EL-SUR

Sábado 22 de Enero de 2022

Guerrero, México

Opinión

La crisis de las autodefensas

Jesús Mendoza Zaragoza

Mayo 27, 2019

 

La ausencia o la disfunción del Estado y, sobre todo, de sus instituciones de seguridad, ha dejado al desamparo a casi toda la población que, en muchos lugares, se ha visto obligada a construir formas propias para protegerse y defenderse de los desmanes de las organizaciones criminales. Hay pueblos que se someten, otros se desplazan y, otros más, se organizan y se arman para defenderse. Esta última forma es la llamada autodefensa, muy difundida en Guerrero y en otras latitudes del país. Los grupos civiles armados que hay en Guerrero son muy variados en cuanto a sus liderazgos, sus reglas de operación, sus relaciones con las comunidades e, incluso, en sus relaciones con las autoridades y con las organizaciones criminales. A excepción de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), todas están operando al margen de la ley y son toleradas por el Estado.
El caso es que todas estas organizaciones surgieron como expresiones de una legítima necesidad: defenderse de la delincuencia organizada. El valor de la vida, un valor superior se ponía en riesgo y era necesario salvaguardarlo, así fuera con el recurso de las armas. Pero este hecho legítimo colocó a todos estos grupos civiles armados en un callejón sin salida, cuando el Estado no respondió a esa situación de riesgo y tuvieron que prolongar su actuación armada por mucho tiempo. Siguieron respondiendo a la necesidad de defenderse, porque el Estado no se hizo cargo de la situación, más allá de la emergencia generada por la inseguridad y la violencia. Ahora, muchos de estos grupos están siendo parte de una situación de ingobernabilidad y de mayor inseguridad. Si fueron, en su origen, parte de una solución a una situación de emergencia, ahora se han vuelto parte del problema.
La crisis de seguridad que tuvo lugar, en semanas pasadas, en Xaltianguis y en otras comunidades de Chilapa, y que tiene que ver con enfrentamentos entre grupos civiles de autodefensa, lo ha ido mostrando. Estos grupos se han ido convirtiendo en factores de violencia porque no están sometidos a nadie. Ni a la ley, ni a autoridad constituida alguna, ni a las autoridades comunitarias ni a las comunidades en las que operan. Cada organización civil armada tiene sus propios liderazgos, quienes van acumulando poder político y van trazando sus esquemas de control y sus alianzas informales con instituciones del Estado y acuerdos con grupos de la delincuencia organizada.
Es sabido que en Guerrero hay una ley que, explícitamente, coloca en la ilegalidad a todos estos grupos civiles armados, pero en la práctica, ellos continúan y, es más, crecen. Y no se avizora una posibilidad de que haya un solución que resuelva el asunto de su ilegalidad. Y esto se debe a que no se visualiza que se resuelva el asunto de la inseguridad, porque el Estado aún es incapaz de resolverlo. Entonces, ¿qué hacer? Hay que ir buscando un camino, antes que estas crisis relacionadas con las autodefensas aumenten y generen más desastres comunitarios.
Lo que yo veo es que tiene que darse un camino que vincule a las comunidades con las estrategias de seguridad del Estado. Y este camino debe construirse por la vía del diálogo horizontal entre las mismas. Y el fruto de dicho diálogo tiene que expresarse en acuerdos, en los que se plasme la corresponsabilidad como estrategia fundamental. La alianza entre las comunidades y las instituciones de seguridad tiene que ser la pieza fundamental de la solución. Y para que esto suceda, tiene que abrirse también un camino de diálogo con las mismas organizaciones de autodefensa, pero teniendo de fondo los intereses de las comunidades locales representadas en sus propias autoridades comunitarias.
De esta forma podrían encontrarse formas comunitarias de organización de la seguridad y ser amparadas por la ley, con una regulación que reconozca facultades a las autoridades comunitarias para participar en las decisiones que haya que tomar en los esquemas de seguridad de sus comunidades. Y aquí debieran privilegiarse las formas no armadas y, cuando fuera absolutamente necesario, formas armadas pero bien reguladas. Esta propuesta descansa sobre una constatación: los gobiernos solos no han podido garantizar la seguridad y no lo podrán hacer si no cuentan con la colaboración de la sociedad y de las comunidades locales. Tantos años de fracasos nos lo han enseñado. Y si va a empezar a operar la Guardia Nacional, tendría que ser parte de un esquema de colaboración con las comunidades para que signifique un avance cualitativo en el esfuerzo por la seguridad.
Los gobiernos debieran ser humildes para reconocer sus fracasos y también para aceptar la colaboración de las comunidades, que aportan sus recursos y saberes propios para encontrar soluciones eficaces. Veamos si están a la altura para hacerlo.