ESTRICTAMENTE PERSONAL

En el bar del enorme y frío hotel Hilton de Caracas, a finales de septiembre o principio de octubre de 1976, Luis Posada Carriles, el terrorista cubano-venezolano que cruzó ilegalmente por México rumbo a Estados Unidos sin ser detectado por las autoridades migratorias, se reunió con Frank Castro, uno de los jefes de la Coordinadora de Organizaciones Revolucionarias Unidas, que buscaba derrocar al régimen de Fidel Castro, y con Gustavo Castillo y Gaspar Jiménez. Discutían qué grupo reclamaría el crédito y la responsabilidad por el atentado, que en unos días harían en un avión de Cubana de Aviación sobre aires de Barbados, donde murieron 76 personas.

Ese bombazo y la reaparición de Carriles en Miami vía Isla Mujeres, es motivo de efervescencia actual en varios países. Cuba quiere juzgar al terrorista por el atentado, al igual que Venezuela, y El Salvador lo quiere por violaciones migratorias. México mantiene la distancia, pese a que Posada Carriles y ese grupo no son ajenos a acciones terroristas en este país. Castillo y Jiménez habían participado cuatro meses antes en el intento del secuestro cubano en Mérida, donde su guardaespaldas murió. Jiménez fue detenido, pero logró escapar, y cuando en 1978 el gobierno mexicano pidió su extradición en Washington, Frank Castro instruyó a sus comandos en varios países que atacaran embajadas de México y que colocaran bombas en Aeroméxico, a fin de causar un daño al turismo y obligar al gobierno de José López Portillo a desistir de la extradición. El chantaje tuvo éxito, y tras recibir información extraoficial de las autoridades mexicanas que ya no buscarían a Castillo y Jiménez, la orden se canceló.

Aquellos fueron años intensos para el terrorismo financiado por Estados Unidos, que tuvo en México uno de sus escenarios más amplios y menos conocidos en la historia contemporánea de la región. Todos ellos, que como Posada Carriles habían prestado servicios a la CIA en frustradas invasiones a Cuba o malogrados atentados contra Fidel Castro, pasaron a jugar en un nuevo estadio de la Guerra Fría cuando, en forma secreta, desde la Casa Blanca de Ronald Reagan se preparó el suministro de armas para la contra antisandinista, que se conoció como el Irán-Contras, porque las armas se triangularon por Irán. Cómo llegaron las armas iraníes, algunas en cajas marcadas como OTAN, a la contra en Honduras y Costa Rica, no está claro. Se sabe que la base de operaciones centroamericanas era el aeropuerto de la Fuerza Aérea salvadoreña de Ilopango, pero se desconoce si todas arribaron ahí en aviones estadunidenses o en charters fletados por la CIA, que ha sido un estándar desde la guerra de Vietnam hasta la reciente invasión en Irak.

Frank Castro ayudaba económicamente al Frente Sur, que se ubicaba en el norte de Costa Rica, donde un estadunidense llamado John Hull tenía un rancho con una pista clandestina a donde llegaban los suministros de armas. Hull había sido ayudado por Robert Owen, quien era el asistente del senador Dan Quayle, que se convertiría en el vicepresidente de George Bush padre, y que entre cargamento de armas entre Estados Unidos y Costa Rica, transportaban cocaína de los cárteles colombianos. La pinza con Posada Carriles se daba en Ilopango, donde con el alias de Ramón Medina, el terrorista era el adjunto de Félix Rodríguez, el agente de la CIA a cargo de la operación. El Irán-Contras era una de las operaciones paralelas que cruzaban por México y en las cuales los cubanos anticastristas estaban involucrados.

Una parte de las armas provenientes de Irán no salían por aire desde la base de Opa Loka en Florida, que habilitó la CIA como centro secreto de abastecimiento, sino que también viajaba por la vía terrestre a través de México. Camiones de Pemex, controlados por líderes del sindicato petrolero, introducían droga a Estados Unidos por las fronteras de Tamaulipas, y los regresaban con armas, que tenían como ruta Guadalajara, de paso hacia la ciudad de México y la frontera con Guatemala, donde nicaragüenses vinculados con el Frente Sur, y en especial con Edén Pastora, a quien en 1984 la CIA trató de asesinar en Costa Rica, habían tejido la red de contactos con autoridades mexicanas para tener salvoconducto.

Los cubanos anticastristas, que eran hombres de confianza de la CIA en esa operación, habían establecido contactos, particularmente Frank Castro, con la organización extremista chilena “Patria y Libertad”, que estaba infiltrada por la DINA, la policía secreta del general Augusto Pinochet, y que estaba abocada al exterminio de los enemigos de la dictadura, exiliados tras el derrocamiento del presidente Salvador Allende. No sólo asesinaron, en las calles de Washington, a Orlando Letelier, cuyo victimario Michael Townley habló con los anticastristas en México, y al general Carlos Prats en Buenos Aires, sino que llegaron a este país a continuar con su trabajo, que finalmente no concretaron. Las relaciones de los anticastristas con autoridades mexicanas les permitieron operar comandos de ejecución en México, que llegaron a amenazar de muerte al entonces secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda Álvarez de la Rosa, y varios periodistas que seguían la pista del Irán-Contras.

Hay una parte oscura en la historia reciente de México llena de complicidades y conspiraciones, donde se jugó el doble estándar de apoyar a gobiernos revolucionarios, como el cubano y el sandinista en ese momento, al tiempo de solapar a los grupos que, como brazos ejecutores de Washington, querían acabar con ellos. Ésta ha sido una constante desconocida de la política exterior mexicana, jugando en los dos campos, proclamando neutralidad, hasta que en los últimos años el balance se rompió, y el gobierno se inclinó definitivamente hacia Washington, quitándose la careta y abriendo la puerta a que pedazos de esa historia jamás contada comiencen a salir.

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