El pasado viernes el abogado francés William Bourdon entregó a la Corte Penal Internacional (CPI) una queja en nombre del cacique Raoni Metuktire, jefe de la tribu kayapo y de su homólogo Almir Surui, presidente de la asociación Articulación de los Pueblos Autóctonos de Brasil (APIB), en contra del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro y de varios de sus ministros por crímenes contra la humanidad, por delitos de homicidio, exterminación y persecución de los pueblos indígenas que habitan en este territorio. El documento de 65 páginas, a las cuales están anexados 21 elementos probatorios, está en la oficina de Fatou Bensouda, la procuradora africana que dirige la CPI, a la espera de que ésta decida si la denuncia es admisible o no.
Si bien no se trata de la primera vez que Jair Bolsonaro es acusado por crímenes contra la humanidad desde su llegada a la Presidencia de la República, en enero de 2019 –se trata de la quinta denuncia–, esta última ha tenido un eco mediático internacional inédito. Y es que la situación política de Bolsonaro se ha degradado durante los últimos meses, tanto en el plano interno como externo.
En el plano interno su popularidad ha caído a niveles mínimos desde el año pasado: según el instituto Datafolha, la tasa de aprobación de su gobierno pasó del 37 al 31 por ciento, mientras el nivel de rechazo creció del 32 al 40 por ciento de diciembre de 2020 a enero de 2021. Estos indicadores pueden explicarse por dos factores principales: la economía y la pandemia. En el plano económico, Bolsonaro logró capitalizar los dividendos de la creación de un subsidio de emergencia, llamado “auxilio emergencial”, que fue distribuido a casi 70 millones de personas y cuyo valor unitario era de cien dólares al mes. Sin embargo, su costo prohibitivo –más del 12 por ciento del PIB en poco más de ocho meses de funcionamiento –orilló al gobierno a suspenderlo, ante la presión de los mercados financieros. Al irse el auxilio, las millones de personas que habían perdido su empleo, formal o informal, y que pasaron a depender del subsidio para sobrevivir, cambiaron su valoración sobre la administración Bolsonaro: es dentro del segmento de las personas que ganan menos de dos salarios mínimos que el aumento del rechazo al gobierno brasileño es el más pronunciado. Con la economía parada por la caída del consumo y de la inversión privada, es probable que la recuperación económica para 2021 sea una mera especulación, de manera que el círculo vicioso recesión –caída de la actividad productiva y de la aprobación gubernamental, se amplíe durante el año. En particular teniendo en cuenta que Bolsonaro se ha mantenido en una postura negacionista con relación a la pandemia– así como a las vacunas. Mientras más tiempo se tarden en vacunar a los brasileños, más tiempo demorará el sector productivo en invertir de nueva cuenta, lo que repercutirá en un aumento de la recesión. En resumen, las cosas no pintan bien para Bolsonaro en el plano interno.
¿Y qué decir del externo? Bolsonaro comienza su tercer año de gobierno en una situación de gran fragilidad. Después de haber entrado en conflicto con los principales países de la Unión Europea (UE), en particular con la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Emmanuel Macron, el acuerdo Mercosur-Unión Europea, vital para relanzar las exportaciones brasileñas de materias primas, está en la congeladora. Por su parte, la sumisión unilateral de Jair Bolsonaro hacia Donald Trump se tradujo en grandes beneficios para los Estados Unidos, mientras que Brasilia solo obtuvo migajas.
Ahora que Biden está en la Casa Blanca, está claro que la política exterior de Estados Unidos hacia Brasil va cambiar, en particular en los temas de medio ambiente y de derechos humanos –temas en los cuales Bolsonaro tiene mucha cola que le pisen. Y si a eso le agregamos sus persistentes conflictos con China –que es el principal socio comercial del país– queda claro que el presidente brasileño tiene un panorama adverso en el frente externo.
Es la suma de esta creciente fragilidad –tanto interna como externa– que le da un contexto político favorable a la queja interpuesta por William Bourdon a nombre de los pueblos indígenas de la Amazonía, dirigidos por el cacique Raoni. ¿Será posible que la denuncia sea admitida por la CPI? Todavía no lo sabemos, pero ahora existe la posibilidad. No es poca cosa.

* Director Ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París.

Twitter: @Gaspard_Estrada