La entrega de capos del narcotráfico a Estados Unidos es una cesión de soberanía. La insistencia con que las autoridades repiten que fue un acto legal y que hay tratados que obligan a hacerlo es una confesión no pedida que manifiesta culpabilidad. Lo confirman los elogios que le prodigan al gobierno mexicano funcionarios del vecino país del norte.
Algunos bienintencionados arguyen que fue lo mejor, pues dicen que los criminales aun presos seguían actuando desde dentro de las cárceles, donde tenían a su servicio a sus custodios y gozaban de privilegios incontables gracias al poder corruptor de su dinero. Hay numerosas pruebas de que así es, pero en ese caso el gobierno mexicano estaba obligado a actuar con toda energía para evitarlo y no, como ha ocurrido, a pasar el caso a la jurisdicción de otro Estado nacional.
Desde luego que existen tratados internacionales que obligan a entregar criminales a países que los reclamen por delitos cometidos en su territorio. Pero no todos los gobiernos aceptan extraditar a connacionales –Francia bajo ninguna consideración lo hace– ni tampoco se pueden omitir principios elementales de derecho en la entrega de prisioneros a otros países.
Para empezar, entre los delincuentes que México acaba de extraditar se cuentan algunos –quizá todos– que estaban cumpliendo penas en este país y que todavía debían pasar años tras las rejas. Estaban en la cárcel porque cometieron delitos y bajo ninguna circunstancia resulta aceptable que dejen las prisiones mexicanas donde purgaban sus condenas.
Algunos de los extraditados, además de estar cumpliendo sentencias, tenían juicios pendientes o en curso. Si es cierto aquello de que el primero en tiempo es primero en derecho, correspondía a México llevar a término los juicios, dictarles sentencia y obligarlos a purgar íntegramente sus penas antes de pensar en mandarlos a otro país.
Por otra parte, al menos en algunos casos, estamos ante un ejemplo de extraterritorialidad. No todos, y quizá ninguno de los deportados cometió delitos en territorio de Estados Unidos, pues sus actividades delictivas se desenvolvían en México. Para que procediera la extradición, tenían que haber probado que sus crímenes fueron cometidos allá, pero las autoridades mexicanas no se han molestado en dar a conocer las pruebas de que esa acción delictiva se hubiera producido más allá de nuestras fronteras.
Tradicionalmente, Estados Unidos ha dicho que las drogas producidas en otros países envenenan a su población y, por lo tanto, se siente con derecho para exigir que se le entreguen criminales de diversas nacionalidades. Sin embargo, es difícil precisar si la coca que inhala un neoyorkino tiene origen colombiano, boliviano o ecuatoriano y es de plano imposible saber si la mota que se mete un habitante de San Francisco llegó de México o salió de la casa de un laborioso agricultor doméstico que se dedica a los cultivos hidropónicos en la zona de la bahía.
Algunos gobernantes, sabedores de su ilegitimidad y falta de apoyo popular, buscan en Washington lo que les falta en sus países. A ese proceder apátrida obedecen las extradiciones y la recepción de “ayuda” como aviones, helicópteros y armas que entrega Estados Unidos dizque para combatir el narcotráfico, pero que en realidad se emplean para reprimir los movimientos populares.
Un muy ilustrativo ejemplo de esa política y sus resultados la ofrece Colombia, donde ya es vieja la intervención estadunidense con dinero, armamento, tanques, carros de combate, aviones, helicópteros, defoliantes y personal militar. Esa política injerencista alentada durante décadas por los gobernantes colombianos no ha logrado acabar con la producción ni el tráfico de drogas.
Colombia, pese a tan impresionante despliegue, se mantiene como la gran potencia del narcotráfico, los delincuentes están apoderados de ciudades enteras –basta ver que en el centro de Bogotá hay un par de uniformados con ametralladoras cada media cuadra–, florece la inversión en actividades que propician el lavado de dinero y en más de la mitad del territorio la presencia del Estado es simbólica o de plano inexistente, eso sin contar con el enorme problema que hoy representan los grupos paramilitares creados dizque como respuesta a la guerrilla y los narcos. Hoy la presencia de militares extranjeros forma parte de la “normalidad” colombiana y los paramilitares son otra fuerza armada fuera de control y dedicada a actividades criminales.
Nadie va a resolver nuestros problemas como no seamos nosotros, los propios mexicanos. Nunca ha sido una política inteligente ni patriótica delegar en otras naciones lo que nos toca afrontar atenidos a nuestras fuerzas. Pero la derecha no se caracteriza por su inteligencia ni su patriotismo. Si la pretensión era emplear las extradiciones como cortina de humo para ocultar el alza de la tortilla, el tiro puede salir por la culata. Hay un pueblo agraviado que no tolerará más traiciones ni se conformará con nuevas dosis de atole suministrado digitalmente.