Este año se cumplen 30 del retorno de la democracia en Brasil, cuando Tancredo Neves fue electo presidente por el Congreso brasileño. Sin embargo, como lo hemos apuntado en este espacio a lo largo de los últimos meses, la democracia brasileña ha pasado de ser un referente a una preocupación en la región. Es difícil imaginar que en escasos cinco años, el Ejecutivo federal brasileño pase de ser el presidente mejor evaluado de la región, ocho años después de haber comenzado su gestión (82 por ciento de los brasileños aprobaban la gestión de Luis Inácio Lula da Silva en diciembre del 2010), a una presidenta con la peor evaluación de gobierno del continente (apenas 10 por ciento de aprobación), con un procedimiento de revocación de mandato abierto por el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha.
¿Cómo hemos llegado a este punto? Esta crisis política está ligada, en primer lugar, a las circunstancias políticas derivadas de la campaña presidencial de 2014, y en segundo lugar, a la incapacidad política del gobierno de Dilma Rousseff de articular una mayoría para su gobierno dentro del Congreso electo en 2014, que es abrumadoramente conservador.
A diferencia de las elecciones presidenciales precedentes, la campaña del 2014 fue marcada por una fuerte presencia de mensajes políticos negativos en la televisión y en la radio. En efecto, la escuela brasileña de comunicación política siempre consideró que la transmisión de mensajes políticos negativos se traduciría en un aumento de la tasa de rechazo del candidato emisor de este mensaje político. Sin embargo, la polarización existente en Brasil a raíz de las grandes manifestaciones de 2013 hizo que los llamados marqueteiros (consultores en comunicación) usaran estos spots políticos para desacreditar a sus oponentes y ganar la elección. Después de una segunda vuelta duramente competida, Dilma Rousseff fue electa con poco más del 51 por ciento de los votos. Sin embargo, a pesar del carácter inobjetable del resultado, la oposición ha arremetido contra el mismo tanto en el plano político como jurídico, al interponer sendas demandas en la justicia electoral, que siguen en trámite hoy en día.
Esta estrategia aumentó la disputa postelectoral, que se ha venido acompañando de una parálisis política del gobierno de Rousseff frente al Congreso. La reelección llevó a la presidenta a pensar erróneamente en un primer momento que era posible gobernar sin tener que consultar al ex presidente Lula, y de manera más general, al Partido de los Trabajadores (PT) y a la mayoría parlamentaria que compone su base en el Congreso. Peor aún, pensó que podría aprovechar el momento político ligado a su reelección para disminuir el espacio político del centrista Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña (PMDB) en su gobierno, a pesar del hecho que se trata de la segunda mayor bancada en la Cámara de Diputados y de la mayor en el Senado. Esto provocó una dura reacción de los cuadros del PMDB, que no dudaron en hacer pactos con la oposición en aras de imponer una derrota a la presidenta. Fue de esta manera que a principios de febrero, Eduardo Cunha fue electo presidente de la Cámara de Diputados. Desde entonces, las condiciones de gobernabilidad del Congreso han ido empeorando para Rousseff, no solamente por las sucesivas derrotas del gobierno en el Legislativo, sino también por las repercusiones políticas del escándalo de corrupción conocido como “lava-jato”, que involucra a políticos y empresarios en una operación de lavado y de entrega o recepción de sobornos de multimillonarias sumas de dinero en torno a la poderosa empresa paraestatal Petrobras. Este último, por sus implicaciones directas sobre el funcionamiento del Congreso en general, y de la mayoría parlamentaria del gobierno en particular – al incluir numerosos miembros eminentes de esta mayoría en la lista de indiciados en este proceso– ha potenciado esta creciente pérdida de control gubernamental sobre la agenda del Congreso. La oposición ha aprovechado esta situación de fragilidad política para promover la destitución de la Presidenta, en alianza con el presidente de la Cámara de Diputados. Esperemos que esta iniciativa no prospere.

* Analista Político del Obser-vatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París.

@Gaspard_Estrada