Con gran hermetismo los diputados y diputadas que conforman la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y la Mesa Directiva de la sexagésima tercera legislatura del Congreso del Estado de Guerrero han elaborado un protocolo de consulta, sin la participación de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Su apuesta es realizar todo este proceso a puerta cerrada para tener el control sobre el formato y los contenidos de esta consulta. Les interesa únicamente cubrir las formalidades jurídicas para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no los vaya a destituir del cargo.
Supuestamente van a subsanar los errores que cometieron otros diputados y diputadas que vulneraron los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos al legislar sin consultarlos. Sin embargo, están reeditando este procedimiento los coordinadores políticos de las diferentes fracciones parlamentarias, al ignorar a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
A pesar de que tienen una fecha fatal para realizar esta consulta, su postura es impulsarla desde el escritorio, buscando la manera de justificar este proceso con un formato que limita la participación de la población indígena y afromexicana.
De manera vertical han tomado decisiones sobre cómo involucrar a las presidentas y presidentes municipales, para que usen su poder convocando a las autoridades comunitarias. Con el control que ejercen sobre los comisarios y comisarias municipales, al condicionarles la autorización de sus obras, los obligarán para que estén presentes en los lugares que ya decidieron los diputados y diputadas. La coordinación de estos trabajos quedará a cargo de los legisladores y legisladoras de cada distrito electoral. El contenido de la consulta está siendo cocinada por el equipo de la Jucopo. Se volcará todo el aparato del Estado para realizar una consulta a modo, avasallando, como es costumbre, a las comunidades indígenas y afromexicanas.
Esta cerrazón política es una demostración del poder que ejercen los miembros de la Jucopo, que han cerrado filas con el apoyo de la gobernadora, Evelyn Salgado. Es una postura hermética que no abona al diálogo y al buen entendimiento con la población indígena y afromexicana, por el contrario, se remarcan la inequidad y la exclusión social que persiste con la clase política. Por lo mismo, las iniciativas de ley que la gobernadora ha enviado al Congreso, más allá de las buenas intenciones que tenga, carecen de legitimidad, porque son propuestas que no emanaron de las comunidades indígenas y afromexicanas.
Lamentablemente constatamos que los líderes políticos de esta legislatura no están dispuestos a establecer un diálogo abierto y plural con las comunidades indígenas y afromexicanas para organizar esta consulta. No quieren atender los planteamientos de los verdaderos actores de este ejercicio democrático, porque saben que van a escuchar propuestas muy distantes y diferentes de lo que ya tienen planeado hacer. Tampoco están en el mejor ánimo para que las autoridades comunitarias cuestionen su proceder. No les interesa acudir a las comunidades indígenas para conocer sus opiniones y sus posturas críticas. Su intolerancia no les permite ceder y mucho menos obedecer lo que determinen las comunidades indígenas y afromexicanas, sobre cómo debe realizarse una verdadera consulta.
Este ejercicio del diálogo intercultural entre los pueblos indígenas y afromexicanos ya se realizó en la legislatura pasada con la participación de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso, que retomó los trabajos que desde hace varios años venían realizando organizaciones y autoridades indígenas y afromexicanas para impulsar una iniciativa de reforma integral sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos de Guerrero. Con el apoyo de esta comisión legislativa se estableció un plan de trabajo para realizar asambleas comunitarias y regionales, orientadas a debatir los temas más trascendentes que nutrieron la iniciativa de ley, que en diciembre de 2019 la misma Comisión de Asuntos Indígenas presentó al Congreso para su análisis y dictaminación. Esta experiencia inédita implicó mucho trabajo previo al interior de las comunidades. Las asambleas comunitarias fueron los espacios más idóneos para que de manera libre se pudiera informar y debatir en sus propios idiomas los contenidos de la reforma. También se realizaron en el mismo Congreso parlamentos abiertos para que expertos y expertas en los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos contribuyeran a dar fundamentación jurídica a esta iniciativa. Se tomaron en cuenta tanto los procedimientos internacionales que deben seguirse para una consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada, así como los estándares más altos para el reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.
Tanto la consulta realizada como la iniciativa de reforma integral que impulsaron los pueblos y comunidades tuvo tropiezos y obstáculos por los mismos diputados y diputadas, que a través de la Jucopo cerraron filas para que quedara en la congeladora.
