El día 17 de septiembre de 2015 fue detenido uno de los presuntos implicados más buscados por el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa el 26 y 27 de septiembre de 2014, el señor Gildardo López Astudillo, llamado El Cabo Gil. Ese mismo día, en conferencia de prensa, el entonces titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales Heredia confirmó la detención de Gildardo López, “luego de una investigación de 11 meses entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaria de Marina (Semar), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía Federal (PF)”. Manifestó que “la detención de El Gil se realizó en un departamento ubicado en Taxco, Guerrero, mientras se encontraba en flagrancia delictiva por portación de armas y además de poseer una identificación falsa”. Tras un esquema encubierto de vigilancias fijas y móviles, Gildardo López fue detenido en vía pública, en un operativo sin disparo alguno.
El detenido ya contaba con una orden de aprehensión en su contra por el asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa, además de otros delitos como delincuencia organizada y secuestro. El Gil sigue siendo considerado como pieza clave en la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.
Según las investigaciones de la PGR, El Gil fue quien informó a Sidronio Casarrubias, entonces jefe máximo de Guerreros Unidos, que había existido un conflicto armado en Iguala con la policía municipal, a cargo de Felipe Flores. El enfrentamiento fue atribuido en su momento a Los Rojos.  De acuerdo con esta misma versión, los jóvenes fueron confundidos con un grupo de sicarios de la banda delictiva rival y llevados al basurero de Cocula, donde fueron asesinados y calcinados dentro de una pira de madera con acelerantes y plásticos.
Por su parte el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), manifestó en su informe Ayotzinapa II, que el imputado “Gil”, en su primera declaración prestada tras su detención, a las 6:30 horas en presencia de un funcionario del GIEI, no reconoció ninguna participación con el grupo denominado Guerreros Unidos. Sin embargo, pocas horas después, a las 21:30 horas del mismo día El Gil hizo otra declaración, esta vez sin la presencia del GIEI. En ella reconoce su pertenencia a Guerreros Unidos, pero sólo respecto de la parte financiera, implicando a un tercero como la persona que habría dado la orden de deshacerse de los estudiantes, diciendo que eran infiltrados de Los Rojos y que ve-nían armados.
Para el GIEI, El Cabo Gil fue el primero que dio la versión de que separaron en dos grupos a los muchachos; unos fueron entregados en Lomas de Coyote y otros fueron llevados al rancho de los supuestos líderes de Guerreros Unidos que “los cocina y se hacen en agua”.
Para el grupo de expertos esta nueva versión puso en evidencia el grave problema que se ha dado a lo largo de la investigación de los 43 estudiantes desaparecidos, porque la autoridad le da credibilidad a nuevas versiones, sin tener claridad sobre los criterios para hacerlo, ni las consecuencias para el conjunto de las investigaciones y frente a otras declaraciones ya tomadas. Señala con mucha dureza que “son las declaraciones las que controlan el destino de la investigación y no las pruebas objetivas”. En entrevista con los miembros del GIEI, El Cabo Gil declaró que “le fue señalado qué declarar y que, a cambio de dicha declaración, su participación quedaría disminuida y podría salir en libertad en un futuro. Así mismo dijo que dicha declaración fue ensayada y cada vez que se había equivocado se volvía a grabar”. Por lo mismo el GIEI asentó en su informe que “no tiene elementos para darle o no credibilidad a este relato por parte del imputado, sin embargo, es una de las personas que muestra indicios de haber sido sometida a torturas”. El imputado señaló al GIEI dicho maltrato durante su detención, informando respectivamente a las autoridades del Estado mexicano.
El 17 de noviembre de 2015, el GIEI junto con la Policía Federal se trasladó a Iguala Guerrero, para ubicar una de las casas del señor Gildardo López. Del 25 al 27 de diciembre de 2105, se realizó una inspección en la casa de El Cabo Gil, así como recorridos a pie, por parte de los peritos de la PGR, el GIEI, la Policía Federal División Gendarmería, un binomio canino, miembros de la Secretaría de Marina y fiscales de la investigación del caso Iguala. En este cateo se localizaron una serie de indicios como números telefónicos, empaques de tarjetas sim y facturas.
Es importante señalar que el GIEI no tuvo pleno acceso a la averiguación previa donde fue consignado El Cabo Gil. Únicamente le hicieron llegar 11 documentos entre los que se encontraba su declaración y la ampliación de esta declaración del 17 de septiembre de 2015 y pericias sobre su integridad física e identidad. Por ello el GIEI solicitó que se incorporara la averiguación previa 1-2015 toda la información relevante sobre el caso. Al respecto la PGR respondió que no era relevante dado que ya habían sido enviadas las declaraciones. Esto motivó que el GIEI advirtiera sobre los riesgos que implica la pérdida de información, cuando la investigación se revisa en forma fragmentada, lo que imposibilita a los representantes de las víctimas tener el pleno acceso a evidencias relacionados con el caso.
