Este martes 4 de diciembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, para crear una comisión que se aboque al esclarecimiento de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrida el 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala.
1.- Han pasado más de cuatro años de ese lamentable acontecimiento y el Estado mexicano representado por Enrique Peña Nieto no tuvo la voluntad de aclarar esta gravísima violación a los derechos humanos. Lo que hizo fue intentar olvidar el caso, darle carpetazo y construir una supuesta “verdad histórica” que fue derrumbada por dictámenes de expertos internacionales, del Grupo Argentino de Antropología Forense (GAAF) y por investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quienes mediante diversos estudios demostraron que la investigación realizada por la Procuraduría General de la República (PGR) estuvo plagada de múltiples inconsistencias con el propósito de entorpecer la verdad y encubrir a los funcionarios responsables de los hechos.
2.- La Cuarta Transformación de México (4 T), el cambio de régimen político, se debe distinguir muy bien de los regímenes autoritarios del pasado. El mensaje de la inmensa mayoría de los electores que acudieron a las urnas el pasado primero de julio debe materializase en la construcción de un nuevo régimen político democrático cuyo eje rector sea el respeto a los derechos humanos. Por ello, este decreto es un mensaje muy claro de que en la 4T hay un compromiso evidente de que la defensa, promoción y respeto a los derechos Humanos será una política pública de Estado, pues no se puede concebir un régimen político democrático sin que éste se constituya para la seguridad y protección del pueblo. Es una determinación de que no quedarán en la impunidad los actos cometidos en los gobiernos anteriores en esta materia y no la debe haber en ninguna otra, puesto que en un Estado Social y Democrático de Derecho debe imperar la justicia, la cual jamás debe estar sujeta a coyunturas y decisiones políticas.
3.- La Comisión estará integrada por representaciones de los familiares de los alumnos desaparecidos; las secretarías de Relaciones Exteriores –que habrá de instrumentar los vínculos con organismos internacionales de derechos humanos–; de Hacienda –que habrá de facilitar los apoyos financieros– y expertos profesionales –quienes habrán de apoyar con sus conocimientos técnico científicos. La Secretaría de Gobernación, por conducto de la Subsecretaría de Derechos Humanos tendrá a su cargo la función ejecutiva y garantizará que las investigaciones se realicen con estricto apego a la justicia de tal forma que se llegue a conocer la verdad y los jueces apliquen las sanciones a todos los responsables de las desapariciones forzadas de los jóvenes normalistas.
4.- El decreto ordena a todas las autoridades del gobierno federal a implementar y apoyar con todos los mecanismos a su alcance a la Comisión de la Verdad para cumplir su cometido. En el evento público de firma del decreto estuvieron madres y padres de familia de los alumnos desaparecidos quienes externaron un mensaje de confianza y esperanza para encontrar la verdad y la justicia. Este decreto presidencial es un signo muy nítido de la 4ª. T que debe ser tomado como el inicio de la investigación de todas las violaciones que se han cometido en materia de Derechos Humanos, particularmente las consideradas como de lesa humanidad –pues estas no prescriben y no deben quedar impunes– y debe ser el comienzo de una nueva época en la vida pública de nuestro país en donde haya un respeto estricto a los derechos humanos.

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