Los ciudadanos y ciudadanas de este nuevo milenio hemos experimentado que los
triunfos electorales de los partidos políticos, de la otrora oposición militante, no son la
mágica llave de la democracia, ni la panacea para dar el salto a una verdadera transición
democrática. La alternancia política tampoco representa una ruptura con el régimen
oprobioso, ni con el modelo de desarrollo que han impuesto las élites económicas del
primer mundo.
El sistema de partidos lo que ha logrado es acabar con el monopolio del poder y
establecer las condiciones políticas y jurídicas que favorezcan una competencia electoral
más equitativa, con la creación de órganos electorales semiautónomos. Con este piso
básico de la democracia representativa, los partidos políticos gozan ahora de múltiples
prerrogativas que los colocan dentro del presupuesto y de las élites gobernantes. Son ellos
y los representantes populares los que imponen sus decisiones a toda la sociedad y los
que dirigen el rumbo de nuestro país, sin que les importe el daño que ocasionan a la clase
trabajadora.
Ingenuamente los electores hemos creído en la autenticidad y la ética que supuestamente
practican y predican los aspirantes a cargos públicos. Confiamos más en sus apariencias,
en la imagen pública construida por los medios de comunicación y en las versiones
inventadas sobre sus compromisos con la democracia y la justicia. Nos gana más la
ilusión que el realismo político; nos vemos obligados a conformarnos con la precariedad
de los candidatos que ofrecen los partidos y que son producto de negociaciones turbias y
mezquinas. Votamos por quien a nuestro entender es el menos malo o menos mafioso;
un gran sector de la población confía más en el candidato que tiene dinero, porque existe la
creencia popular de que será menos ambicioso para lucrar con el poder.
La democracia electoral lo que ha logrado es ampliar el poder de las élites gobernantes
engendrando una partidocracia que neutraliza y debilita la participación política de la
ciudadanía. En estas circunstancias, lo político queda circunscrito a lo que dicen, hacen y
deciden los partidos y sus gobernantes. Los ciudadanos quedamos supeditados a los
acuerdos cupulares y a los caprichos de las élites. La historia que se escribe es la
gubernamental, la que cuenta con presupuesto para comprar a los medios oficiosos; la
agenda política que importa es la que garantiza inversiones, ganancias y más poder. Los
planteamientos y demandas de la población pobre valen en cuanto representan clientela,
imagen y oportunidad para negociar prebendas.
Con este modelo de democracia, las autoridades se vuelven inmunes a las exigencias de
la ciudadanía porque tienen claro que las estructuras del poder político las protegen y
saben bien que no existen contrapesos que las obliguen a respetar las leyes.
El deslinde que siempre expresó el contador público Zeferino Torreblanca de su militancia
política dentro del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y de su nula identificación
con el movimiento social del Estado, fue una posición clara para no permitir en el futuro,
que su gobierno estuviera supeditado a un partido o a grupos de presión. En esta
perspectiva es obvio que el triunfo electoral lo haya interpretado más como una conquista
lograda a pulso, gracias a una estrategia política diseñada por gente de su entera
confianza, que supo establecer amarres y alianzas con los diferentes sectores de la
población, evitando en todo momento el compromiso de la parcelación del poder.
Por parte de la población la percepción del triunfo fue diferente: fue producto de una
constelación de fuerzas sociales y políticas movilizada por la convicción precisa de la
imperiosa transformación de las instituciones; del combate frontal a la corrupción y la
impunidad; de velar por los intereses de la clase trabajadora; de depurar las corporaciones
policiacas, de implementar la transversalidad política en derechos humanos, pueblos
indígenas, mujeres y desarrollo sustentable; de promover el diálogo, la tolerancia y la
pluralidad políticas; de implantar la rendición de cuentas y de establecer una alianza con la
población pobre para combatir de manera conjunta los flagelos de la pobreza y la
inseguridad.
De la algarabía, la ciudadanía pasó el trance gozoso con una paciente espera, nutrida de
altas expectativas sobre la construcción de un nuevo gobierno democrático. El
nombramiento de algunos secretarios empezó a desconcertar a ciertos sectores de la
población, sin embargo, esto no era motivo de desánimo. La posición inalterable del nuevo
gobernador, de insistir en la facultad que adquirió para nombrar a su equipo de trabajo,
empezó a despertar suspicacias y malestar entre los grupos que participaron de lleno en la
contienda y que se sentían desplazados y utilizados. Ante la actitud desafiante del nuevo
gobernador contra las manifestaciones de maestros, normalistas, campesinos
ecologistas, organizaciones sociales, opositores a La Parota, organizaciones no
gubernamentales y periodistas independientes, gestaron el desencanto, el malestar, la
frustración, la ruptura y la confrontación.
El tiempo fue dibujando el nuevo estilo de gobierno desligado de las demandas de los
trabajadores y al mismo tiempo se fue tejiendo una red de actores políticos leales a sus
decisiones y que favorecieran la configuración de una nueva corriente al interior del PRD,
para estar preparados en la contienda electoral del próximo año y, desde esta plataforma
trascender políticamente a escala nacional.
El poder omnímodo que ejerce el Ejecutivo estatal le permite imponer su agenda y sus
tiempos políticos a todos los actores gubernamentales, de desairar al Poder Legislativo, de
desacreditar el trabajo del ombudsman, de vulnerar su autonomía al imponer consejeros
de su confianza, de no respetar el trabajo libre e independiente de los periodistas, de
descalificar a las organizaciones sociales y civiles y de saber que nadie lo puede obligar a
cumplir con las recomendaciones, demandas y planteamientos tanto de las mismas
instituciones públicas como de la ciudadanía.
Paralelo a esta debacle democrática los ciudadanos enfrentamos en la indefensión y sin
una estrategia clara de los gobiernos federal y estatal, los estragos del crimen organizado
que tiene en vilo a las regiones más ricas de Guerrero. La justicia privada se ha logrado
imponer al sistema de justicia del Estado y a las fuerzas de seguridad. Al igual que en el
tiempo de la guerra sucia, no hay investigaciones confiables que den con los responsables
y acaben con la impunidad. Con las ejecuciones de decenas de guerrerenses, incluyendo
de manera preponderante la del diputado Bajos Valverde y del periodista Amado Ramírez,
se abre otro capítulo sombrío en la larga historia de la violencia en Guerrero.
La lucha por la democracia protagonizada por el pueblo de Guerrero y el triunfo de un
nuevo gobierno sólo cobra sentido y relevancia si el Ejecutivo estatal toma posición en favor
de los excluidos y abandera sus grandes demandas de justicia, seguridad, empleo,
educación, salud, vivienda, agua, alimentación, libertad de expresión y el derecho a la vida.