El Panorama Social de América Latina y el Caribe 2023, un estudio de la Cepal publicado recientemente da cuenta de los graves problemas de desigualdad que sufre la región. En primer lugar, señala que en los últimos diez años “el crecimiento económico promedio ha sido extremadamente bajo, de solo un 0.8%, menos de la mitad del ocurrido durante la denominada década perdida de los años ochenta”. Lo anterior, advierte, ha propiciado altos niveles de desigualdad.
Sin embargo, agrega el informe, a partir del año pasado se pueden advertir algunas tendencias positivas: una caída en la incidencia de la pobreza y la pobreza extrema, una reducción de la desigualdad de ingresos medida por el índice de Gini, un incremento en las tasas de participación laboral y el empleo y una caída de la desocupación en 2022.
Esta mejoría relativa no debe ocultarnos otro problema de enorme importancia: la distribución personal de la riqueza. Algunos estudios muestran que en 2021 “el decil superior concentraba bastante más riqueza que ingreso, y que la diferencia en cuanto a la participación en cada uno de ellos oscilaba entre 15 y 21 puntos porcentuales”.
Así, “la extrema concentración del patrimonio es una de las expresiones más evidentes de la desigualdad y… tiende a perdurar de una manera más sólida a lo largo del tiempo”, debido a que “suele transmitirse entre generaciones” (sobre todo por medio de las herencias y los negocios controlados por la misma familia).
La concentración de la riqueza, agrega el estudio de la Cepal, tiene efectos negativos en el desarrollo económico, pero también en la política ya que puede aumentar la desconfianza de la ciudadanía hacia las élites y las instituciones, especialmente cuando “el origen o el aumento de la riqueza de los multimillonarios se explica por sus conexiones políticas…, lo que puede llevar a cuestionar la legitimidad de su patrimonio y fomentar las tensiones sociales”.
Ahora bien, la Cepal advierte que no hay fuentes oficiales para medir la extrema riqueza en los países de América Latina y el Caribe por lo que el estudio decidió recurrir a la información recopilada en la lista anual de multimillonarios de Forbes. En esa lista figuran todas las personas del mundo cuyo patrimonio personal neto es igual o superior a mil millones de dólares (excluyendo a las personas involucradas en actividades ilegales). Ese patrimonio es la suma de activos financieros y no financieros menos las deudas.
En 2022 el patrimonio de ese puñado de “milmillonarios” de la región llegó a 453 mil millones de dólares corrientes lo que significó un aumento de 4 mil 600 millones respecto a 2021. Sin embargo, descontando la inflación (particularmente aguda en 2021 y 2022), la riqueza real de esos milmillonarios cayó 6.6%, a un nivel casi igual a la que detentaban un año antes de la pandemia.
El estudio señala que, en el caso de México, “se observó que en los últimos tres años la concentración de la extrema riqueza de estos milmillonarios cayó en comparación con los años previos a la pandemia. En 2018 representaba un 4.5% de la riqueza de la población total y cayó al 2.7% en 2020 aunque volvió a elevarse en 2021 a 3.3%. En este último año, la riqueza de los mil millonarios aumentó alrededor de 3 veces más que el patrimonio del resto de la población”.
Los sectores de actividad en los cuales se concentró la mayor parte del patrimonio real de los milmillonarios latinoamericanos fueron: finanzas e inversiones, telecomunicaciones, alimentos y bebidas, y minería y metales, en ese orden de importancia.
El estudio de la Cepal, como se advierte, no da cuenta de la estructura de la distribución de la riqueza en la región. Tan sólo la que existe en manos de unos cuantos milmillonarios. Sin embargo, hay razones para considerar que la concentración patrimonial en México, a pesar de la mejoría en la distribución del ingreso, se acentuó en los últimos años en los estratos más acomodados de la población.
Según el portal Wealth Inequality que ofrece datos acerca de la concentración de la riqueza para diversos países del mundo, en México el 50 por ciento de la población más pobre tenía una cifra negativa (-0.2%), es decir sus deudas eran mayores a los bienes que poseía; el 10 por ciento más acomodado acumulaba el 78.7 por ciento y (como parte de este segmento) el 1 por ciento más rico, el 47 por ciento de la riqueza nacional.
Por otro lado, con base en la Encuesta de Inclusión Financiera 2021 que llevó a cabo la Comisión Nacional de Bolsa y Valores y el Inegi, se advierte que “el 56% de la población adulta del país reportó haber sufrido afectaciones económicas derivadas de la pandemia de la COVID-19”. Los daños fueron más graves en las regiones Sur (58%) y Centro Oriente (67%). La encuesta también señala que “ la población afectada se vio obligada a recurrir a diversas medidas para enfrentar el choque económico. Casi la totalidad de esa población (el 95%) reportó haber reducido sus gastos para enfrentarla” y “alrededor de 8 de cada 10 personas recurrió a sus ahorros”. Además, el 18% declaró haber empeñado o vendido bienes.
Es decir, la mayoría de la población tuvo una pérdida de patrimonio que fue resultado de una disminución del ahorro personal y de los bienes que poseían (y que tuvieron que vender o empeñar). Ello, independientemente de que, al reducir su consumo, se privaron de la compra de inmuebles u otros enseres que hubieran formado parte de su patrimonio futuro.
La encuesta señala, adicionalmente, que un 40% de la población adulta carecía de cualquier instrumento de ahorro y quienes tenían alguno o algunos, éstos consistían en cuentas de ahorro, cheques y nómina, instrumentos que proporcionan una muy baja o nula tasa de rendimiento. En cambio, apenas el 2% de la población adulta en México tenía una cuenta en inversiones y depósitos a plazo, las cuales ofrecen tasas mucho más altas. Finalmente hay que advertir que sólo el 33% de la población adulta tenía acceso al crédito, principalmente mediante una tarjeta de una tienda departamental (20%) o de crédito bancaria (11%).
Lo anterior quiere decir que una gran parte de la población no puede ahorrar y quienes lo hacen, en su enorme mayoría, no reciben beneficios. En cambio, aquellos que se endeudaron, han tenido que pagar intereses muy elevados.
Esta situación seguramente se agravó para la gran mayoría de los mexicanos cuando el Banco de México decidió aumentar las tasas de interés. Recordemos que esos incrementos escalaron rápidamente del 4% en junio de 2021 al 11.25% en mayo de 2023.
En resumen, hay razones y evidencias para suponer que la tendencia en la concentración de la riqueza no fue la misma que en el caso de los ingresos. En un primer momento debido a los daños ocasionados por la pandemia (pérdida de ahorros y bienes) y luego por el rápido aumento de las tasas de interés que afectaron los créditos contratados, particularmente en tarjetas departamentales y de crédito ( aunque también los hipotecarios). Todo ello afectó seguramente, a la mayoría de las familias. Por otra parte, la elevación de las tasas, en los últimos dos años, ha rendido ganancias por encima de la inflación a aquellas personas que poseen cuentas de inversión y a plazo, las cuales forman una minoría muy reducida.
La concentración de la riqueza, como dice la Cepal, afecta la economía y acentúa el malestar social y político. Sin embargo, al mismo tiempo, podría verse como una “oportunidad” para “obtener ingresos fiscales permanentes y progresivos que se pueden usar para aplicar políticas públicas que permitan garantizar los derechos sociales”. Es decir, pone sobre la mesa, con carácter prioritario, la necesidad de una reforma fiscal que grave más, de manera proporcional, el ingreso y el patrimonio de los más acomodados, quizás menos del 10% de la población. Un asunto que tendrá que ser tomado en cuenta por el próximo gobierno.

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