Con la información política que proporciona el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, podemos confirmar que en los anteriores gobiernos federales, estatales y municipales –con sus raras excepciones– estuvo presente la deshonestidad pública como sistema gubernamental. Fue usada en forma generalizada y concurrente, con alta frecuencia y complicidad.
Los sexenios neoliberales que hemos padecido datan hace más de 36 años y fueron pródigos en malas artes y grandes desmesuras del erario público, desviado y apropiado para la creación de fortunas individuales y empresariales, raras veces antes vistas en nuestra historia nacional.
La corrupción sistemática fue utilizada como estilo de gobierno para doblegar voluntades, congraciarse adeptos, neutralizar opositores, así como para comprar conciencias, líderes políticos, luchadores sociales y grupos empresariales. Además, fue práctica común usarla para torcer y parcializar leyes.
La apropiación privada del erario público fue la vía socorrida para obtener recursos económicos con la finalidad de preservar el poder político dentro de una estabilidad adocenada. Así fue cimentada la paz social. No en balde AMLO ha repudiado públicamente la corrupción y el pillaje.
Aún con una vulnerable democracia se ha logrado por fin crear las condiciones y circunstancias que permitan erradicar la corrupción, dentro de la gobernanza en que actuamos, así como de su reiterada recurrencia y magnitud. Los gobernantes, durante y después de gobernar, y los altos funcionarios públicos, durante y después de administrar la cosa pública, quedarán sujetos a la rendición de cuentas y a la entrega de resultados, con el objeto de constatar su conducta lícita en el uso del dinero institucional. Pero, sobre todo, al volver punitiva en la realidad lo que antes se salvaguardaba en la impunidad.
La voluntad de AMLO es borrar del mapa de la actuación política y de la administración pública la deshonestidad; que es el cáncer que carcome en forma profunda y prolongada el quehacer gubernamental de nuestro país. A tal grado alcanzaron los niveles de sofisticación las relaciones entre corruptores y corruptos que las leyes en la materia fueron modificadas poco a poco a modo, para eludir irresponsabilidades y deshonestidades cometidas.
Hoy tenemos conocimiento pleno del cúmulo de medidas perversas usadas para las adquisiciones, la construcción de obras públicas y la prestación de servicios especializados a través de prestanombres y de las cotizaciones previamente concertadas dentro de los concursos de licitación pública con costos inflados o por asignación directa; con cualquier argumento para hacerlo. Últimamente salió a relucir la proveeduría amañada y corrupta de medicinas en el sector gubernamental de la salud, por ejemplo.
En el apogeo de la deshonestidad institucional de antaño, surgieron las llamadas empresas “comercializadoras”, constituidas de último momento y cuyo funcionamiento es la intermediación innecesaria para venderle al gobierno una miscelánea de productos a precios alzados; o bien, en el caso de construcción de obra o servicios, la subcontratación.
Ejemplos fehacientes en el gobierno de Peña Nieto fueron los contratos dados a la empresa corporativa transnacional de triste memoria, Odebrecht, y la operación denominada “La Gran Estafa,” donde la Sedesol federal usó a ciertas universidades públicas para otorgar dinero a terceros, que eran sub-contratados para nunca dar los productos o servicios convenidos.
Los gobiernos panistas no se quedaron atrás con la rápida obsolescencia provocada deliberadamente de las plantas petroquímicas de Pemex para hacernos más dependientes de la importación de las gasolinas. ¡Entreguistas que fueron algunos!