Al releer las páginas de la revolución mexicana, al volver a admirar las películas con las actuaciones esplendorosas de María Félix bajo la dirección del Indio Fernández y escuchar la música que desencadenó esta gran epopeya de la historia de México, viene a mi memoria una canción muy famosa que perdura hasta nuestros días La cucaracha, que fue creada en el género musical del corrido por el escritor, folklorista, paremiólogo y lexicólogo español Francisco Rodríguez Marín en su colección de cantos populares.
1.- La cucaracha fue una de las canciones favoritas de las fuerzas de Pancho Villa en su lucha contra el dictador Victoriano Huerta, quien era adicto al coñac y se afirma que también fumaba mariguana, por ello es que en una de sus adaptaciones tiene un verso muy famoso que dice: la cucaracha, la cucaracha/ ya no puede caminar/ porque le falta/ porque no tiene/ mariguana que fumar/. Esta introducción viene a propósito, toda vez que ayer la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debatió y aprobó un proyecto del ministro Arturo Zaldívar, en donde esencialmente sostiene que su consumo personal para fines médicos no debe ser prohibido toda vez que se trata de un derecho que tiene que decidir cada persona.
2.- Como debe ser en una sociedad que aspira a un régimen democrático, es natural que en cualquier tema y sobre todo los de mayor polémica haya distintas posiciones respecto a si la SCJN debe permitir el consumo personal de la mariguana. Como argumentos en contra de su aprobación, se ha expuesto que es una droga y que el Estado no debe legalizarla porque ello llevaría al aumento de su consumo el cual produce alteraciones psíquicas, que se facilitaría su consumo sobre todo a los jóvenes y que en las encuestas, la mayoría de los mexicanos se pronuncia por que no se legalice.
3. – Por otro lado, como argumentos a favor se expone, como lo hace el propio ministro Zaldívar que se trata de un derecho de cada persona, sobre todo para consumirla en casos de recomendación médica, a quienes ayudaría a resolver problemas de salud; que existen otras drogas como el alcohol y el tabaco que está legalizado su consumo y que son más dañinos que la mariguana; que miles de personas que se encuentran en los reclusorios por haberla consumido saldrían de la cárcel; que su legalización ayudaría a combatir el tráfico de esta droga y a la delincuencia organizada lo cual contribuiría a disminuir la delincuencia y la inseguridad.
4.- La postura del gobierno de Enrique Peña Nieto ha sido timorata, pues ni él, ni alguno de sus secretari@s del gabinete, sea de Salud, Educación, Gobernación, menos de la Procuraduría General de la República, han fijado una posición al respecto. Para no quedarse en el vacío mediático, tuvieron que mandar a un funcionario de segundo nivel como el subsecretario de Educación Superior Salvador Jara, quien señaló que el gobierno estaba en contra de que se permita el consumo de la mariguana, aún sea por razones medicas, bajo el argumento de que ello propiciaría que se incrementara el consumo de esta droga en los jóvenes. En realidad la decisión de Peña Nieto de oponerse a la legalización del consumo de la mariguana proviene de la postura del gobierno de Estados Unidos, por razones de seguridad, aún cuando allá se encuentra el mayor mercado de consumo de drogas prohibidas.
5.- El argumento expuesto por el ministro Zaldívar en su ponencia aprobada ayer por la Primera Sala de la SCJN de que se trata de una decisión como un derecho fundamental personal es irrefutable, sobre todo para la protección de la salud. El problema de la legalización del consumo de la mariguana para uso personal, no está en que su autorización facilite o no su consumo, pues a pesar de que no ha estado permitido, quien es afecto a su consumo lo hace. La cuestión relevante en este asunto es que debe establecerse como una política pública de Estado, la educación hacia toda la sociedad pero especialmente a los niños, jóvenes y adolescentes respecto de los daños que podría causar el consumo para lo cual deben utilizarse todos los medios al alcance del Estado y la contribución de las instituciones de la sociedad civil, los padres de familia y ciudadanos.

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