(Novena parte)

I. El gambito ajedrecístico de Múgica: las “negras” toman la ventaja

Después del paréntesis que hicimos en nuestra entrega anterior, en la que nos detuvimos a revisar la extraordinaria intervención del diputado Rafael Martínez de Escobar en dos puntos esenciales del debate, regresamos, en esta novena parte, a la lógica de “los tiempos” de la lucha congresista en un punto que terminó siendo decisivo para el resultado final de la contienda, a saber, el de la formación de la Comisión de Constitución.
La fecha: el 6 de diciembre de 1916, en la 7ª Sesión Ordinaria del Congreso Constituyente, cinco días después de que el Primer Timonel del país presentara al pleno del organismo su proyecto de Constitución, y justo un poco antes de que tomara forma plena el debate constitucional.
No es ocioso, para entender la importancia del tema, que las comisiones a nombrar por el Congreso eran, según el artículo 1º de las reformas al Reglamento aprobado por la mencionada Asamblea, las siguientes: 1. De reformas a la Constitución; 2. De Corrección de Estilo; 3. De redacción del Diario de Debates; 4. De Administración; 5. De Archivo; 6. De Peticiones. (Sólo la primera se formaría por cinco miembros, mientras que las otras cinco estarían formadas, cada una de ellas, por sólo tres diputados).
Esta simple enumeración marca la importancia que tenía la conformación de la que se empezó a llamar simplemente Comisión de Constitución.
Aquel memorable 6 de diciembre marcaría sin duda, según el resultado, el curso que finalmente podría llegar a tener el trabajo constitucional. ¿Quiénes formarían la referida comisión?
La guerra en torno al punto se había abierto desde días antes fuera del recinto parlamentario, generando un ambiente extremadamente turbio dentro del ya complicado ambiente que ya empezaba a prevalecer en el magno recinto en el que se llevaban a cabo las reuniones oficiales.
La estrategia de los “radicales” fue desgastar la lógica prepotente con la que se movió el grupo carrancista, fisurado este mismo por los cálculos equivocados en torno a la fuerza que el “radicalismo obregonista” era “capaz de ganar” en el río revuelto del Congreso.
Por economía de espacio y tiempo no entraremos a relatar la forma simple en la que el núcleo carrancista y aliados se tropezó en el periplo. Sólo apuntaremos que, en contra de lo que apuntaba hasta entonces toda la lógica en torno al desarrollo del Congreso, la Comisión de Constitución quedó conformada, en votación abierta, de la siguiente forma: Enrique Colunga, con 144 sufragios; Francisco J. Múgica, con 135; Luis G. Monzón, con 132; Enrique Recio, con 106, y el doctor Alberto Román con 87 votos.
Francisco J. Múgica fue nombrado presidente de la Comisión, lo que no fue poco relevante con relación al curso que en lo subsecuente habría de conducirse el trabajo del Congreso. Ya hablaremos en las siguientes entregas de este personaje, pero fue claro para muchos que, por ese simple hecho, el bloque de los carrancistas tendría que prepararse para sobrevivir a lo que sería, a partir de ese momento, más que un sobrio y caballeroso juego de ajedrez, un intenso terremoto.

II. Dos botones de muestra sobre la desdibujada propuesta constitucional del carrancismo

Ya hablaremos sobre quién era quién en la referida Comisión de Constitución. Pero toca en estas líneas señalar que, después de los mencionados nombramientos, se dio lectura al proyecto de Constitución que cinco días antes había presentado Carranza en el pleno del Congreso.
No hay espacio ahora para entrar punto por punto al debate del articulado planteado por el gran jefe del país, pero no resulta ocioso tomar, a la letra, dos de los artículos que serían modificados “a fondo” por la ya mencionada Comisión de Constitución y por el Congreso.
“Artículo 3º. Habrá plena libertad de enseñanza, pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación, y gratuita la enseñanza primaria y elemental, que se imparta en los mismos establecimientos”.
“Artículo 27. La propiedad privada no puede ocuparse para uso público, sin previa indemnización. La necesidad o utilidad de la ocupación deberá ser declarada por la autoridad administrativa correspondiente […] Las corporaciones e instituciones religiosas, cualquiera que sea su carácter, denominación, duración y objeto, no tendrán capacidad legal para adquirir en propiedad o para administrar más bienes raíces que los edificios destinados inmediata y discrecionalmente al servicio u objeto de dichas corporaciones e instituciones. Tampoco la tendrán para adquirir o administrar capitales impuestos sobre bienes raíces […] Los ejidos de los pueblos, ya sea que los hubieren conservado posteriormente a la Ley de Desamortización, ya que se les restituyan o que se les den de nuevo conforme a las leyes, se disfrutarán en común por sus habitantes, entretanto se reparten conforme a la ley que al efecto se expida […] Las sociedades civiles y comerciales podrán poseer fincas urbanas y establecimientos fabriles o industriales, dentro y fuera de las poblaciones […] lo mismo que explotaciones mineras, de petróleo o de cualquier otra clase de substancias que se encuentren en el subsuelo, así como también vías férreas u oleoductos […] pero no podrán adquirir ni administrar por sí, propiedades rústicas en superficie mayor de la que sea estrictamente necesaria para los establecimientos o servicios de los objetos indicados y que el Ejecutivo de la Unión fijará en cada caso”.

III.

Es difícil encontrar fácilmente en estos textos jurídicos las claves de la lucha que en torno a ellos se abrió en el Constituyente. Pero Múgica no dejó de declarar en algún temprano momento que “prácticamente todos” los artículos de la propuesta de Carranza serían modificados.
Dura declaración dirigida a los carrancistas, quienes, cuando llegó el día de la discusión del artículo 3º, pensaron que Carranza tendría que presentarse nuevamente, en cuerpo y alma, en el recinto.
El miedo del núcleo liderado por Carranza, sea dicho a la mexicana, entonces ya no se trasportaba en burro.