Los pueblos indígenas y afromexicanos son los mas pobres de nuestro país. Las 62 etnias (CDI), se caracterizan por habitar tierras incomunicadas, a las que se fueron recluyendo en la medida en que los españoles y los mestizos los fueron despojando de sus posesiones.
Los latifundios se crearon a través de la violencia y el engaño que sufrieron los pueblos originarios. Con la protección constitucional a la propiedad social y el reparto agrario, actualmente entre campesinos mestizos e indígenas poseen 103 mil 05 hectáreas, un poco más de la mitad del territorio nacional, que está en manos de 4.1 millones de titulares en propiedad social (Actualidades de las políticas agrarias, SRA, FCE, 2006).
Algunas razones de la pobreza en las comunidades indígenas son: i) tierras montañosas, semidesérticas o desérticas; ii) poblados que han carecido de los servicios elementales y de infraestructura suficiente y eficiente; iii) su dispersión. (Juan Rulfo, en El Llano en llamas, es elocuente al narrar la tragedia del campo mexicano).
A pesar de las condiciones de aislamiento en las que han vivido, mantienen su cultura y, consecuentemente, sus usos y costumbres. La Constitución federal, la del estado y los convenios internacionales, como el 169 de la OIT, reconocen plenamente el derecho a la preservación de sus propios valores.
El municipalista Raúl Olmedo ha pugnado porque se reconozca el cuarto orden constitucional, para que las comunidades se constituyan en la base política de nuestra República, y con ello adquieran una jerarquía superior para acceder directamente a recursos fiscales y disponer de una mayor capacidad de gestión. Esto no se ha logrado.
Por ahora, los pueblos y comunidades son divisiones geográficas naturales dentro de cada municipio, no obstante que dichos núcleos indígenas son anteriores a las propias municipalidades.
La realidad de los pueblos indígenas y afromexicanos salta a la vista. Es evidente la desigualdad que los ha mantenido alejados del desarrollo y de la justicia. Y no sólo eso, sino el constante abuso de que han sido objeto para que la riqueza de sus recursos naturales vaya a destinos diferentes a los suyos.
La reciente legislación aprobada por el Congreso del Estado se ha ajustado a nuestro marco constitucional respetando los derechos humanos.
Tanto en la reforma a la Ley del Sistema de Seguridad Pública como a la 701, se reconoce el Sistema de Seguridad Comunitario Indígena, como un mecanismo que coadyuvará a la protección y conservación del orden público y la paz social de las comunidades.
Se crea el Comité de la Policía Comunitaria como órgano de dirección y organización cooperativa para la prevención del delito, vigilancia, auxilio y protección de los pueblos de comunidades indígenas.
Fija las bases de la Policía Comunitaria como una organización auxiliar de la seguridad pública, lo cual significa que presta colaboración a la seguridad pública del Estado, que es diferente a que sea auxiliar de la Policía del Estado.
Se establece que en las conferencias de seguridad pública regionales e interregionales habrá representantes, además de los ejidos, también de las comunidades indígenas. En el caso de los consejos municipales, se amplía de uno a dos representantes de comisarios municipales, siendo uno de ellos obligatoriamente indígena. Se reconoce a las comunidades afromexicanas.
Los pueblos indígenas y afromexicanos recibirán hasta el 70% de los derechos que perciba el Estado por el concepto de la explotación de sus recursos naturales, los cuales ejercerán directamente en obras públicas o políticas sociales, según acuerden sus propias asambleas.
Y algo muy significativo. Se protege el derecho de las mujeres para no ser objeto de matrimonios arreglados mediante pagos económicos, pues no podrán celebrarse con menores de edad y, aun teniendo la mayoría de edad, tampoco podrá consumarse sin el consentimiento de ellas. Este es un grave problema social que se vive en los pueblos indígenas, indeseable tradición que ahora debe ser combatida por las policías comunitarias.
Entre otras, este conjunto de normas sustenta el sistema de justicia tradicional y tiene el propósito de proteger el derecho de los pueblos conforme a sus usos y costumbres; pero también de evitar que al amparo de esta legislación grupos armados delincuenciales se asuman como policías comunitarios.
Con estas reformas legislativas se ha procurado apegarse a la metodología sobre la elaboración de normas y disposiciones jurídicas. Al no incluir en la ley a un cuerpo de policía comunitaria específico, se reconoce a todas aquellas que en asamblea sean organizadas y dirigidas por las propias comunidades. Se reconocen los derechos de los pueblos originarios sin violentar los fundamentos del derecho.
“Hacer la buena ley”, como proclamó Morelos en los Sentimientos de la Nación, es la orientación de este gobierno. Como ha señalado el gobernador Astudillo, los derechos de los pueblos indígenas no están a discusión.