Se percibe en el estado un ambiente similar al de las semanas previas a la matanza de Aguas Blancas, en junio de 1995.
Si antes fue la Organización Campesina de la Sierra del Sur a la que se atribuían vínculos con organizaciones guerrilleras, para
justificar cualquier acción represiva en su contra; ese papel se le asigna ahora a los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa
y a los comuneros opositores a la construcción de la presa La Parota.
Entonces el gobierno de Rubén Figueroa Alcocer como ahora el de Zeferino Torreblanca Galindo, en lugar de dar respuesta
positiva a reivindicaciones sociales elementales, acuden a la represión policiaca. ¿Por qué? Porque supone el segundo, como en su
momento su antecesor, que resolver en favor de los grupos sociales mencionados es fortalecerlos como base social de
organizaciones armadas intransigentes, fanatizadas, fundamentalistas que si hoy ganan algo mañana van a escalar sus demandas
y exigencias.
Se trata del pensamiento típico de la contrainsurgencia basada en la doctrina de la seguridad nacional. Pero es una ideología; en
este caso, un sistema de prejuicios que se difuden con amplitud para justificar la permanencia por los siglos de los siglos de un
régimen de exclusión social y de despojo en el cual se presenta como una ley divina, como algo natural que en este mundo
siempre habrá una mayoría de pobres y marginados; que podrán ser, algún día, relativamente menos que hoy, pero siempre una
mayoría de pobres.
En el caso que nos ocupa, las elites que mandan ahora –las mismas que mandaban en el figueroato– demuestran que no tienen
en su proyecto histórico revertir el abandono del campo ni de la educación pública, sino profundizarlo.
Y la participación de las fuerzas federales en la represión a los jóvenes indica que se trata de un diseño de violencia institucional
que va más allá del gobierno local.
La golpiza propinada por dos encapuchados a uno de los egresados de la normal; y la extraña irrupción de presuntos asaltantes
que no se llevaron nada de la casa de un dirigente del PRD, son manifestaciones propias de la guerra sucia que se reactivan
precisamente por ese clima inducido de que en Guerrero está por explotar de nuevo la cuestión guerrillera.
En periódicos de circulación nacional, y en espacios de opinión de las grande televisoras se ve el problema de los normalistas
como “un foco rojo”, pero no por la incapacidad del gobierno de Zeferino Toreblanca para resolverlo, sino porque suponen que el
radicalismo de los jóvenes es resultado menos de su desesperación ante la cerrazón de un gobernador insensible y soberbio, y
más de que su movimiento es alimentado y orientado por grupos de guerrilleros.
Como en 1995, de nuevo en algunos medios se vuelve a hablar del general Mario Arturo Acosta Chaparro, a quien presentan
como el gurú de los policías contrainsurgentes que puede salvar al régimen de Felipe Calderón de la crisis de los aparatos de
inteligencia que se demostró con los sucesivos ataques del EPR a instalaciones de Pemex. Libre de nuevo gozando de la
proverbial impunidad que en este país se concede a los poderosos por más atrocidades que hayan cometido, Acosta Chaparro
puede estar conspirando otra vez. Y si participó en una reunión con su jefe Rubén Figueroa Alcocer en el Palacio de Gobierno un
día antes de la matanza de Aguas Blancas –encuentro hecho público en varios medios y reconocido por el propio secretario de la
Defensa de entonces– no sería nada extraño que también asesorara sobre la situación en el estado al gobernador Zeferino
Torreblanca, quien no niega que es amigo desde su juventud del militar involucrado en asesinatos, desapariciones y torturas de
centenares de guerrerenses en los años 70. Acosta Chaparro, quien como en 1994 distribuye ahora entre periodistas un libelo
lleno de mentiras con una larguísima lista de presuntos guerrilleros, en el cual dice que el general Lázaro Cárdenas del Río, el
presidente más querido por los mexicanos del siglo pasado, ¡es el creador del movimiento guerrillero moderno en México!
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En este mismo contexto debe ubicarse la declaración del director general de la Comisión Federal de Electricidad, Alfredo Elías
Ayub, según la cual la paraestatal ganó un juicio definitivo que le permite comenzar a construir la presa hidroeléctrica La Parota.
Es difícil de creer que el responsable de una empresa estratégica de la nación sea una persona desinformada, y por eso puede
afirmarse que su declaración es una provocación, un intento de exacerbar los ánimos en la amplísima zona de conflicto.
