Miente, miente, miente; que algo dejas como falsa simiente.

Contablemente se le denomina “caja chica”, tanto en la administración pública como en la privada, a un fondo rembolsable de dinero en efectivo, utilizado para solventar gastos imprevistos y urgentes que hay que realizar en el corto plazo y de no mucha cuantía; gastos de emergencia que no están previstos dentro del presupuesto de egresos definido de una empresa pública o privada y, por lo tanto, no pueden ser pagados con cheque o con tarjeta plástica, puesto que no están contemplados dentro del catálogo contable. Su aplicación es para múltiples conceptos y son operados fundamentalmente por el responsable del organismo ejecutor.
Lamentablemente en el sector público existe abuso de esa partida presupuestal. Generalmente el gasto queda realizado y respaldado mediante oscuras facturas apócrifas, en partidas contables genéricas y registrados como “imprevistos”; gastos que no suelen quedar plasmados en cuentas públicas específicas, porque sus conceptos no fueron autorizados con antelación.
Memorables fueron los tiempos de bonanza de “las cajas chicas”, como la del organismo público del agua en Acapulco (CAPAMA) o la perteneciente a la Promotora Turística de Acapulco (Protur), donde los gobernantes en turno “se servían con la cuchara grande” para sus variados gastos encubiertos, la mayoría improcedentes e ilícitos.
Recordemos, a guisa de ejemplo, cómo a costa del patrimonio inmobiliario de Protur, el ex gobernador, José Francisco Ruiz Massieu le regaló a varios políticos encumbrados del PRI nacional, terrenos urbanizados en el desarrollo turístico de Punta Diamante siendo un destacado beneficiario el entonces presidente priista de la República, Ernesto Zedillo; transacción irregular e ilegal, que fue puesta al descubierto por el político panista, Diego Fernández de Cevallos al tener a la vista los adeudos de Zedillo con el ayuntamiento de Acapulco por no pagar en varios años el ¡impuesto predial! ¡Uf!
Hoy en Guerrero, para la gobernadora constitucional, Evelyn Salgado Pineda –y para su “papá incómodo”–, la caja chica principal se localiza en el DIF-Guerrero, cuya titular es su hermana, Liz Adriana Salgado Pineda –también orgullo del nepotismo–, para hacer los menjurjes económicos mismos que no son auditados por el gobierno federal, ya que se hacen con recursos de generación local y de disposición directa.
De ahí es probable que salgan, por ejemplo, los millones de pesos que sirven para sufragar los cientos de sombreros calentanos de buena calidad, las suculentas tortas, jugos de frutas y transportación gratuita en confortables autobuses, para las y los guerrerenses que son acarreados a las marchas nacionales de apoyo político al presidente de la República y que son organizadas por el partido Morena. Todo, con el dinero del pueblo. De los fondos del DIF-Guerrero saldrán, probablemente, en los futuros meses, cuantiosos recursos económicos para la financiación de la precampaña electoral y posible campaña presidencial de la “corcholata” preferente de la familia del tristemente célebre senador Félix Salgado Macedonio, que “es Claudia”; salvo que el “dedo flamígero” decida otra cosa a último momento.
Indicios de lo anterior pueden rastrearse en el presupuesto de egresos, sumamente abultado, aprobado por el Congreso local, a iniciativa de la gobernadora, Evelyn Salgado, para el DIF estatal en este año, el cual ha sido publicado, una vez más, en un reportaje de alcance nacional del reportero Luis Daniel Nava, en la revista Proceso (11/06/ del 2023), donde menciona que asciende a 853 millones 211 mil pesos, que es casi equiparable a lo autorizado al Poder Legislativo o al Poder Judicial y donde se plasman tan solo partidas genéricas para grandes montos presupuestales. ¡Doble uf!
De tal suerte que una sola entidad administrativa desconcentrada opera el mayor presupuesto del Poder Ejecutivo estatal, manejado de manera discrecional por la familia gobernante, en el más clásico nepotismo. Parafraseando a Hamlet-Shakespeare, podemos decir: “Algo está podrido en el estado de Guerrero”, en referencia a los actuales gobernantes, dignos representantes de la “Cuarta Deformación”.
Como gobernador moral de Guerrero, expreso mi pesar por el sendero corrupto, opaco, plagado de dádivas compra-conciencias y no de buen gobierno eficaz y honesto, mismo que ha escogido transitar la gobernadora constitucional Salgado. Debe entender que el “horno no está para bollos” y que empieza a reventar en varios frentes. Me da pena decirlo, pero de seguir así, su rostro quedará con máculas, por fingir combatir la corrupción, la inseguridad pública y la pobreza social que nos rodea y que nos coloca como el estado más rezagado de la República. La gobernadora Evelyn no tiene cara para seguir diciendo que combate a fondo esos estigmas sociales. ¡Basta de dichos bonitos, con contenidos hueros!
PD. Delicada situación de inestabilidad estatal provoca el dictamen de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al despojar a la CRAC-PC de su derecho constitucional, conquistado a lo largo de muchos años de lucha social, de otorgar de manera autonómica, seguridad pública, procuración y administración de justicia comunitaria, en los territorios donde residen sus pueblos indígenas. Cuestión que nos mete de facto en la aberración jurídica de “obedézcase, pero no se cumpla”. Todo, por los dislates legislativos, ajenos a la realidad social de Guerrero, que provocaron el ex gobernador, Héctor Astudillo Flores y su secretario general del Gobierno, Florencio Salazar Adame así como la Legislatura local respectiva. ¡Triple uf!

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