El 13 de noviembre pasado, las miles de familias de víctimas de este país recibieron un mensaje lapidario y una bofetada para sus demandas de verdad y justicia de parte de la autonominada Cuarta Transformación.
La palabra ombudsperson proviene de la voz sueca destinada para un alto funcionario público encargado de proteger los derechos fundamentales de la ciudadanía ante los poderes públicos. No obstante, el término se ha corrompido en México hasta niveles escandalosos. Tal lo confirma la reciente reelección impuesta, desde el poder político, de Rosario Piedra, una nepo baby más de las que abundan –merced de sus apellidos y no de su quehacer ni de su trayectoria– en la 4T.
Desde el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador el nuevo régimen se destacó no sólo por su tozuda negativa a recibir y escuchar los dolores de las familias buscadoras y familiares de las víctimas de todo el país, sino, sobre todo, por el profundo desprecio y desprestigio político que cotidianamente ejerció en su contra desde la principal tribuna del poder del Estado.
A pesar de las puntuales y duras críticas de cientos de organizaciones a su administración en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la señora Piedra fue impuesta descaradamente en el Senado por el oficialismo; a pesar, incluso, de la rebelión y protestas en contra de los propios integrantes de su movimiento.
El observatorio ciudadano Designaciones Públicas –integrado por Fundar y Artículo 19–, publicó un extrañamiento sobre la desaseada reelección de carácter oficialista de la señora Piedra. En el texto resaltan el evidente carácter político-partidista de la designación y el hecho de que manda un mensaje de profundo desdén e imposición autoritaria de parte del partido mayoritario hacia las miles de decenas de víctimas en este país. Deja claro, además, “la intención de continuar encubriendo graves violaciones a los derechos humanos como las cometidas por las fuerzas armadas”.
Rosario Piedra ha sido acusada severamente por cientos de organizaciones de la sociedad civil por su inoperancia y aquiescencia para beneficiar al oficialismo y sus prácticas represoras y contrainsurgentes, además de solapar a los principales aliados del régimen autoritario desde un órgano antes autónomo y construido por la sociedad civil durante décadas de lucha para erradicar los abusos históricos del poder ejecutados por los militares.
Sin embargo, la CNDH no ha sido, desde su creación por decreto presidencial en 1990, una institución perfecta ni un espacio que no se haya prestado anteriormente para solapar al Estado mexicano en otros crímenes de lesa humanidad. Recordemos, para no ir más lejos, el informe entregado en diciembre de 2018 a las familias de Ayotzinapa por Luis Raúl González Pérez, entonces presidente de la CNDH y fallido fiscal en el caso Luis Donaldo Colosio. Ante sus desplantes y prepotencia tras leer una versión casi idéntica a la “verdad histórica” del exprocurador Jesús Murillo Karam, las familias y sus abogados abandonaron el recinto: “¡La tarea de la CNDH no es leer informes de la PGR (hoy FGR) del pasado; su tarea es investigar!”, le dijeron al entonces ombudsman antes de levantarse e irse indignadas.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) ha sido muy puntual en su balance de la desastrosa primera gestión de Rosario Piedra (2019-2024) al señalar que “el debilitamiento de la CNDH se inserta en un contexto más amplio de disminución del espacio cívico y deterioro de la institucionalidad democrática en el país durante el sexenio que culminó, generando un ambiente adverso para los derechos humanos y su defensa. Esto es evidente, por ejemplo, en los múltiples mensajes públicos del expresidente Andrés Manuel López Obrador deslegitimando la labor de organizaciones de sociedad civil o en las iniciativas legislativas para la eliminación de órganos autónomos que tienen por mandato tareas vinculadas a la garantía de derechos humanos”.
Con sus debidas proporciones, parecería que la recién impuesta ombudsperson del nuevo régimen autoritario no cumplirá una función distinta a la de excolegas suyos en su mismo puesto: hacerse de la vista gorda ante los abusos de los militares.
Rosario Piedra, para fines prácticos, ha sido y seguirá siendo la ombudsperson de las fuerzas armadas dentro de la nueva era de esta guerra bajo un régimen militarista.