Después de los vaivenes del presidente de la Cámara de Diputados interino, Waldir Maranhão, el pasado lunes, el proceso de destitución de la presidenta Dilma Rousseff sigue su curso en el Senado, donde se prevé que el pleno vote hoy sobre el interinato de 180 días del vicepresidente Michel Temer. Es probable que este voto se traduzca en una suspensión del poder de Dilma Rousseff, pero ¿se traducirá este reemplazo de la cabeza del Estado brasileño en un cambio positivo para el principal país de América del Sur? Es difícil poder afirmarlo.
Este proceso de destitución ha puesto en evidencia grandes fallas en el régimen político de Brasil, empezando por su gran fragmentación partidaria, la falta de compromiso ideológico de la clase política, así como la gran promiscuidad existente entre el dinero y la política. El escándalo Petrobras, por la amplitud de sus ramificaciones en las esferas económicas, políticas y sociales ha demostrado que el asunto de la corrupción es un mal endémico en la octava potencia económica mundial. Paradójicamente, los partidos políticos con el mayor número de personas investigadas por el escándalo (el Partido del Movimiento Democrático Brasileño, PMDB, y el Partido Progresista, PP) se encuentran a punto de obtener la Presidencia de la República, en el caso del PMDB, y varios ministerios y el poderoso banco público Caixa Económica Federal (CEF) en el caso del PP, sin que la Corte Suprema (el “Supremo Tribunal Federal”, STF) se haya pronunciado al respecto. A partir de diciembre, cuando el STF definió el proceso jurídico del proceso de impeachment, esta Corte decidió, de manera tácita, pero consistente, no entrometerse en el proceso político de destitución de la presidenta, lo que hace muy inviable que el último recurso jurídico interpuesto ayer por el gobierno de Dilma Rousseff tenga éxito.
Sin embargo, como lo hemos señalado en este espacio en entregas anteriores, la llegada al poder de Michel Temer, en sí misma, no permitirá cambiar el rumbo de la economía. La composición del Congreso sigue siendo la misma, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Durante todo 2015, Dilma Rousseff intentó aprobar reformas en el Congreso, para hacer disminuir el gasto público. El Legislativo, por su lado, votó por su propia iniciativa –y en particular, a propuesta del ex presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha (investigado por el STF por lavado de dinero, corrupción activa y evasión fiscal)– un aumento desmesurado del gasto corriente de gobierno, con el objetivo de volver inviable la gestión de la primera presidenta de Brasil. Si bien Michel Temer ha sido, en dos ocasiones, presidente de la Cámara de Diputados, su liderazgo político será en todo momento puesto a prueba por los líderes de los partidos que decidirán, en los próximos días, si se adhieren o no al equipo gubernamental del sustituto de Rousseff. Esta tensión dentro de la coalición gubernamental no sólo se explica por el funcionamiento institucional brasileño, que como lo hemos señalado presenta múltiples deficiencias, sino también por la falta de legitimidad de Michel Temer. En efecto, un segmento no despreciable de la sociedad brasileña no reconoce a este último como un “presidente legítimo”. Para 60 por ciento de los brasileños, según una encuesta publicada por el periódico Folha de São Paulo hace dos semanas, Michel Temer debería renunciar también a su cargo como vicepresidente de la República. En pocas palabras, si bien el presidente honorario del PMDB puede tener el apoyo de la mayoría de los políticos en el Congreso, tendrá mucho más dificultad en obtener el apoyo de los brasileños, en un momento en que la crisis económica continúa provocando despidos, con un aumento de la crisis económica. En el célebre libro El Gatopardo, Giuseppe Lampedusa decía que “todo ttiene que cambiar para que nada cambie”. El problema es que tal vez en esta ocasión la opinión pública no esté de acuerdo.* Director Ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París.

Twitter: @Gaspard_Estrada