Es igualmente extraña la extraña solicitud del gobernador Torreblanca para que la ONU realice una consulta en los pueblos que
serían afectados para saber si son mayoría los simpatizantes del megaproyecto o no. Torreblanca sabe que el Consejo de Ejidos y
Comunidades Opositores a La Parota (Cecop) reivindica como válida legalmente la asamblea del 12 de agosto en la que unos 3
mil campesinos votaron en contra de la presa. Y pese a lo que le diga el representante de la ONU en México, Amerigo
Incalcaterra, el gobernador debe saber que ese organismo internacional no tiene facultades para realizar uan consulta como la
que dice que ya solicitó formalmente.
De modo que la petición de Torreblanca es un claro despropósito, y por lo mismo, una maniobra propagandística dirigida a
presentar a los opositores como unos radicales intransigentes que se oponen a todo y que están en contra de un proyecto
necesario para el desarrollo del estado.
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Es mucho lo que está en juego en estos días en el estado de Guerrero. Si un gobierno postulado por el principal partido de la
izquierda parlamentaria se presta a la estrategia arriba esbozada, lejos de lo que supone –quedar bien con los de arriba para que
éstos les permitan ganar la Presidencia en 2012– estará dando razones a las agrupaciones que postulan que desde las
instituciones no puede venir ningún cambio favorable para los pobres.
Estará contribuyendo, de ese modo, a la reedición del círculo perverso en el que se ha debatido el estado de Guerrero desde los
años 60: a la movilización pacífica por reivindicaciones elementales el gobierno responde con la represión; el movimiento se
radicaliza y sus dirigentes se van a la guerrilla; nuevo ciclo represivo con atrocidades de todo tipo de por medio no sólo contra
los armados, sino sobre todo contra la población indefensa que –más o menos– los protege; desarticulación de la guerrilla y
apertura de una fase de relativa calma social; reaparición de las movilizaciones porque no se han resuelto las demandas que se
levantaron en el ciclo anterior; represión, guerrilla, guerra sucia, y ¿así hasta el infinito?
En el contexto de las definiciones que el PRD –que de él estamos hablando– tiene que tomar de cara a la renovación de sus
dirigencias nacional y estatal, ese partido se encuentra ante la opostunidad histórica de demostrar que es posible impulsar
transformaciones democráticas desde las instituciones.
La disyuntiva que tiene ante sí parece muy clara: se conforma con negociaciones menores para mantener o conseguir espacios
igualmente menores en el sistema de dominación; o usa la fuerza que tiene en gobiernos y congresos para cambiar la correlación
de fuerzas en favor de métodos democráticos de gobierno; de políticas públicas pensando en el interés general y no sólo en el de
los poderosos de siempre.
No es retórica ni es algo imposible. Aplicar un programa mínimo de izquierda sería suficiente para modificar el rumbo que sigue
el gobierno zeferinista.
1.- Condena de la represión como vía para enfrentar las movilizaciones sociales. En ninguna parte de la Constitución –y en
ninguna ley– se dice que los gobiernos tienen la facultad de reprimir a su pueblo. La decisión de los diputados locales del PRD de
llamar a los policías antimotines para que desalojaran del Congreso a los normalistas de Ayotzinapa no tiene nada que ver con
una postura de izquierda. Tampoco la justiticación que han hecho de esa acción el gobernador Torreblanca y el secretario de
Gobierno Armando Chavarría.
Por eso es muy importante saber escoger a los candidatos a diputados o a alcaldes; por eso era muy importante analizar la
composición del gabinete del gobernador, que es el origen de la animadversión de Zeferino Torreblanca hacia El Sur.
¿Ningún diputado le hizo ver a su coordinador Carlos Reyes que era inconveniente llamar a la policía? ¿De veras creyeron que los
normalistas, azuzados por Ramiro Solorio –como dice la versión oficial– iban a linchar a Reyes y a otros? ¿Cuántos policías
resultaron heridos en el enfrentamiento con los normalistas? Los datos duros: en los casi 15 años de El Sur, no hemos reportado
un solo caso de linchamiento cometido por alumnos de Ayotzinapa, o de cualquier otro grupo social. Y en ese mismo periodo
hemos reportado decenas de actos de represión, de uso excesivo de la fuerza de parte de la policía antimotines del estado,
incluida la matanza de Aguas Blancas.
¿De dónde salieron esos diputados del PRD que se comportan como si vivieran en Suiza? ¿Algún diputado le dijo a Reyes que los
normalistas están enojados porque el gobernador a cada rato los denigra llamándolos vándalos y tratándolos como burros
porque dice que tienen bajas calificaciones?
