Lo que sucedió en el rancho Izaguirre del municipio de Teuchitlán, Jalisco, ha generado revuelo en el país, descubriendo y visibilizando la causa de los desaparecidos en México, una causa que ha sido ignorada e incomprendida tanto en la sociedad como en los gobiernos. Es necesario mirar la trascendencia de este tema en el plano nacional, así como los factores que han impulsado en los últimos años este fenómeno criminal. De esta forma, ahora quiero señalar tres factores que han contribuido al alza de las desapariciones en los últimos años y advertir sobre la trascendencia que las desapariciones de personas tienen en el futuro de nuestro país.
Primer factor: la descomposición del tejido social. Todos, hasta los gobiernos, reconocemos la necesidad de reconstrucción del tejido social en la medida en que puede disminuir la violencia y la inseguridad en todas partes. Este tejido está afectado por violencias directas, violencias institucionales y violencias culturales. Para que el tejido social sea restaurado se requiere una colaboración entre gobiernos y sociedad, cosa que no ha sido posible hasta ahora por la carencia de acuerdos entre ambas partes. Por otra parte, la sociedad ha estado siendo afectada por las bandas del crimen organizado, que controlan los territorios, que le abonan a la descomposición social infundiendo miedo y desesperanza y, además, un segmento de la sociedad se ha beneficiado con las ganancias de las bandas criminales. Y, por otra parte, la gente no tiene confianza en las instituciones del Estado, debido a la corrupción y la impunidad oficial. Los colectivos de desaparecidos tienen que afrontar la indiferencia y la insensibilidad social cuando se sienten solos navegando con su dolor y su rabia. La estigmatización social se ha convertido en su pan de cada día.
Segundo factor: la putrefacción del tejido institucional. Hay que reconocer una crisis institucional, una crisis de todo lo institucional, en todos los ámbitos en la medida en que ya no responden ni en lo inmediato ni en lo estratégico a las necesidades de la población. Esto afecta, sobre todo, a las instituciones del Estado mexicano en sus tres niveles de gobierno y en los tres poderes también. Algunas de estas instituciones están llenas de manzanas podridas que no permiten ni la seguridad ni la justicia. Cuando las familias de desaparecidos van por ayuda a las instituciones del Estado suelen ser revictimizadas una y otra vez. Estas familias son revictimizadas de diferentes formas. Una, cuando la víctima de desaparición no fue protegida por el Estado para evitar su desaparición; dos, cuando el Estado no cumple su obligación establecida en la ley de buscar a las víctimas de desaparición hasta encontrarlas; y, tres, cuando el Estado no apoya a las familias que las buscan, como lo establece la ley, que lo hace responsable de su localización, de su identificación, de establecer la verdad sobre su desaparición y, de hacer justicia.
Tercer factor: las estructuras criminales. Los cárteles de las drogas y demás formas de delincuencia organizada (trata de personas, tráfico de armas, lavado de dinero, venta ilegal de autopartes, etc.) se van estructurando mediante vínculos con la sociedad y con algunas instituciones del Estado con el objeto de lograr ganancias ilegales y, también, de controlar la economía y el poder en los territorios. En su interior incluyen células y bandas en los territorios en los que tienen el control. Pero, al exterior, se auxilian de vínculos de organizaciones sociales o territoriales mediante alianzas. También logran aliados (por omisión, colaboración, cooptación o sumisión) en instituciones públicas, como presidentes municipales, policías municipales, ministerios públicos, fiscalías, policías ministeriales, jueces y legisladores. De esta manera, la delincuencia organizada construye estructuras criminales en los territorios, que dan lugar a la desaparición de personas. Y, además, cuando los colectivos de familias de desaparecidos hacen sus búsquedas con sus herramientas precarias (varillas, picos, palas, etc.) tienen que afrontar estas estructuras criminales para encontrar a sus desaparecidos.
Ahora, ¿cómo trasciende el crecimiento de la desaparición de personas hacia el futuro del país? En casi todo el territorio nacional hay colectivos de víctimas de desaparición. Y el Estado (en sus diferentes instituciones) es el primer responsable de que sigan sucediendo y de que no haga lo que la ley le exige para sanar esta herida nacional. Pero la sociedad también es responsable de esta forma de violencia, por su carencia de empatía y por abandonar esta causa.
¿Acaso no podemos pensar que, a futuro, ya no haya desaparecidos en México? Si no ponemos a las víctimas, a todas las víctimas de las diferentes violencias, incluyendo a las víctimas de desaparición, en el centro de nuestra atención, no podremos soñar con la paz en nuestro país. Hay que pensar a México sin campos de entrenamiento de sicarios ni campos de exterminio como el encontrado en Teuchitlán. El Estado cumple cuando se haga responsable de concentrar a quienes ya están desaparecidos y cuando no permita nuevas desapariciones de personas. Y la sociedad puede contribuir apoyando a los colectivos que viven escarbando el suelo para buscar y encontrar a quienes no han encontrado aún. ¿Qué pueden hacer las universidades, las escuelas, las cámaras empresariales, las iglesias, las organizaciones sociales y los ciudadanos?