Para Antonio Tenorio Adame.

Cuál será el destino de las tierras ejidales y comunales que ahora comprenden una diversidad de factores y un alto valor de mercado. La respuesta, por principio, debe ser articulada por los sujetos agrarios dueños de la tierra. No es asunto exclusivo de legisladores, de lobistas, empresarios o gobernantes, son los sujetos agrarios depositarios de la jurisdicción de la materia en la agrariedad que pudimos entender en el periodo cardenista, esto es, el acceso a la tierra concomitante con los diversos factores de su inscripción en la actividad económica y los mercados dentro del proyecto nacional.
La justicia agraria de la revolución fue para con los campesinos y la nación, fue para la familia rural y el desarrollo de la industria y los mercados. En la actualidad la tierra tiene una posibilidad múltiple con todo el nuevo patrón tecnoproductivo y de consumo que puede ser industria agrícola, industria extractiva, industria de transformación, industria turística, industria de la construcción (infraestructura y vivienda) o industria de servicios diversos incluidos estratégicamente los ambientales (suelo, agua, aire) etcétera, siempre que se haga con el cruce de los criterios obligados de sustentabilidad con los recursos naturales, de equidad de género y relevo generacional.
Estamos configurando los elementos y términos de la nueva agrariedad. Existen los dueños de la tierra y son los ejidatarios y comuneros que, como sujetos agrarios, encarnan una posibilidad de nuevo despliegue productivo del campo mexicano que se corresponde con una posibilidad diversa de mercado en el plano interno y externo de México. Existen grandes capitales que desde distinto origen se interesan por los elementos comprendidos en el nuevo valor de la tierra. Pero los dueños de la tierra están en desventaja de la gestión de negocios que les son propios como consecuencia del desplazamiento al que fueron sometidos desde hace 50 años, mas no es solamente un asunto de disminución de actitudes, que las hay, en realidad están disminuidos porque hay una atomización de los sujetos aun dentro de los núcleos agrarios y una franca asimetría de las condiciones de negociación con el gran capital que no se presenta de manera explícita y directa sino a través de representaciones, gestores o transfiguraciones que alcanzan congresos y estructuras de gobierno.
La nueva agrariedad debe entenderse como el replanteamiento de la jurisdicción agraria, el reposicionamiento del espíritu constituyente en el marco jurídico que ampare a los sujetos agrarios mediante la conformación de esquemas compensatorios respecto de la asimetría de gestión entre los dueños de la tierra y los interlocutores del capital nacional y extranjero. No es acceso a la tierra para la recepción de apoyos gubernamentales meramente, tampoco es facilitación simple de enajenación de las tierras para la prosperidad de los negocios del capital, se trata de reconocer la agrariedad en el complejo de la nueva era tecnoproductiva y de los mercados nacional y global inscritos en un proyecto de cambio verdadero. Los sujetos agrarios deben ser dotados y acompañados por la jurisdicción agraria para resolverse con libertad, pero sin desventaja en fórmulas de convergencia con los capitales públicos y privados cuando así lo consideren, teniendo un lugar preminente en las mesas de gestión.
Entendemos el momento como una oportunidad de abrir una reflexión amplia desde los núcleos agrarios, los foros académicos, los medios de comunicación impresos y electrónicos y los congresos. No es sólo un asunto de la propiedad en la que estén emplazados campesinos y abogados o congresistas y empresarios. Es un asunto cuya amplitud y trascendencia implica a la sociedad nacional desde sus diversas áreas y plataformas de interés y análisis. En estas líneas (La disputa por la tierra I, II y III) sólo queremos colocar un preámbulo de los contenidos con los que se debe de abrir la reflexión y el debate. La perspectiva es de una nueva legislación sobre los usos de la tierra en su acepción más amplia sin perder de vista a los dueños de la tierra, a los campesinos, a los ejidatarios y comuneros como principales beneficiarios y al desarrollo nacional como consecuencia.
Lo cual significa que habremos de discutir sobre el valor de uso y el valor de cambio que la tierra tiene en el contexto tecnoproductivo del siglo XXI, donde los mercados y la economía quedan envueltos por los criterios de sustentabilidad, equidad de género y derechos humanos, y por tanto, todos sus elementos convergentes deben resolverse, en acoplamiento, como partes de un derecho exigible en cualquiera de sus componentes, donde los esquemas compensatorios no sólo habrán de otorgar condiciones físicas y técnicas de gestión en los negocios sino de carácter eminentemente jurídico para la gestión política y social de un nuevo arreglo económico, que presupone una relación de Estado más allá de la ayuda subsidiaria que siempre será bienvenida para los que menos tienen, pero que no presupone el reposicionamiento de los sujetos agrarios como agentes de la economía de cambio en la perspectiva del desarrollo de las capacidades en el nuevo entramado tecnoproductivo, la generación de nuevos productos, la ampliación del mercado.
No existe país desarrollado con un campo atado a la producción de materias primas y alimentos por medio de infraestructura y técnicas de la tradición precapitalista sin que esta expresión permita su asociación maniquea a la defensa de la gran propiedad, la tecnificación rapaz y la nociva manipulación genética cuando así se prefigura sin responsabilidad socioambiental alguna. Quienes ven en la procuración de la mejora tecnoproductiva y de gestión de negocios un adversario para la agenda actual del campesinado, lo hacen en la colocación de un argumento defensivo que tiene su justificación política en la crítica del avasallamiento de los grandes monopolios de las empresas de maquinaria y agroquímicos y, en tal sentido, cumplen un papel contencioso muy loable, pero en sentido estricto, no podemos concederle un papel estratégico a este esquema argumental. No es un posicionamiento que pueda esgrimirse bajo los mismos términos en una discusión en el seno del pueblo o, dicho de otra manera, no sirve para erigir una política de Estado cuando se presupone un gobierno que sirve a la transformación para enfilar hacia desarrollo en el mundo actual.
Quienes ahí se anclan para entender las posibilidades del campo mexicano no alcanzan a ver la necesidad y alcances de la nueva agrariedad. Prefiguran una falsa disyuntiva entre tradición y modernidad, entre técnica y cultura y, más aún, entre naturaleza y desarrollo. Flaco favor le hacen al proyecto de transformación y a los campesinos de México. Precisamente el desarrollo sustentable nos desafía a construir una ecuación que supere el dilema y ennoblezca la respuesta. El desarrollo va, esa es la naturaleza humana y su verdadero desafío es procurarlo bajo una forma de mejor aprovechamiento sin poner en juego la resiliencia de los recursos naturales cuanto más la del hombre, pero el desarrollo va.
Es menester poner la mirada y salir al paso de la discusión agraria y agropecuaria, agroindustrial y de diversificación de los usos del suelo con una estrategia de cambio, en las formas de organización y de relación del Estado-gobierno con los dueños de la tierra, con base en una agrariedad que escape al economicismo de las ayudas, y permita perfilar la nueva perspectiva del campo mexicano o, de lo contrario, la reindustrialización y el desarrollo, cuando se enfile, no podrá correr su mejor posibilidad teniendo los pies atrapados en el barro y la desigualdad.