El 6 de abril de 2016, el gobierno de Guerrero y la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) firmaron un convenio de colaboración para preparar la respuesta a la recomendación 9/2016 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), con el propósito de reformar el artículo 14 de la Constitución Política de Guerrero.
Para cumplir con la recomendación 9/2016 de la CNDH y conocer las opiniones y propuestas sobre la reforma al artículo 14 Constitucional, el gobierno estatal y la UAGro simularon hacer seis foros regionales de “consulta indígena”. Este proceso de “consulta” no tuvo legitimidad ni representatividad y hubo limitada participación de las autoridades comunitarias de los pueblos indígenas y afroguerrerenses.
Varias voces alertamos sobre diversas insuficiencias y limitaciones de este proceso. Recibimos sólo silencio del gobierno y negligencia de la mayoría de los legisladores del Congreso. En mi artículo publicado en El Sur (14/V/2017) sobre la iniciativa de reforma constitucional, señalé al gobernador y a los diputados del PRI y del PRD: “…su iniciativa para reformar el artículo 14 Constitucional y la ausencia de consulta bajo consentimiento libre, previa e informada se convirtió en el principal talón de Aquiles de su propuesta. La ausencia y omisión del derecho a la consulta indígena puede derrumbar su propuesta, porque viola derechos constitucionales que han sido consagrados en la legislación nacional e internacional”.
Pese a múltiples protestas de los pueblos indígenas y afros, la Iniciativa de reforma constitucional promovida por el poder ejecutivo tomó una velocidad inaudita. El protocolo legislativo se hizo con celeridad y las fracciones parlamentarias aceleraron el dictamen correspondiente. Eran tiempos de dominio absoluto de los legisladores del PRI. A un mes que concluyera la LXI legislatura (agosto de 2018), la Iniciativa en referencia se puso a consideración del pleno del Congreso y su aprobación tuvo una aplastante mayoría. El único voto en contra de la iniciativa de Héctor Astudillo fue de la diputada María de Jesús Cisneros, de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
El 21 de agosto de 2018, el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero publicó el Decreto Número 756 por el que se reforma el artículo 14 de la Constitución Política de Guerrero en materia de Derechos y Cultura Indígena. En los considerandos del Decreto informa de las diversas sesiones que celebró el Congreso e informa que el 27 de julio de 2018 “…el Pleno de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso, aprobó el Decreto Núm. 756 por el que se reforma el artículo 14 de la Constitución Política de Guerrero”. El Decreto se aprobó a cuatro días de la conclusión de la sexagésima primera legislatura.
La LXII legislatura inició sus actividades el 1° de septiembre de 2018 y concluye su mandato el 31 de agosto de 2021. Esta legislatura cambió radicalmente su composición. Ahora Morena tiene 22 diputados en su fracción parlamentaria con mayoría simple en las decisiones del Congreso. A tan sólo 19 días del inicio de los trabajos de la LXII legislatura, los 22 diputados de MORENA presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la “Acción de Inconstitucionalidad” del Decreto Núm. 756 sobre la reforma del articulo 14 de la Constitución Política de Guerrero.
El 19 de septiembre del 2018, los 22 diputados de la fracción parlamentaria de Morena presentaron, ante los ministros de la SCJN, la “Acción de Inconstitucionalidad” del Decreto en referencia. Eran tiempos en que los “morenistas” actuaban en un solo bloque unitario. Aún no llegaba la discordia y todavía no sembraban la semilla de la división entre sus miembros. La legislatura recién iniciaba y varios de sus legisladores emprendían una prolongada “curva del aprendizaje”.
Tres son los principales argumentos en que sustentaron la “Acción de Inconstitucionalidad”: a) no respeta los sistemas normativos indígenas, b) vulnera el principio de progresividad de los derechos humanos de los pueblos indígenas y, c) viola el derecho a la consulta previa e informada de los pueblos afectados. Además, el texto constitucional suprime el reconocimiento de la “Policía Comunitaria”, sin mediar consulta a los pueblos que son afectados por esta medida legislativa.
Como lo expresé en el tercer párrafo de este artículo: la ausencia y omisión del derecho a la consulta, bajo consentimiento libre, previa e informada, derrumbó la Iniciativa de reforma constitucional promovida por los diputados del PRI-PRD y el gobernador de Guerrero.
En sesión virtual del 18 de mayo de 2021, los ministros de la SCJN, declararon “…la invalidez del Decreto número 756 por el que se reformó el artículo 14 de la Constitución Política de Guerrero en materia de Derechos y Cultura Indígena…, el Pleno estimó que el Decreto impugnado era susceptible de afectar a dichos pueblos y comunidades, por lo que existía la obligación de realizar la consulta; asimismo, señaló que los foros regionales organizados por las autoridades estatales no constituyeron una consulta válida de acuerdo con los estándares establecidos por la SCJN”.
En una de las intervenciones del ministro Luis María Aguilar, consideró que los foros que promovió la UAG y el gobierno del estado fueron foros universitarios, pero no pueden considerarse foros de consulta indígena, de conformidad con la legislación nacional e internacional vigente en la materia. En su tiempo señalé: “En el mejor de los casos, acarrearon estudiantes de la universidad para ocupar el vacío de los auditorios de Tlapa y Ometepec”. Además, en sus “foros regionales”, el gobierno y la UAG tuvieron una limitada capacidad de convocatoria.
En tres meses concluye el mandato de la LXII legislatura y dudo que los legisladores retomen esta agenda inconclusa. La mayoría de ellos andan en sus campañas política electorales o apoyando a sus candidatos a los diversos puestos de elección popular. La SCJN determinó que la declaratoria de invalidez surtirá efectos dentro de los 18 meses siguientes para resarcir los agravios que los poderes de Guerrero han cometido en contra de los pueblos indígenas y afromexicanos.
La resolución de la SCJN ha sido una estocada para los legisladores del PRI y del PRD por no cumplir con la debida consulta a los pueblos indígenas y afros de Guerrero. También es una estocada mortal para el secretario general de Gobierno por no escuchar las voces indígenas que alertaron sobre las inconsistencias de la Iniciativa de la reforma constitucional. Es grave no haber alertado al gobernador de impulsar un Decreto que no cumplía con las obligaciones constitucionales vigentes.
Se hizo trizas el Decreto 756 y tendrá consecuencias para el 6 de junio próximo. El PRI y el PRD cosecharán derrotas por dar la espalda a los pueblos indígenas y afros. En el tiempo cercano, con nuevo gobernador y nuevos legisladores, tendrá que impulsarse una gran cruzada estatal para organizar una verdadera consulta indígena y afro, con un esquema novedoso que garantice cabalmente la participación de los pueblos y comunidades directamente afectados.