Senadores del Partido Acción Nacional han presentado al interior de este órgano legislativo la solicitud para que se inicie el procedimiento de “Desaparición de Poderes” en el estado de Veracruz –gobernado por Morena–, enseguida se presentó por parte de senadores de Morena la petición para que desaparezcan los poderes en los Estados de Tamaulipas y Guanajuato –gobernados por el PAN.
1.- La figura jurídica de la “Desaparición de Poderes” en entidades federativas tiene sus antecedentes políticos en un asunto que se suscitó en el periodo de la guerra civil en Estados Unidos, cuando el Presidente de la República en funciones designó un gobernador provisional con la aprobación del Senado federal, quien tenía la facultad de nombrar una convención para restablecer el orden constitucional. En el caso de México, se aprobó esta facultad en las reformas constitucionales de 1874 al restablecerse en Senado y se ratificó en el Constituyente de 1917 en el artículo 76 fracción V de la Constitución Federal, como parte de las facultades del Senado de la República.
La intervención federal para designar gobernadores en los estados tiene sus antecedentes en los casos de Yucatán en 1872, a causa de que el gobernador Manuel Cicerol promovió la ampliación de su mandato de dos años para el que fue electo a cuatro años, lo cual provocó una crisis social y en caso de Coahuila en 1873 en donde se generó un conflicto entre el gobernador y el Congreso del Estado.
2.- En el periodo posterior a la Revolución Mexicana y a la aprobación de la Constitución de 1917 se aplicaron muchos casos de “Desaparición de Poderes” en los estados de la Federación, en general por motivaciones políticas que consistían en la actitud rebelde de los gobernadores con el Presidente de la República en turno o como un castigo por no haber apoyado al precandidato presidencial que salía designado; hubo algunas excepciones como forma de restablecer el orden institucional ante ataques a los derechos humanos como ocurrió en el Estado de Guerrero, con la Desaparición de Poderes durante el mandato de Raúl Caballero Aburto quien ordenó la masacre del 30 de diciembre de 1960. Todos los casos de desaparición de poderes desde que se aprobó esta facultad al Senado en 1874 se aplicaron sin que hubiese una ley reglamentaria que estableciera las causas y los procedimientos a seguir, fue hasta el 28 de diciembre de 1978 en que se publicó dicha ley y curiosamente a desde entonces se dejó de ejercer esta facultad por el Senado.
Uno de los Estados donde más se ha presentado este fenómeno es en Guerrero: en 1911 con el nombramiento de gobernador a Francisco Figueroa; en 1913, con la destitución de José Inocente Lugo; en 1918, en el periodo de Silvestre G. Mariscal; en 1935, en el gobierno de Gabriel R. Guevara; en 1941, en el mandato de Alberto F. Berber; en 1954, en el gobierno de Alejandro Gómez Maganda; en 1960, durante la gestión de Raúl Caballero Aburto; y en 1975, en el gobierno de Israel Nogueda Otero.
3.- Los senadores panistas pretenden revivir esta facultad de intervención federal en los estados para desaparecer los poderes del estado de Veracruz. Esta iniciativa se da en un contexto político muy curioso pues se observa a una dirección del PAN muy desdibujada a tal grado que en su reciente aniversario tuvieron que sacar del cementerio político a Vicente Fox, quien traicionó al panismo en 2012 al apoyar al candidato presidencial del PRI Peña Nieto, y quien ha renegado del panismo en estos últimos años.
La causa por la cual l@s senador@s panistas piden la desaparición de poderes en Veracruz es la inseguridad. Es por ello que senador@s de Morena también lo solicitan para los estados de Tamaulipas y Guanajuato. Si esa fuese la razón para que se procediera a desaparecer poderes en los estados se tendría que ampliar a casi todas las entidades de la República.
4.- En el caso de Veracruz es cierto que se presenta al igual que en otros estados un problema de violencia y de inseguridad que ha sido heredado de los anteriores gobiernos del PAN y del PRI, además de una colusión del Fiscal del Estado –ya removido– con el crimen organizado, por lo que no puede exigirse al gobernador Cuitláhuac García que lleva pocos meses de mandato que resuelva un problema tan grave y arraigado de muchos años.
La solicitud del PAN se observa más como una medida de carácter política mediática, con el propósito de ganar simpatías para reposicionarse electoralmente.
El país requiere mucha estabilidad social y política para construir la paz, la seguridad, el bienestar, no es incitando un proceso de confrontación como se van a lograr estos propósitos fundamentales para el estado.
En Veracruz, en Tamaulipas, en Guanajuato y en todos los estados de la República debe haber una coordinación institucional entre los tres niveles de gobierno de tal manera que se propicie el mejor ambiente social y político para la pacificación de nuestro país, como uno de los objetivos fundamentales de la Cuarta Transformación de México.

marcialrodriguezsaldana.mx