La semana pasada, los dirigentes del Partido Liberal (PL) – agremiación del expresidente Jair Bolsonaro– en el Congreso brasileño, sometieron al presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, un pedido de “amnistía” para los responsables del intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023 contra los tres poderes, en Brasilia. Si este pedido avanza favorablemente, no solamente el proyecto de ley de amnistía legalizaría la tentativa de golpe, sino que la puede resucitar.
Para tener una idea de lo grave que podría resultar la aprobación de esta propuesta, es necesario recordar que justo después del fracaso de la tentativa de golpe el 8 de enero, la versión oficial de Jair Bolsonaro fue que los golpistas eran infiltrados del Partido de los Trabajadores (PT, la formación política del Presidente Luiz Inacio Lula da Silva), delincuentes que, además de ser detenidos, deberían ser desenmascarados como comunistas. Sin embargo, la realidad fue muy diferente: se trató de militantes bolsonaristas, de extrema derecha, que vandalizaron la Plaza de los Tres Poderes tras ser movilizados desde varias partes del país con el financiamiento de empresarios cercanos al expresidente de extrema derecha (en particular, del sector agrícola).
El proyecto de ley indulta completamente a todos los golpistas, incluido a los implicados en actos anteriores relacionados de algún modo con el 8 de enero. También restablece los derechos políticos de todos los dirigentes golpistas, incluyendo a Jair Bolsonaro. En otras palabras, si el proyecto de ley avanza y los golpistas son amnistiados, Bolsonaro dará el discurso exactamente opuesto al de sus abogados actualmente. En lugar de decir que no tuvo nada que ver en la tentativa de golpe, gritará al mundo que todo fue idea suya.
La tentativa de amnistía para los golpistas es tan descarada que el líder del PL en la Cámara de Diputados, el diputado Sóstenes Cavalcante, se opone a un acuerdo que se limite a la revisión de sentencias en la Corte Suprema, lo cual les daría un mayor margen de maniobra. El exige que la amnistía sea amplia e irrestricta. ¿Como explicar que más de 260 diputados han respaldado tal demanda, a pesar de que la mayoría de ellos no han sido implicados formalmente por la justicia? Parte de la respuesta puede venir del retraso con el cual la policía federal ha actuado en este caso, no tanto por una voluntad de regalar la impunidad a estos actores políticos, sino por la dimensión de los actos golpistas de Jair Bolsonaro y de su equipo, que ha movilizado a numerosos agentes durante los últimos meses. Por ejemplo, el pastor evangélico Silas Malafaia grabó un video llamando a Bolsonaro a dar un golpe a finales del año de 2022, sin que este último haya sido todavía inquietado por las autoridades. Varios diputados y senadores que hicieron llamados o comentarios similares a los de Malafaia, se encuentran en el mismo caso.
Como lo decíamos anteriormente, el proyecto de ley de amnistía legaliza el golpe, pero no sólo hace eso: lo resucita. En efecto, esta iniciativa también prevé castigos para las autoridades que hayan investigado, juzgado o castigado a Bolsonaro y su equipo. También allana el camino para arrestar no sólo a los ministros de la Corte Suprema que defendieron la democracia, sino también a los policías que descubrieron la trama golpista. Esto es exactamente lo que Trump está haciendo con las autoridades, policías y bufetes de abogados que denunciaron sus crímenes durante su primer mandato. Ahora tenemos que esperar que los golpistas no encuentren suficientes ladrones en el Congreso para chantajear a la democracia. Si fuese el caso, y la amnistía llegase a avanzar en el poder legislativo, tanto el Presidente Lula como los magistrados de la Corte Suprema deberían actuar con firmeza para evitar un retroceso democrático. Ambos disponen de los instrumentos necesarios para ello. Y todo indica que los utilizarán para preservar a la mayor democracia de América del Sur.

* Miembro de la unidad del Sur Global de la London School of Economics (LSE).

X: @Gaspard_Estrada