La corrupción en México es una vergüenza y un cáncer que todo lo invade. Ayer, en Palacio Nacional, el presidente Enrique Peña Nieto promulgó la nueva ley anticorrupción que, como todo lo anterior, no dará resultado si no se aplica, si la impunidad prevalece. En todo el país crece la demanda de la ciudadanía por abatir la corrupción. Hay una sensación de hartazgo y frustración, y la imagen de los gobernantes se desploma hasta niveles inimaginables, mientras en el estado el robo de los recursos públicos florece más que la amapola sin que nadie se indigne ni repare en ello.
La impunidad campea y los gobiernos van y vienen.
Un botón de muestra. El domingo El Sur publicó una nota donde relata una visita del gobernador Héctor Astudillo a Tlacotepec, población ubicada en una de las regiones serranas de mayor pobreza y marginación de la entidad.
Ahí tuvo lugar la tradicional entrega de apoyos con los que los funcionarios tranquilizan su conciencia al paliar temporalmente las necesidades primarias de alimentación de la población más empobrecida.
También se habló de los proyectos de invertir en el hospital comunitario del lugar, en el encauzamiento del río, la rehabilitación del tramo carretero cercano, e incluso del ambicioso plan de constituir lo que se ha llamado la octava zona económica de Guerrero.
Hasta ahí todo discurría dentro de los cauces de la normalidad del quehacer gubernamental.
La singularidad, la nota como dicen los reporteros, la aportó el gobernador al felicitar al presidente municipal, porque no había vendido el fertilizante que se envió para distribuirse gratuitamente a los campesinos más necesitados, como sí lo habían hecho otros alcaldes.
En entrevista luego del acto, el gobernador no quiso dar los nombres de quienes habían perpetrado ese latrocinio, aunque aportó la pista de que se trata de alcaldes de la Costa Chica y la Montaña.
En el próximo ciclo, amenazó, ya no se mandará el insumo a esos ayuntamientos. Sólo faltaba que así ocurriera, luego de conocida la ratería. Pero denunciar el atraco, sin que se genere mayor sanción que cancelar futuras entregas de recursos, resulta en solapamiento de la corrupción de alcaldes y demás funcionarios, quienes sólo se tendrán que preocupar de que no los cachen, pero si son descubiertos no pasará nada, simplemente los campesinos serán más perjudicados porque ya no habrá los apoyos para que no se los vendan.
Que nadie se extrañe si los beneficiarios se convierten en cómplices del cochupo para que no les suspendan su dotación.
En cualquier lugar situado fuera del surrealismo guerrerense y mexicano, se esperaría que un hecho así suscitase la cólera del gobernador y el descontento y la condena social, la exhibición de los delincuentes y su consignación por los delitos inherentes, más graves aún porque afectan a la gente marginada e indefensa.
Se esperaría, en una palabra, justicia, y no las represalias que le cortarán a los voraces alcaldes uno de sus negocitos, pero les reducirán todavía más las escasas posibilidades de ser productivos y mejorar su situación.
Pero tal vez sea esperar demasiado. Total, el fertilizante seguramente era bien poquito.
Si no van a proceder contra los corruptos, la sugerencia sería que el gobernador se ocupe de llevar los fertilizantes y demás apoyos personalmente a los lugares donde sepa o sospeche que habrá abusos y tropelías, o que los mande con alguien del gobierno estatal, pero eso sí, que sea de su absoluta confianza, no sea que también se agandalle.
Así le hizo el presidente Peña Nieto cuando dispuso que todas las obras de reconstrucción en Guerrero luego de los huracanes Ingrid y Manuel se realizasen directamente por la federación, pues no quiso confiarle dineros ni recursos a los funcionarios del gobernador Ángel Heladio Aguirre. Algo les sabría.
¿O de plano dejamos a los campesinos sin fertilizante?