Finalmente, más de quince días después de la elección presidencial en Estados Unidos, Donald Trump decidió permitir que el gobierno federal de Estados Unidos dé inicio a la transición gubernamental, cediendo el paso a la administración de Joe Biden. Si bien el actual residente de la Casa Blanca no ha aceptado todavía su derrota en las urnas, se trata de un paso adelante muy importante. En efecto, si bien las autoridades estatales fueron progresivamente confirmando oficialmente la victoria al candidato presidencial del Partido Demócrata, este último no estaba autorizado a recibir información sensible de parte del gobierno federal, ni a recibir fondos gubernamentales para montar su equipo de transición. Más grave aún, al no reconocer el resultado de las urnas, Donald Trump ha puesto en duda la legitimidad de la elección y su transparencia, sin aportar ninguna prueba de ello. Al hacerlo, Trump pone en riesgo la democracia misma.
Lo más grave de esta situación es que hasta ahora, buena parte de los jerarcas y de la base del Partido Republicano han decidido respaldar con su silencio las posturas de Donald Trump. Y es que hay que tener en cuenta un dato: más de 70 millones de norteamericanos votaron a favor de la candidatura de Donald Trump, a pesar de su discurso racista, de sus promesas incumplidas, y de su papel desastroso en la crisis sanitaria que vive Estados Unidos (se trata del país con el mayor número de muertos en el mundo por causa del Covid-19). Según las encuestas de opinión, más del 30 por ciento de los norteamericanos piensan que existió un fraude contra Donald Trump, a pesar de que este último no haya sido capaz de presentar pruebas de ello. De tal suerte que difícilmente existirá un consenso en torno a la llegada al poder de Joe Biden el próximo año.
Desde esta perspectiva, está claro que esta decisión de Trump de entorpecer la asunción de Biden va a complicar singularmente su tarea. En particular porque buena parte de los electores de este último esperan cambios significativos en la política, en particular en las políticas sociales. Durante los últimos treinta años, las desigualdades económicas, sociales y territoriales han aumentado de manera exponencial en Estados Unidos. Eso ha tenido una consecuencia política en la base social del Partido Demócrata.
Por un lado tenemos a los políticos llamados “de centro”, que se identifican con las políticas de Bill Clinton y en parte con las de Barack Obama, que ocupan buena parte de la burocracia partidaria y la mayor parte de los escaños en el Congreso. Joe Biden forma parte de este grupo. Por el otro, el llamado “grupo progresista” (“progressive caucus”, en inglés), que si bien es minoritario en el partido, ha venido creciendo en los últimos años, gracias a las candidaturas presidenciales del senador Bernie Sanders y de la llegada al Congreso de un grupo de jóvenes diputadas, lideradas por Alexandria Ocasio-Cortez e Ilhan Omar. Gracias al trabajo de este grupo, llamado en los medios como “el clan” (“the squad”), varias propuestas que parecería imposible aplicar en Estados Unidos (o siquiera proponer) hace algunos años han sido puestas sobre la mesa. Por ejemplo, la creación de un banco público que sea capaz de hacer pequeños préstamos para las micro, pequeñas y medianas empresas, y que pueda gestionar una serie de programas sociales, en particular en el campo de la educación y de la salud. También, Alexandria Ocasio-Cortez e Ilhan Omar defienden la instauración de un salario mínimo de 15 dólares por hora.
El problema reside en que el partido demócrata se encuentra dividido, y que los resultados de las elecciones legislativas no fueron los esperados por los demócratas, que perdieron escaños en la cámara de representantes y difícilmente obtendrán la mayoría en el Senado. Si Biden quiere obtener el respaldo de una parte de los Republicanos para que apruebe sus reformas en el Congreso, será necesario llegar a acuerdos entre los partidos, lo cual se antoja difícil ante la polarización cada vez mayor entre una base republicana que tiene dificultades en aceptar el resultado de la elección, y un partido demócrata dividido en dos. Se vislumbran por lo tanto dificultades en el congreso para el gobierno de Biden, en particular si quiere adoptar medidas de impacto. Esperemos que no lleve a Estados Unidos a la parálisis.

* Director Ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París.

Twitter: @Gaspard_Estrada