De acuerdo con el informe sobre la situación legal de las personas procesadas por la desaparición de los normalistas, elaborada con la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, Gildardo López fue acusado de delincuencia organizada en la causa penal 123/2014, sin embargo, obtuvo su libertad por falta de elementos. También fue acusado de privación ilegal de libertad en la modalidad de secuestro, dentro de la causa penal 66/2015, por su parte el juez determinó que las 44 pruebas en su contra no fueron suficientes para acreditar el secuestro. En su momento la PGR le practicó el “Protocolo de Estambul”, en el que determinó que no existían elementos que acreditaran la tortura, sin embargo, dicho examen no se concluyó. Mientras tanto la Fiscalía General de la Republica no presentó nuevas pruebas que acreditaran el secuestro, antes del 25 de febrero de 2019. La resolución tomó como base sólo los 162 tomos que conforman la investigación a finales del año 2014. Actualmente la investigación consta de 791 tomos.
Informa que desde el 26 de septiembre de 2014 al 30 de agosto de 2018, se consignaron 169 personas, de las cuales se detuvo a 142. De estas, la PGR procesó a 70 personas por el delito de secuestro contra los normalistas. El procesamiento de los detenidos en 107 pruebas recabadas en diversas averiguaciones previas que abrió la PGR. Actualmente sólo subsisten 44 de ellas, debido a que los 63 restantes se declararon ilícitas por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito de Reynosa Tamauli-pas. A partir de esta resolución se han liberado 53 de los 142 detenidos. En el caso de Gildardo López, será la primera absolución por insuficiencia aprobatoria de la causa penal 66/2015. Para la comisión presidencial actualmente se ha cerrado la etapa instrucción de alrededor de 50 personas que a un se encuentran en proceso penal, por lo que es posible que se dicten nuevas absoluciones.
Esto se debe fundamentalmente a la mala integración de las investigaciones por parte de las autoridades ministeriales basada en irregularidades y graves violaciones a derechos humanos. La excarcelación de El Gil ilustra gravemente lo que ha sido la investigación del caso Ayotzinapa y lo que fue la “verdad histórica”: una mera simulación y un desastre. Porque a cinco años de la desaparición de los 43 no hay un solo detenido que haya sido condenado.
Desde el mes de marzo las madres y padres de los 43 estudiantes, enviaron un escrito al secretario de la comisión presidencial, donde manifestaban su preocupación por las liberaciones de varios detenidos y alertaban que la salida de El Gil era inminente y temían que muchas pruebas resultaran inválidas. Solicitaron que las autoridades federales adoptaran “todas las medidas para evitar que dicha persona se evada de la acción de la justicia, pues estimamos que posee información relevante para el esclarecimiento del caso”. A pesar de este llamado la Fiscalía General no presentó más pruebas y por eso el juez absolvió El Cabo Gil por insuficiencia probatoria.
Esta liberación condensa la caída judicial del caso, resultado del pésimo trabajo de la PGR en el sexenio anterior y que después de casi cinco años estamos viendo cómo la verdad histórica se hizo añicos, porque reprobó el examen ante los tribunales mexicanos. Se difuminó al ser judicializada. El gobierno de Peña Nieto se empeñó en litigar en los medios para construir la “verdad histórica” mediáticamente y ganar adeptos a costa del sufrimiento y la tortura psicológica que le infligieron a las madres y padres de los 43 estudiantes. Es muy grave que hayan festinado la detención de 142 personas sin que ninguna haya sido procesada por el delito de desaparición forzada. Lo peor de todo es que quienes han sido acusados por secuestro, la mayoría están por alcanzar la libertad.
El nuevo gobierno enfrenta un gran desafío: tiene la obligación de investigar a los funcionarios que fabricaron la “verdad histórica”, porque la caída de las pruebas contra los acusados y la libertad de los detenidos es responsabilidad directa de quienes armaron el expediente e hicieron las imputaciones. Además, el presidente de la República tiene que honrar el compromiso que reafirmó en el primer informe de no descansar hasta saber el paradero de los 43. Las madres y padres no pueden llegar al 26 de septiembre sin tener la garantía de que Andrés Manuel López Obrador instruya a todas las instituciones del estado para que cooperen con toda la fuerza y la voluntad para dar con el paradero de los estudiantes. Si no se logra dar este tránsito hacia la verdad y la justicia, la Cuarta Transformación quedará en entredicho.