Para las familias pobres de Guerrero, esta primera semana del año es la prueba más difícil que enfrentan, por la diversidad de gastos que implica este receso vacacional y el regreso de sus hijos e hijas a las escuelas. Lo que resultaría ser un tiempo de alegría, de convivencia y de paz, estas semanas son más bien de angustia, de precariedades, sufrimientos y violencia. No sólo no hay dinero que alcance, sino lo que flagela la vida de una madre o un padre de familia, es la falta de un trabajo seguro y bien renumerado. Predomina la incertidumbre y la angustia. La inseguridad laboral y la violencia social. Los abrazos y los buenos deseos son más un ritual costumbrista que una expresión llena de vigor y esperanza. Es un deseo lejano marcado por la melancolía. Es una alegría envuelta por la tristeza, son las sonrisas que buscan ocultar el llanto. En las ciudades la algarabía etílica sueña con eternizar la noche de copas, para no toparse con la realidad en su sano juicio.
Por más que las madres y padres estiran los pesos para que alcance la comida en la mesa, las hijas y los hijos resienten no sólo la falta de alimentos, sino la ausencia de afecto y la falta de tiempo para platicar los problemas más profundos que se sobrellevan con la plática superficial. No sólo pesa la incertidumbre del porvenir, sino que es más honda la soledad, sobre todo cuando una hija o un hijo está desaparecido. En estas situaciones límite, la vida pierde sentido o se carcome el alma, porque no hay nada en este mundo que supla la vida de un ser querido. Ante estos dramas tan cruentos la palabra felicidad ya no existe entre las madres y padres que lloran su ausencia. El tiempo ya no corre, se congela en sus corazones y se graba su imagen en todo lo que hay a su alrededor.
A pesar de que las madres y padres que vivían tranquilamente en sus casas hayan dado el salto de salir a las calles y despojarse del miedo, para subirse a las tribunas e increpar al poder, las autoridades los han ignorado, y más bien han fabricado historias para seguirse regodeando en el poder. La lucha tenaz y la fuerza moral que portan orgullosamente estas familias se han transformado en la energía que revitaliza la esperanza para enderezar los caminos torcidos del poder y para cimbrar un sistema que se acorazó con el crimen organizado.
La cuesta de enero continuará por varios meses entre las familias desplazadas de la Sierra de Guerrero, al constatar que las autoridades no muestran voluntad para hacer valer el Estado de derecho en esta región, supeditándose a los grupos delincuenciales que ejercen por la vía de los hechos el poder. Ni los policías ni los militares se atreven a implementar una operación de alta envergadura para recuperar el control de la región. Las autoridades civiles prefieren sacrificar a decenas de familias fuera de sus hogares a cambio de mantener apertrechados a los grupos civiles armados.
Seguirá cuesta arriba la lucha de las 43 madres y padres de familia, que en este mes de enero, el nuevo gobierno federal iniciará los trabajos de la Comisión de Investigación para la verdad y la justicia del caso Iguala. En medio de penurias que han tenido que sortear a lo largo de estos 51 meses y enfrentando enfermedades graves, han podido mantenerse unidos y firmes en esta nueva ruta que retomará las líneas trazadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Varios colectivos de personas desaparecidas, con el apoyo de organismos civiles de derechos humanos, han podido construir u<<na propuesta de trabajo para realizar las búsquedas de sus seres queridos en varios puntos del estado. Es un esfuerzo titánico de coordinación por los riesgos que implica, los gastos y la logística que requiere. Es continuar caminando en las cimas y barrancas de estas serranías que han sido utilizadas por el crimen organizado y también por los agentes estatales de antaño y en la actualidad, para poblarla de fosas clandestinas.
Ahora que se renueva el compromiso del gobierno federal de crear comisiones de la verdad para garantizar justicia a las familias por los crímenes del pasado, en Guerrero se atisba otra señal para los familiares, que por décadas han exigido a las autoridades que investiguen el paradero de sus seres queridos. El histórico caso de Rosendo Radilla seguirá siendo la prueba de fuego para el nuevo gobierno. Tiene que demostrar a su hija Tita Radilla que no ha sido en vano su lucha, que cumplirá a cabalidad con la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y dará con el paradero de su padre, castigando a los responsables.
