Hace un mes tuvo lugar en Santiago de Chile una gran marcha de trabajadores con una consigna central: No+AFP. ¿Qué quiere decir esto? Se refiere al rechazo generalizado en ese país sudamericano al sistema de pensiones privado manejado por las Administradoras de Fondos de Pensiones, el equivalente de las Afores mexicanas (Administradoras de Fondos para el Retiro) que se impusieron en México, primero en entre los trabajadores afiliados al IMSS hace poco más de veinte años, y luego a los afiliados al ISSSTE una década después.
El nuevo sistema fue promovido sobre todo por el Banco Mundial y el FMI a principios de la década de los 90 y apoyado luego por los gobiernos neoliberales y los poderosos intereses del capital financiero. Según estos organismos, este modelo sería fiscalmente sustentable y evitaría el colapso de esta prestación que, según ellos, sería inevitable en el largo plazo. Aseguraron también que daría una mayor cobertura a las personas en edad de jubilarse y una mejor redistribución de la carga impositiva entre las generaciones más jóvenes y las más viejas. Se trataba, decían, de un nuevo sistema que promovería el crecimiento económico y al mismo tiempo una mayor seguridad para la población trabajadora. Para ello, se privatizó la administración de los recursos (aportados por los trabajadores, los empleadores y el gobierno) y se crearon cuentas individuales para cada trabajador en lugar del viejo sistema de reparto en donde había una bolsa común para todos.
Chile fue, hace ya 37 años, bajo la dictadura de Augusto Pinochet, donde este sistema se impuso por primera vez. Hoy, el balance que los trabajadores hacen de sus resultados, es completamente negativo. En la marcha referida, del 26 de marzo, uno de los principales dirigente del movimiento obrero chileno, Luis Mesina, afirmó: “Los trabajadores salimos a la calles para exigir pensiones dignas y terminar con el sistema de previsión privada instalado durante la dictadura. Estamos cansados e indignados de ver a nuestros viejitos y viejitas sobreviviendo con pensiones indignas. Después de 36 años, las AFP han demostrado ser un rotundo fracaso. No pararemos en nuestra lucha hasta que restituyamos la Seguridad Social para todos. Nuestra propuesta consiste en un Sistema de Reparto Solidario que permita, sin afectar a la economía, aumentar gradualmente el gasto público en pensiones, mantener la edad de jubilación de 60 y 65 años para mujeres y hombres respectivamente. Hoy, para decirlo claramente, tenemos que acabar con las AFP, no hay otro camino, ni medias tintas.”
En México, los resultados de este mismo sistema, se verán en unos cuantos años, en el 2021, cuando los primeros trabajadores que ingresaron a laborar después de la reforma que entró en vigor en 1997, empiecen a alcanzar la edad (65 años) y las mil 250 semanas de cotización para jubilarse. Pero todo parece indicar que los resultados serán peores que en Chile. En aquel país, poco más de la mitad de los trabajadores aportan al sistema de pensiones, mientras que en México lo hacen, bajo cálculos optimistas, apenas una tercera parte. Para entonces se espera que la enorme mayoría de estos trabajadores apenas alcanzará una jubilación equivalente a un salario mínimo vigente y que los demás podrán obtener un monto (tasa de remplazo le dicen técnicamente) de apenas del 30% de su último salario. En cualquiera de los dos casos, se trata de pensiones irrisorias e insuficientes.
La razón es que los sistemas privados de capitalización individual han resultado caros e ineficientes. Cobran cuotas por el manejo de las cuentas demasiado altas y el manejo de los fondos que supuestamente iba a otorgar altos rendimientos, ha resultado insuficiente, registrando pérdidas en algunos años, sobre todo desde la crisis mundial que estalló al final de la década pasada.
Peor aún, dados los requisitos planteados, sobre todo en las aportaciones de mil 250 semanas, sólo aproximadamente el 30% de los trabajadores asegurados en el IMSS podrán acceder a esta prestación. Estamos hablando del 30% de los asegurados en este Instituto, no del total de los trabajadores mexicanos. Como sabemos casi el 60% no tiene acceso a ningún sistema, por lo que estamos hablando de una minoría apenas superior al 10% de los trabajadores mexicanos. Ello, además, bajo una enorme desigualdad de género, pues las mujeres que tienen derecho a una pensión suman casi la mitad de la que representan los varones. Lo mismo sucede con los trabajadores que reciben los salarios más bajos, particularmente en el campo, pues tienen un menor acceso a la seguridad social.
Un panorama desolador que obligará a los trabajadores mayores de 65 años a seguir trabajando en el puesto que tienen o en alguna otra actividad, pues los montos de su jubilación serán completamente insuficientes. Y quedarán fuera muchos otros que nunca cotizaron o no cumplieron los requisitos. Ello fomentará aún más el empleo informal y la dependencia de estas personas de sus familias, o quedarán expuestas al abandono y la indigencia.
En el fondo, lo anterior es resultado de un mercado laboral muy precario, pues muchos trabajadores no logran la estabilidad en el empleo suficiente para cumplir con las semanas de cotización requeridas. Ello se debe a distintas razones: los bajos salarios que privan en general, la flexibilidad de la contratación que permite a los patrones otorgar contratos a tiempo parcial o por un lapso de tiempo determinado, la subcontratación que muchas veces sirve para eludir el pago de prestaciones y las cotizaciones al Seguro Social, o por la crisis que ha sufrido el país (la última se inició en 2014 por la caída de los precios del petróleo) y la expulsión de trabajadores contratados formalmente.
Frente a este desastre anunciado, el debate sobre las posibles soluciones ha sido encabezado por las organizaciones laborales, principalmente sudamericanas, que han planteado la necesidad de una reforma completa del sistema que, como dicen en Chile, tendría que ir al fondo del asunto y la abrogación del sistema actual en manos de las administradoras privadas para reconstruir el modelo basado en el reparto solidario. Por su parte, los tecnócratas, como los de la Secretaría de Hacienda en México, insisten en mantener el mismo sistema basado en la Afores, haciendo modificaciones aún más lesivas para los trabajadores.
En el caso de nuestro país, una solución alternativa tendría que reconocer los serios problemas que existen en el mercado de trabajo y la situación tan deplorable de las finanzas públicas. Es indispensable promover un esquema de crecimiento diferente, con base en una tributación progresiva que permita elevar la inversión pública y ofrecer empleos dignos, más y de mejor calidad. Un sistema de bienestar y de protección a los trabajadores en materia de salud, riesgos de trabajo, pensiones y jubilaciones y desempleo, para ser sustentable debe apoyarse en un mercado laboral en expansión y con mayor estabilidad. El sistema privado de pensiones, impuesto por los intereses del capital financiero y las oligarquías, profundizó la desigualdad y la precariedad laboral. Hay que trabajar entonces en un proyecto que promueva el crecimiento, la estabilidad laboral y en un sistema pensionario acorde con estos postulados.
Tenemos apenas cuatro años para buscar nuevos caminos. Por ello, y dado que en varios países de América Latina las organizaciones de los trabajadores han recorrido un camino de experiencias y reflexiones, la Comisión de Seguridad Social del Senado de la República convocó a un debate con el tema Reformas estructurales y re-reformas de pensiones en países de América Latina: lecciones para México que se celebra del 24 al 28 de abril y en el que participan diversos ponentes, sobre todo del Cono Sur y de nuestro país. Esperemos que la reflexión y las enseñanzas de otros países de América Latina sean una inspiración para México. El tiempo apremia.

: @saulescoba