Varias de estas diputadas y diputados, que han repetido en el cargo, se asumen ahora como los impulsores de la consulta indígena y afromexicana, cuando en los hechos han demostrado su aversión y arrogancia contra esta población.
Por eso no es extraño, que ahora que tienen encima la resolución de la SCJN, quieran simular un proceso de consulta, excluyendo a los mismos pueblos y organizaciones indígenas y afromexicanas.
Es importante resaltar que el trabajo realizado durante más de seis meses fue de manera voluntaria y con el compromiso claro de abonar a una causa noble en favor de la población más desprotegida jurídicamente y más discriminada históricamente. Fue un trabajo colectivo, plural, incluyente, solidario y transparente. El único objetivo que se planteó fue lograr el reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos de Guerrero.
Sin embargo, no hubo la voluntad política de los legisladores y legisladoras para romper con estos esquemas autoritarios y racistas que ha caracterizado a la clase política del estado que se abroga el derecho de decidir qué tipo de reforma merecen los pueblos indígenas y afromexicanos.
El Congreso del Estado debe retomar esta iniciativa, que además de garantizar el derecho a la consulta a los pueblos indígenas y afromexicanos, plantea una reforma integral para el reconocimiento del derecho a la libre determinación y autonomía que deben ejercer los pueblos; el respeto a sus tierras, territorios y bienes naturales en la forma y las modalidades que históricamente las han disfrutado de manera colectiva. También reconoce el derecho de los pueblos para aplicar sus propios sistemas normativos y elegir, de acuerdo a sus usos y costumbres, a sus autoridades políticas o representantes populares, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad.
Son propuestas que no están incluidas en las iniciativas de ley que ha enviado la gobernadora, Evelyn Salgado, al Congreso del Estado. Por lo mismo debe de nutrirse de los planteamientos que han hecho los mismos pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas de Guerrero.
Los diputados y diputadas están trabajando a contra reloj de espaldas a quienes tienen que consultar. Ya no les alcanza el tiempo para realizarla conforme lo dictan los estándares internacionales. Si continúan en esta ruta quedarán evidenciados de que hicieron un trabajo que conlleva todos los vicios de una consulta amañada que no escucha realmente a la población indígena y afromexicana que en todo momento ha sido excluida y silenciada.
En estas reuniones cerradas, en las que se ha diseñado un protocolo de consulta, de antemano ya no fue previa, porque excluyó a los pueblos y comunidades para que participaran en condiciones de equidad, en esta etapa de preparación.
Por lo mismo, la consulta no es libre y de buena fe, porque hay una decisión unilateral de realizarla en tiempos forzados sin que tengan la libertad de poder decidir si están de acuerdo con este procedimiento. No hay buena fe, porque desconfían de lo que digan y propongan las comunidades. Tampoco es culturalmente adecuada porque han excluido a las autoridades, sus instituciones y sus formas de organización y toma de decisiones de los pueblos indígenas y afromexicanos.
Es lamentable que prevalezca la cerrazón política y la apuesta por una salida autoritaria para realizar la consulta. Es inconcebible la postura que han asumido los diputados y diputadas, de cerrarse al diálogo, sobre todo, en asuntos que requieren necesariamente la participación de la población que ha sido agraviada, máxime que la misma SCJN invalidó las reformas propuestas por otra legislatura, a causa de que trataron con desprecio a la población indígena y afromexicana.
A pesar de estos errores crasos, los diputados y diputadas, en lugar de corregir estas posiciones, se aferran a una postura de fuerza. Valoran que es suficiente tener el control de las instituciones del estado y de la línea trazada para realizar una consulta a modo. Tienen que escuchar las voces de una sociedad agraviada, de comprender que hace falta impulsar cambios al interior de las mismas instituciones, para recuperar la confianza perdida y la legitimidad que se requiere, para realizar una consulta pública, nutrida de las opiniones de la gente.
Hay todavía un tiempo de gracia para que los diputados y diputadas puedan rectificar el rumbo y reconocer que la iniciativa de reforma constitucional para el reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, es una propuesta viable y rescatable, porque cumple con los estándares internacionales del derecho a la consulta y además representa el clamor más profundo de los pueblos más olvidados de Guerrero.