2.- El PRD debiera tomar una posición clara en defensa de la educación pública, y esto es parte de un programa de izquierda en
cualquier país del mundo. Es, además, un postulado constitucional que todos los mexicanos tienen derecho a una educación
laica, gratuita y de calidad. Debiera por eso deslindarse de la política del gobernador Torreblanca en la materia. Debiera decirle,
por ejemplo, que si no destituye al secretario de Educación no lo van a apoyar en esto o en lo otro; que si no consigue dinero
para dar plazas a todos los maestros que se recibieron en las nueve normales públicas no lo van a apoyar en esto y aquello.
Debiera decirle a Torreblanca que no son lo mismo los normalistas que los que estudiaron para contadores o licenciados o
ingenieros y que se ve muy mal diciendo que si le da plazas a todos los que se reciben de maestros tendrá que hacerlo con todos
los que se reciban de otra cosa. Debiera decirle que desprestigia al partido con sus alianzas con Elba Esther Gordillo, la dirigente
vitalicia de un sindicato que es tenido por organismos internacionales como uno de las principales causas de la malísima
educación que se imparte a millones de niños y adolescentes mexicanos.
3.- El PRD debiera manifestarse abiertamente en contra de la presa La Parota. Esto también es parte de un programa mínimo de
izquierda. Diversos organismos internacionales adscritos a la ONU –integrados por expertos de todos los continentes– han
concluido que estos megaproyectos traen más perjuicios que beneficios. Además, las grandes presas contribuyen al
calentamiento global que está desquiciando el clima en el mundo con gravísimas consecuencias sobre todo para los pobres, que
se supone son a los que defiende el PRD.
Uno de los diputados de este partido que justifica la represión dijo en la reunión con el Comité Ejecutivo Estatal que los radicales
nunca han conseguido nada, porque la gente sólo quiere paz e inversión. Ese militante no es digno de ser considerado de
izquierda, pues ese es el pensamiento típico de la derecha. Está pregonando el inmovilismo de la población como si en Guerrero
ésta tuviese resueltas sus necesidades fundamentales. Está condenando a Hidalgo, a Morelos, a Guerrero, a Ignacio Manuel
Altamirano, a Villa y a Zapata. Que lo haga la derecha, se entiende.
En fin: la disyuntiva está en crecer políticamente con un programa claro de izquierda; en ganar prestigio en el estado, en el país y
fuera de él con una política de defensa de los derechos fundamentales de los guerrerenses; o en seguir en la vía del desprestigio
social presentándose como una izquierda que avala la represión, que cierra los ojos ante el desmantelamiento del campo y de la
educación pública y que se postra ante proyectos dsarrollistas como La Parota, que está pensado para incrementar las ganancias
de unos cuantos sin fijarse en las necesidades de la gente.
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Por último, la sustracción de pruebas del expediente de la demanda de Alberto Torreblanca contra El Sur y cinco de sus
reporteros es un hecho gravísimo.
Se trata de fotocopias ofrecidas por el propio hermano del gobernador que fueron obtenidas de la síntesis informativa a la que
tienen acceso solamente altos funcionarios del gobierno del estado.
Con ellas nuestros abogados pretenden demostrar que no estamos en litigio con cualquier ciudadano, sino con uno que recibe
apoyo directo del gobierno del estado, y esto involucra ya la violación de derechos fundamentales, como lo es el de la libertad de
expresión.
Parece, en consecuencia, que la maniobra está dirigida a sacar del litigio al gobernador del estado, pero si no se corrige esta
anomalía cometida por el juez Ausencio Díaz Lorenzana, si no se acepta la reincorporación al expediente de los materiales
sustraídos se confirmará que El Sur y sus reporteros demandados no se enfrentan con el hermano del gobernador, sino con el
gobernador mismo.
Los campesinos opositores a La Parota tienen derecho a existir en su condición de campesinos. Tienen derecho a oponerse a ser
convertidos en barrenderos o jardineros de las casas de los miles de jubilados estadunidenses que el gobierno de Torreblanca
dice que se van a instalar alrededor del vaso de la presa.
La Normal Rural de Ayotzinapa tiene derecho a seguir existiendo, y el gobierno –más un gobierno de izquierda– tiene la
obligación de facilitar a sus estudiantes las condiciones para que reciban a una educación cada día de mejor calidad.
El Sur, pese a lo que escriba su director; pese a que éste sea un radical –como en privado lo califica el gobernador en un vano
intento por descalificarlo– también tiene derecho a existir. ¿O no?
