La Cuenta Pública es el informe que contiene el examen de los ingresos y de los egresos del estado y que, mediante argumentos razonados de la actuación del gobierno, justifica ante el poder legislativo local los gastos públicos erogados en cumplimiento de los programas autorizados en el presupuesto.

El artículo 107 de la Constitución de Guerrero dispone que será el órgano de fiscalización superior quien tendrá a su cargo el control y fiscalización de los ingresos, los egresos (…) de los poderes del estado, de los municipios y de los entes públicos estatales y municipales. Esas responsabilidades recaen en la figura de la Auditoría General del Estado (AGE).

Merced a una reforma aprobada el 30 de octubre de 2002, el gobernador turna con una periodicidad cuatrimestral la Cuenta Pública para su análisis, examen y en su caso, aprobación por parte del legislativo local.

Mediante la reforma se creó la Auditoría General del Estado, órgano encargado de inspeccionar, supervisar, indagar, vigilar, controlar y emitir una opinión respecto de la aplicación correcta o no de los recursos públicos. En el título cuarto de la Ley de Fiscalización del estado de Guerrero se establecen los términos cuatrimestrales para la entrega del informe de los resultados del ejercicio del gasto.

El órgano de fiscalización presenta a la consideración del Congreso la Cuenta Pública estatal y le reporta sus informes periódicamente; éste a su vez, certifica, evalúa y sanciona los informes que le presenta el auditor, primero al seno de la Comisión de Presupuesto y posteriormente en el pleno camaral cuando el dictamen con proyecto de decreto se discute y en su caso se aprueba según las resoluciones que adopte y presente la citada comisión.

El decreto aprobatorio de la Cuenta Pública (mecanismo de rendición de cuentas), es precedido por una glosa de ella que, por lo general, consiste en cuatro apartados referidos a aspectos económicos, políticos, de ingresos y de gasto.

Considerando lo anterior, la aprobación el 14 de octubre de la Cuenta Pública correspondiente a enero-marzo de 2005, última del gobierno de René Juárez, evidenció un poder legislativo incapaz de asumir responsablemente una de sus funciones primigenias: la fiscalización de los gastos del ejecutivo, aderezado con el sistemático comportamiento de los diputados en la discusión sobre el tema. Los legisladores priístas y los de los partidos minoritarios sin mediar un detenido análisis del documento, aprobaron la Cuenta Pública. Los del PRD en cambio, aunque la rechazaron, no externaron solidez argumentativa sobre el sentido de su voto.

Hace un año afirmaba en este mismo espacio: “Preocupan los nulos, escasos e inexistentes mecanismos de fiscalización del gasto y revisión de las cuentas públicas que transparenten la gestión pública. Cual modelo canadiense del accountability, el gobierno local puede presumir pletóricamente que la Cuenta Pública estatal es impía, pulcra y que ni haría falta presentarla y fiscalizarla: a juicio del auditor general del estado ésta nunca presenta observaciones, criterio que comparten los opositores diputados locales. (El Sur 16/10/2004).

La historia ahora es similar, y consistente, la actitud del auditor; la AGE no ha detectado una sola observación al último trimestre del gobierno renejuarista y aunque ha revisado únicamente la gestión de una triada de secretarías del estado, no encontró elementos que hicieran pensar en irregularidades en el manejo de los recursos públicos.

Casi siempre se asocia a un débil andamiaje normativo y legal, la falta de capacidad de estos órganos para cumplir efectivamente con sus obligaciones y mandatos. En el caso de la AGE paradójicamente, no parece encontrarse ahí la respuesta a la manifiesta debilidad de su actuación.

Un serio estudio presentado en abril de este año, por la Universidad de Guadalajara (Cuenta Pública en México, evaluando el laberinto legal de la fiscalización superior) considerando diez variables de análisis de orden cualitativo y cuantitativo y partiendo de las características básicas que debe poseer una buena ley en materia de fiscalización del gasto publico, concluye que Guerrero ocupa el décimo lugar de las 32 entidades del país en lo referente a la fiscalización de los egresos, con una evaluación de 75 de 100 puntos posibles; la media nacional es de 57.03 puntos. Aunque el órgano de fiscalización pasa la prueba en lo que toca a su autonomía de gestión, es reprobado en la transparencia del gasto público ejercido por el gobierno estatal.

A juzgar por los datos de este informe, la revisión y evaluación de la Cuenta Pública no encuentra deficiencias en su marco normativo. Sí en cambio, muestra un claro tinte político en su proceso de análisis y control por parte de la AGE. De ahí procede uno de los rasgos de carácter más acusados del organismo, la desconfianza hacia su actuación.

El 15 de noviembre próximo se instala formalmente la 58 Legislatura del Congreso del estado de Guerrero. La primera mayoría pertenece al PRD, partido afín al gobernador. Trasladar un escenario que mantuvo la fracción priísta en la legislatura que fenece, no debiera caracterizar una renovada relación institucional entre el Ejecutivo y el Congreso local. Este poder deberá demostrar su verdadera autonomía y emanciparse finalmente, del poder ejecutivo estatal.

Un poder legislativo funcional ejerciendo su papel de contrapeso y de auténtico fiscalizador del ejercicio del gasto público local, permitiría a la sazón contar con instrumentos válidos en la correcta aplicación, destino y evaluación de los programas gubernamentales. (El Sur 6/11/04).

En Guerrero, distamos ahora de que se modifique tal circunstancia, pues la Cuenta Pública no tiene nada de pública —ni siquiera para los propios legisladores— de quien depende en primera instancia el órgano de fiscalización y no del gobernador, como parece ser hasta ahora, la tónica del desempeño de la Auditoría estatal.