(Séptima parte)

I. Breve resumen de la entrada en escena de Carranza en el Constituyente

Veíamos en el artículo anterior, aparecido en este mismo diario el pasado viernes 4 de diciembre, que el Primer Jefe del país, Venustiano Carranza, se había presentado a la sesión inaugural del Congreso Constituyente –que hasta entonces había funcionado como Colegio Electoral, dedicado a la revisión y validación de las credenciales y al nombramiento de su Presidencia– con el objeto de presentar su propuesta de proyecto constitucional.
E indicábamos que, salvo en algunos aspectos que no necesariamente podían considerarse como irrelevantes, su propuesta se reducía a “conservar intacto el espíritu liberal” de la Constitución de 1857 y la forma de gobierno por ella establecida; quitar de dicho código constitucional “lo que [la hacía] inaplicable”, “suplir sus deficiencias”, “disipar la oscuridad de algunos de sus preceptos”, “limpiarla de todas las reformas que no [hubieran] sido inspiradas más que en la idea de poderse servir de ella para entronizar la dictadura”.
En suma, decíamos, no se trataba en realidad de “hacer una nueva Constitución”.
Las palabras del Primer Jefe en ese día solemne del 1 de diciembre de 1916 no llegaron a los oídos de los presentes como mensaje esperanzador de fáciles arreglos.
¿En qué ponía los acentos el Primer Jefe en aquel día memorioso? Ya iremos desgranando la mazorca para dar fe del conjunto de los elementos que conformaron su discurso y su propuesta.
Pero, antes de entrar en materia, vale la pena hacer una valoración globalizadora que ubique la dimensión y las características del bosque antes de entrar en la cualificación de sus árboles y sus ramales derivados.

II. Por un “sistema de go-bierno de presidencia personal”, de cara a la “libertad plena de los hombres”

Varios elementos de la propuesta constitucionalista de Carranza tuvieron el objetivo central de reforzar y dar su carácter más puro y definitivo al sistema presidencialista, mismo al que Carranza calificó como “sistema de gobierno de presidencia personal”.
Correlacionó esta perspectiva con el refuerzo o la reconfiguración efectiva de la división de poderes entre el Ejecutivo, el Legislativo y Judicial, y con un esquema federalista real, “asegurando a los estados la forma republicana, representativa y popular.”
Eliminaba, en esa misma lógica, la figura de la vicepresidencia –vigente en la Constitución de 1857–, y contraponía, al esquema del “mando supremo unipersonal” –que pudiera calificarse como “verticalista” y de naturaleza “autoritaria”–, toda una serie de cambios que ponían en el centro la preminencia y libertad de los individuos por la vía de la “efectividad del sufragio”, de la aplicabilidad “limpia” y efectiva del recurso de amparo –que hasta ese momento se habría “desnaturalizado” por los gobiernos anteriores–, o de la constitución o reconstitución de un Ministerio Público al que daba la potestad “exclusiva” de “la persecución de los delitos, la [búsqueda] de los elementos de convicción, [por lo que] que ya no se [haría] por procedimientos atentatorios y reprobados y la aprehensión de los delincuentes.”
El esquema se ubicaba pues en el marco ortodoxo de la libertad y de la protección de la célula social, en este caso “el individuo”, quien contaba en su segundo nivel de base celular “a la familia”, en la sociedad feliz que se buscaría construir.
Se trataba, señalaba el presidente del país, de “amparar” y “proteger” al individuo, considerando a éste como “la unidad” de la que “se compone el agregado social”. Porque –decía Carranza en su discurso:

“[…] es incuestionable que el primer requisito que debe llenar la Constitución tiene que ser la protección otorgada, con cuanta precisión y claridad sea dable, a la libertad humana, en todas las manifestaciones que de ella derivan de una manera directa y necesaria, como constitutivas de la personalidad del hombre”.
La contraparte de este concepto “libertario” era, en la opinión del mandatario, “no poner límites artificiales entre el Estado y el individuo”:
“[…] como si se tratara de aumentar el campo a la libre acción de uno y restringir la del otro, de modo que lo que se da a uno sea la condición de la protección de lo que se reserva al otro; sino que debe buscar que la autoridad que el pueblo concede a sus representantes, dado que a él no le es imposible ejercerla directamente, no pueda convertirse en contra de la sociedad que la establece, cuyos derechos deben quedar fuera de su alcance, supuesto que ni por un momento hay que perder de vista que el Gobierno tiene que ser forzosa y necesariamente el medio de realizar todas las condiciones, sin las cuales el derecho no puede existir y desarrollarse”.

Complicada manera de argumentar este específico punto por parte de Carranza, pero creemos que una lectura cuidadosa del texto nos permite entender lo que el primer mandatario del país “quiso decir”, a saber: establecer un vínculo indisociable entre el Poder Ejecutivo y el “ciudadano de a pie” –del pueblo, en suma, para utilizar el término con el que alcanzaba a engalanar la “suma” de esas células constitutivas del nuevo edificio republicano y federal–, eliminando los intermediarios políticos (tema clave en la lucha que se había dado contra el régimen porfirista) entre el Poder Ejecutivo y el pueblo o “los ciudadanos”, quienes por dicha vía ganaban en los hechos todos los beneficios de un “protectorado benefactor” que, desde una presidencia “fuerte”, permitiría “dar protección […] a la libertad humana en todas las manifestaciones […]”.
Con algunas variantes sustantivas (que en su momento veremos), no era éste el ítem táctico divergente entre “los duros” y los carrancistas del Congreso. Por ello no fue en este punto en el que se generó la parte sustantiva del debate. Tuvo que llegar a la tribuna el joven diputado Rafael Martínez de Escobar para marcar, en ese tema específico, una diferencia que, viéndolo en perspectiva, sólo pudo ser valorado plenamente después de varias décadas.
Sobre ello hablaremos en nuestro próximo artículo.