Este martes 24 de octubre se realizó en Montevideo, Uruguay, una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que depende de Organización de Estados Americanos (OEA), cuya misión principal es la protección a los derechos humanos en el continente americano. Uno de los temas que analizaron fue el de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa que fueron sujetos de desaparición forzada desde el 26 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero, por ser uno de los casos de mayor gravedad que se ha presentado en las últimas décadas.
1. La postura oficial de la CIDH fue cuestionar al Estado mexicano –representado por Enrique Peña Nieto– en el sentido de que a tres años de los sucesos no se conoce el grado de responsabilidad de los agentes de las fuerzas públicas que participaron en los hechos; la falta de sanción a Tomás Zerón, quien obstruyó la investigación y en vez de castigarlo fue premiado como funcionario del gobierno federal en el cargo de secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad; que no se tengan resultados de la telefonía celular a pesar de que se comprobó que al menos nueve equipos de los estudiantes siguieron activos; y expresaron su apoyo a los padres de familia de los normalistas desaparecidos, quienes estuvieron representados por la señora Blanca Nava y el señor Jorge Navarrete.
2. Otros cuestionamientos a la actuación del gobierno mexicano consistieron en que existe la presunción de que Tomás Zerón en su calidad de director de la Agencia Criminal de Investigación (ACI) de la Procuraduría General de la República (PGR) sembró pruebas –con un detenido que presentó 40 lesiones corporales, en una diligencia que no fue registrada judicialmente– para sostener la versión oficial de la supuesta “verdad histórica” de que los alumnos fueron calcinados en el basurero de Cocula, Guerrero, lo cual fue desvirtuado por el dictamen del perito internacional José Torero; las declaraciones de este funcionario que contravienen los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH, lo cual causa daño a las madres y padres de las víctimas y exacerba a los familiares y compañeros estudiantes.
3. La respuesta del gobierno de Peña Nieto a los cuestionamientos de la CIDH ha sido la misma de siempre, eludir su responsabilidad para el pleno esclarecimiento de los hechos, dejar correr el tiempo para olvidar la tragedia, para darle carpetazo al asunto, como lo confirmó en la audiencia el responsable de la oficina especial de la PGR para el caso de los 43 normalistas desaparecidos Alfredo Higuera Bernal, quien manifestó que el seguimiento de la investigación se ha complicado a causa de los sismos del 19 de septiembre, lo cual resulta verdaderamente inverosímil, toda vez que este caso es y debería ser para Peña Nieto el más relevante de su administración al cual debería destinarle toda la atención y los recursos humanos, tecnológicos, financieros y sobre todo la voluntad política y humana para conocer la verdad, sin embargo no lo hace así.
4. La postura de la CIDH de darle seguimiento y continuar acompañando a los familiares y compañeros de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa es loable y reconocible, lo cual confirma que aun cuando en México el gobierno de Peña Nieto y las instituciones de procuración y administración de justicia no estén actuando en la magnitud que este caso implica, sí existen instancias internacionales que cumplen adecuadamente esta encomienda. El hecho de que Peña Nieto esté alargando lo más que pueda este caso, para que no se resuelva en su periodo de gobierno que está a casi un año de concluir no significa que habrá impunidad, toda vez que este asunto tendrá que llegar a los organismos internacionales protectores de los derechos humanos, en donde Peña Nieto no tendrá ningún control y no se escapará de la justicia internacional.

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