La verdadera explosión de la forma de gobernar de Rubén Rocha Moya llegó hace un mes, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública la acusación por nexos con el narcotráfico en contra del ahora gobernador con licencia y de nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses más. Desde ese día no ha dejado de ser noticia de portada de los diarios y de acaparar los principales espacios informativos audiovisuales. Es el tema más importante de la conversación en México, a pesar del claro interés oficial por levantar o mantener otros tópicos, como el de la panista Maru Campos y la operación ilegal de la CIA en Chihuahua, o el más reciente vinculado con presuntos actos de corrupción del gobernador de Nuevo León, Samuel García, de Movimiento Ciudadano. Nada ha podido minimizar el impacto del caso Sinaloa.
Pero la corrupción de Rocha Moya no inició hace un mes. Hace siete años publicamos en alianza las organizaciones Iniciativa Sinaloa y Mexicanos Contra la Corrupción el reportaje titulado “Operación Desfalco Sinaloa”, en el que revelamos que Chocosa, la constructora de sus hijos Rubén y Ricardo Rocha Ruiz, había obtenido contratos del gobierno estatal mientras él tenía cargos importantes, como el de coordinador de asesores del gobernador en turno.
“En total, desde enero de 2010 hasta mediados de 2018, la empresa Chocosa obtuvo 64 millones 660 mil 930 pesos en contratos con el gobierno del estado, el ayuntamiento de Culiacán y su junta de agua, así como con el de Mocorito y su empresa de agua”, se lee en el trabajo que aún se encuentra en línea (https://contralacorrupcion.mx/operacion-desfalco-sinaloa).
Después, al cierre de la campaña a gobernador en 2021, Los Chapitos realizaron una operación electoral inédita, lo cual fue documentado por medios como Ríodoce. Y no fue inédita porque haya sido la primera vez que sucedía –hay reportes de que también pasó en el gobierno panista de Mario López Valdez, Malova–, sino por el alto nivel de violencia innecesaria el día de la votación. Hace unas semanas, la priista Paola Gárate narró públicamente que fue secuestrada en la campaña, algo que ya algunos sabíamos que había ocurrido.
Desde el inicio de la administración de Rocha Moya, Iniciativa Sinaloa (IS) puso la lupa en el gasto en obra pública, coincidentemente donde se hallan los intereses de los hijos Rocha Ruiz. El ejercicio de esta organización sin fines de lucro generó el enojo del hoy funcionario con licencia. En sus conferencias empezó a criticar a IS de forma desproporcionada. Ahora que han salido investigaciones de los intereses de los hijos Rocha Ruiz en la obra pública de Sinaloa todo hace sentido.
“En cuanto a la distribución del recurso, el informe muestra una concentración atípica sobre 14 empresas y 11 grupos empresariales, las cuales acaparan 4 mil 13 millones de pesos, es decir, 57 por ciento del monto analizado, y sólo 212 de las mil 100 obras concentran más de la mitad del presupuesto”, se lee en el reporte del Índice de Transparencia en Obra Pública (ITOP) 2024-2025 (el ITOP es una herramienta elaborada por Iniciativa Sinaloa que mide el cumplimiento de las obligaciones de transparencia previstas en la Ley de Obras Públicas de Sinaloa).
Pero en este relato de la corrupción de Rocha Moya hay que hacer énfasis en el trabajo que valientemente ha realizado el semanario Ríodoce. Porque pocos medios en Sinaloa se animaron a exponer la transas del rochismo.
Por ejemplo, en enero de este año, Rocha Moya despidió a la secretaria de Transparencia, María Guadalupe Ramírez Zepeda. Lo hizo después de que Ríodoce publicó unos reportajes sobre los gastos excesivos en viajes en comisiones oficiales de la actualmente exfuncionaria, en los que pagaba habitaciones de hotel de hasta 11 mil pesos por noche, vinos y servicios de spa.
En marzo de este año, el semanario reportó que la titular de Turismo estatal, Mireya Sosa Osuna, y otros dos servidores públicos, cobraron unos 30 mil pesos de más por viáticos gastados en Canadá. En el viaje facturaron cortes finos y mil 700 pesos en chocolates, chicles y miel de maple con cargo al erario.
Y también informó sobre las compras irregulares en el DIF estatal, dirigido por la hija de Rocha Moya, Eneyda Rocha Ruiz: “Ríodoce publicó que el DIF estatal adjudicó un contrato para la compra de 518 mil despensas y 15 millones de paquetes de galletas y cacahuates a la empresa Comercializadora Getrevanoa, que es de reciente creación, tiene dos empleados, se dio de alta como patrón el mismo día que se publicó la convocatoria a licitación, envió fotos falsas de sus supuestas bodegas y sus instalaciones no están en la ubicación que señalan”.
En estos días todos hablamos de Rocha Moya, pero sus presuntas corruptelas iniciaron desde mucho antes de que Estados Unidos decidiera ir tras de él y su estructura. El exrector De la UAS tiene toda una historia.