento económico y el escaso interés en la distribución de la riqueza, la cooptación de la política por parte de las élites económicas, el empeño por un modelo de desarrollo que explota, a la vez, los recursos naturales y la mano de obra barata y la obediencia casi religiosa al mercado como regulador de la economía, son algunos de los dogmas neoliberales que la clase política ha promovido.
Estos principios de la economía neoliberal se han transferido a la política, con efectos devastadores. Como consecuencia, la política ha dejado de ser la promotora del bien común para convertirse en facilitadora de los intereses de las oligarquías, el servicio público se ha debilitado para convertir en una plantilla de gerentes bien pagados a los funcionarios públicos. Recuerdo que en la era de Fox, algún gobernador panista se asignó un alto sueldo alegando que en la empresa en la que trabajaba lo tenía. Puso el servicio público al nivel de una gerencia. Esta es la cuestión: la alta burocracia ha comprado la idea neoliberal de que merecen sueldos al nivel de las altas gerencias empresariales. Y esto es lo que han hecho: pervertir el servicio público y convertirlo en un empleo lucrativo de alto nivel. Eso han creído y eso quieren hacernos creer.
Estos altos funcionarios que no se ruborizan ante los salarios mínimos de los mexicanos, ni ante el desempleo y subempleo, no cuentan con la elemental sensibilidad moral ni ante las precariedades que sufren muchos millones de mexicanos. Y por otra parte, hay que decir que los altos sueltos no constituyen un blindaje ante la corrupción. Mi opinión es que tienen el efecto contrario. Por lo mismo, es necesario que el Poder Judicial recupere su dignidad abonando a la autoridad moral que necesita, al igual que los otros poderes de la nación. Y un valor moral fundamental que tendría que permear a ministros, magistrados y juyeces tendría que ser el de la justicia. Impartir justicia, es su tarea. Debieran ser justos con el país aceptando la austeridad como un valor que elevaría su autoridad moral y contribuiría al bienestar de los mexicanos.