La masacre de Chilpancingo, la de Atoyac de Álvarez, la de los copreros de Acapulco, las de Aguas Blancas y El Charco son las heridas profundas que siguen vivas en la memoria del pueblo combativo de Guerrero. Para los familiares y organizaciones hermanas este agravio sigue marcando el derrotero de un gobierno que ha utilizado la fuerza para reprimir a los movimientos sociales que enfrentan a los cacicazgos políticos que nos tienen sumidos en el fango de la violencia. Los asesinatos selectivos contra los defensores del pueblo tuun savi de Ayutla,Raúl Lucas y Manuel Ponce; la luchadora social Rocío Mesino; los dirigentes sociales Arturo Hernández Cardona, Luis Olivares y su esposa Ana Lilia. La desaparición forzada de los defensores ecologistas Marcial Bautista y Eva Alarcón; las ejecuciones de los estudiantes de Ayotzinapa Jorge Alexis Herrera y Gabriel Echeverría, la del indígena nahua Bonfilio Rubio, del líder social Ranferi Hernández, su esposa Lucia Hernández, su suegra Juanita Dircio y su chofer Antonio Pineda, así como los policías comunitarios del Cecop, Alexis Santos, Feliciano Ascencio y Crescenciano Everardo, ejecutados por policías del estado; el asesinato del diputado Armando Chavarría y los compañeros periodistas Cecilio Pineda, Francisco Pacheco, Pamela Montenegro y Gabriel Soriano, forman parte de los crímenes que las autoridades estatales y federales se han negado a investigar con profundidad por ese pacto de impunidad que sigue vigente entre las élites políticas y los poderes fácticos. Son parte de la deuda histórica y del déficit de justicia que los gobernantes tienen que saldar con los familiares de las víctimas y el pueblo de Guerrero. Este 2019 puede ser un año donde se generen las condiciones para trabajar en este proceso de justicia transicional por la que han entregado su vida decenas de guerrerenses.
La reciente recomendación (85/2018) de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), dirigida a varias autoridades federales, así como al gobernador y la fiscalía del estado, pone en claro cómo las corporaciones policiales optan por el uso excesivo de la fuerza para reprimir las protestas públicas, llegando al extremo de privar de la vida al estudiante Antonio Vivar Díaz. En los hechos acaecidos del primero al 7 de junio de 2015, fueron agredidos dos maestros de la CETEG, Juan Tenorio y Leogin Sánchez, por policías del estado, coordinados con grupos de choque pertenecientes al PRI, PT y PVEM. El día de la jornada electoral fueron detenidos arbitrariamente por policías federales ocho personas, entre ellas dos mujeres y un menor de edad. Los señalaban sin pruebas de haber quemado una camioneta del Instituto Nacional Electoral (INE) y por ello los llevaron a las instalaciones del 93 batallón de infantería de Tlapa, donde les tomaron fotografías colocándoles garrafas de gasolina y artefactos explosivos. Un helicóptero de la Marina los trasladó al puerto de Acapulco, sin causa justificada.
Esta acción arbitraria movilizó a los habitantes de la colonia El Tepeyac, quienes al ver que los policías federales, además de tener a ocho personas, regresaron a la colonia para llevarse dos vehículos de la CETEG, la población retuvo a 35 policías federales y los encerró en la capilla de la colonia, donde estuvieron resguardados por varios grupos de mujeres. La reacción del gobierno fue virulenta y ordenó a más de 50 policías que subieran a liberar a sus compañeros haciendo uso de la fuerza. En esta embestida uno de los policías que se encontraba retenido accionó su arma contra los manifestantes. El proyectil se impactó en el hombro derecho y el tórax del joven activista Antonio Vivar, quien perdió la vida.
A tres años y seis meses de esta acción violenta, la CNDH acreditó que la Policía Federal incurrió en el uso excesivo de la fuerza que derivó en la muerte del estudiante Antonio Vivar. Consideró que la policía no observó los principios de necesidad, racionalidad, oportunidad y proporcionalidad que disponen los protocolos en materia del uso de la fuerza. También manifiesta que la PGR no inició la averiguación por el delito de tortura de la joven Xóchitl Cano a pesar de que se ordenó dar vista a la Unidad Especialidad en investigación del delito de tortura. Recomienda a la Secretaría de la Defensa Nacional que colabore con las investigaciones por la detención de las ocho personas. Al secretario de Protección Ciudadana recomienda que repare el daño de los detenidos lesionados y torturados, así como a los familiares de Antonio Vivar. Al gobernador le recomienda que repare integralmente el daño a los profesores Juan Tenorio y Leogin Sánchez y que colabore junto con el fiscal general en las investigaciones y quejas por las omisiones del personal de esa institución.
Los familiares de Antonio Vivar no sólo no han encontrado justicia, porque la misma PGR mandó a reserva su caso, si no que sabe que existen otros expedientes donde Antonio tiene orden de aprehensión. Además de estos agravios han sufrido amenazas que no han sido investigadas por las autoridades, como parte de ese entramado que se da entre los grupos de choque, representantes de partidos políticos, agentes de ministerios públicos y autoridades municipales. Tienen que seguir caminando cuesta arriba, a pesar de los riesgos que esto implica, para nunca permitir que se mancille la memoria de quienes se fueron luchando por la justicia.