Después de la euforia de la victoria, los defensores de la salida del Reino Unido de la Unión Europea comienzan a dar señales de preocupación. En efecto, hasta el día de la votación, el pasado jueves 23 de junio, ni siquiera los líderes de esta campaña, como el ex alcalde de Londres, Boris Johnson, o el presidente del partido independentista del Reino Unido (UKIP) Nigel Farage, pensaban que ganarían su apuesta. Por ende, por más sorprendente que esto pueda parecer, este equipo de campaña no preparó ningún plan concreto de salida de la isla del bloque europeo. Es más, un día después del referéndum, Farage tuvo la osadía de aceptar que había mentido a sus electores sobre el supuesto destino de la contribución británica al presupuesto europeo hacia el seguro social. Mientras tanto, los principales indicadores de la economía de la isla se fueron a la baja, ya sea la libra esterlina, la bolsa de valores o los indicadores de confianza en el futuro de la economía. Es decir, las consecuencias políticas y económicas de la salida del Reino Unido han comenzado a sentirse, sin que exista una estrategia clara de parte del gobierno.
En el plano de la Unión Europea, los líderes de los principales Estados-miembros han comenzado a reaccionar. Contrariamente a lo que se pudo pensar en un principio, tanto Francia como Alemania e Italia, han reclamado públicamente al gobierno del Reino Unido que pida formalmente al Consejo de Estados de la Unión su salida del bloque, para llevar a cabo las negociaciones políticas y administrativas de esta salida. Por el momento, al mandar esta señal de unidad y, por ende, exhibir las contradicciones de la clase política inglesa, los dirigentes de la Unión Europea han conseguido ganar tiempo. Sin embargo, esto no quiere decir que el proyecto europeo esté viento en popa; por el contrario, el impacto de esta crisis institucional será duradero, si las más altas autoridades no toman decisiones estructurales para reencauzar el proyecto político. La Unión Europea vive desde el 2005 una sucesión de crisis, ya sea político-institucionales (como ahora o en 2005, cuando el pueblo francés decidió decirle No al proyecto de Constitución de la Unión Europea); económicas (como la vivida en los países del sur de Europa España, Portugal y Grecia desde 2008); o sociales (pensamos en la reciente crisis migratoria en todo el continente). Es decir, la narrativa de la construcción de la Unión Europea como un ente de progreso social y económico se ha fragilizado al punto que no pocos analistas se preguntan si el proyecto integracionista vivió el comienzo de su fin en 2015, con la conjunción de las crisis política, económica y social en el continente.
Una traducción concreta de esta parálisis puede percibirse en la reacción de los Estados-miembros a la oportunidad –única– de ver repatriar una buena parte del sector financiero europeo en el seno de la Unión Europea. Ciudades como París, Frankfurt, Milán o Madrid han iniciado fuertes campañas de cabildeo en Londres para vender estas ciudades como “destinos seguros” a inversionistas con intereses en la Unión Europea. Cada una por su lado. Es decir, con el fin de Londres como capital financiera de la Unión Europea, se abre una época de competencia política y económica entre las principales metrópolis del bloque, que tardará años en definirse. En vez de elaborar una estrategia común, integral, consensuada políticamente por todos los Estados-miembros, cada uno va por su lado, lo cual no permitirá al final del día a la región disponer de una capital financiera estable, que esté en capacidad de competir con Wall Street en Estados Unidos, por ejemplo. Esperemos que esto pueda cambiar en el corto plazo.

* Director Ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París.
Twitter: @Gaspard_Estrada