Los tres departamentos del Peje son dos y ya ninguno es suyo. Los adquirió en 2002, cuando era jefe de gobierno del Distrito Federal y antes presidente del PRD, de modo que percibiendo los ingresos propios de esos cargos y con la vida austera que se le reconoce, nada tiene de extraordinario que adquiriera un par de viviendas y que se las haya regalado a sus hijos. Es lo que haría cualquier padre en su situación.
Mintió Ricardo Anaya al decir que Andrés Manuel López Obrador pertenecía en 1988 al PRI y había apoyado a Carlos Salinas de Gortari. En ese año, AMLO fue candidato del Frente Democrático Nacional a la gubernatura de Tabasco y por supuesto ya no pertenecía al PRI. Es también un embuste del candidato del PANRD aquello de que López Obrador espantó la inversión en la capital del país durante su gestión como jefe de Gobierno, pues el monto de lo invertido en ese periodo ha sido el más alto a precios corrientes.
Otra acusación que se lanzó contra el tabasqueño fue que la delincuencia en el DF había aumentado durante su gobierno. En efecto, la actividad delictiva creció en los primeros años de su gestión como ocurrió en todo el país, pero después bajó en forma consistente en la capital, entre otras razones por el seguimiento diario que hacía el propio AMLO, quien hablaba con todos y cada uno de los jefes policiacos a los que llamaba a cuentas por sus deficiencias y los dotaba del personal, patrullas y otros elementos para mejorar su desempeño.
En torno a la amnistía, tanto Anaya como José Antonio Meade y Margarita Zavala condenaron en forma severa lo que López Obrador planteó como una posibilidad que requerirá de amplias consultas y, por supuesto, de la aprobación del Congreso. Los tres contendientes de AMLO –El Bronco no pasa de ser un mal chiste de sus patrocinadores– insisten en continuar la llamada “guerra contra el crimen” o como le digan, la que en menos de dos sexenios ha costado la vida de más de 200 mil mexicanos.
Quienes están por continuar con el baño de sangre olvidan que si se recurre a la violencia, ésta debe ser la continuación de la política, nunca su mera sustitución. La violencia desatada por el panista Felipe Calderón y continuada alegremente en el presente sexenio, lejos de resolver el problema de la inseguridad ha propiciado su incremento, como lo muestran las estadísticas oficiales.
La amnistía es una fórmula política y jurídica para abrir cauces a una vida pacífica. Nadie ha propuesto una amnistía indiscriminada para vaciar las cárceles, pues, entre otros, tendrán que quedarse ahí la mayoría de los reclusos, incluidos los políticos ladrones de este sexenio, quienes deberán ser llevados a juicio para responder al clamor popular.
Ahora mismo, para mayor contraste con la sed de hemoglobina de Anaya, Meade y Zavala, la Asamblea Legislativa del DF aprobó una ley de amnistía que beneficia a 510 personas detenidas, consignadas, procesadas y sentenciadas por ejercer sus derechos ciudadanos en la ciudad de México entre el primero de diciembre de 2012 y el mismo día de 2015. La amnistía pretende resarcir el daño que les causó el mal gobierno de Miguel Ángel Mancera y evitar que la arbitrariedad de fiscales y jueces se transforme en rebeldía social.
En suma, el debate –en el que por cierto quienes brillaron fueron los conductores–, lejos de ser una confrontación de proyectos, ha sido, como era esperable, un torneo de ataques contra uno solo de los candidatos. Es legítimo valerse de los errores y deficiencias del adversario; es canallesco recurrir a la mentira para descalificarlo. Esperemos que López Obrador tome en serio los próximos debates, es una exigencia de los millones de mexicanos que confían en él. Igualmente, sus alternantes deberán mostrar altura para dignificar el necesario ejercicio de la polémica. Es lo menos que podemos demandar.
Por último, algo no menos importante que debe aclararse por salud republicana. De acuerdo con lo dicho en un programa de radio por el consejero Benito Nacif, presidente de la Comisión Especial de Debates del Instituto Nacional Electoral, para organizar esos encuentros el INE recibe la asesoría del Instituto Nacional Demócrata, que es un órgano dependiente de la Fundación Nacional para la Democracia que, a su vez, como se ha publicado repetidamente, es un organismo de fachada de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. ¿La CIA le dice al INE cómo organizar los debates?