Uno de los más perseguidos y preciados anhelos del Movimiento de Regeneración Nacional, antes inclusive que se formalizara como partido político, es la democratización del Poder Judicial de la Federación, el único poder de la Unión, de la República, que nunca se sometió al escrutinio o la voluntad popular de los ciudadanos. Tuvo que pasar toda la etapa de independencia y posteriormente de la revolución para que fuera, primero pensado y proyectado, y ahora factible la elección de ministros, jueces y funcionarios responsables de la impartición de justicia.
Para todos los mexicanos es conocido, pero en especial para el gremio de los abogados, que el Poder Judicial vivía en un coto intocable y casi inaccesible, con privilegios en sus condiciones laborales –merecidas en un importante porcentaje de los casos–, pero también en un proceso de descomposición producto de la corrupción, el nepotismo y un sistema legal en muchos temas rebasado por la modernización y la tecnificación de la sociedad.
Se reconozca o no, es en buena medida responsabilidad de ministros, magistrados y jueces el imperio de la justicia y la no tolerancia a ningún tipo de delito. La impunidad se da cuando los responsables de hacer justicia atienden presiones o intereses ajenos al estricto cumplimiento de la ley y que quien la viole, en cualquier aspecto, debe pagar las consecuencias de sus actos, independientemente de su condición económica, política o social, como hasta hoy prevalece y en donde los malos ejemplos sobran.
Desde que se planteó que los miembros del poder judicial de la federación sean electos por voto directo de los ciudadanos se generó una sacudida que todavía durará hasta que los ánimos políticos, ideológicos y sobre todo partidistas se tranquilicen, se serenen, y los funcionarios electos asuman no sólo los cargos sino ejerzan la responsabilidad que se les ha asignado. De este modo serán electos 881 cargos del Poder Judicial, mediante la instalación y funcionamiento de más de 84 mil 200 casillas y más de un millón 600 mil ciudadanos que recibirán y contarán los votos. Como en cualquier proceso democrático el mayor riesgo y adversario es el abstencionismo alentado por quienes, de entrada, desacreditan cualquier acto en el que participe la mayoría de los ciudadanos.
Para los adversarios de Morena y el movimiento de la 4ta Transformación el caos, el imperio de la injusticia y todas las anomalías habidas y por haber se atribuirán a este novedoso proceso, pero sin duda la construcción de una democracia en permanente proceso de maduración será benéfico sin duda.
Al cumplirse el primer semestre del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se inició el periodo de campañas para la elección que en dos meses refundará el Poder Judicial de México, con lo que nuestro país se pone a la vanguardia en las prácticas democráticas en todo el mundo, pues todos los altos puestos de los tres poderes que conforman el gobierno mexicano serán ahora electos de manera directa y transparente por el pueblo.
Somos pioneros en esa participación popular que ocurre de manera integral. Con ello se busca que los impartidores de justicia tengan una real independencia y una mayor legitimación, pues sus cargos provendrán de la decisión de los ciudadanos y no de cuotas partidistas ni de prebendas ni privilegios de un sistema presidencialista. Con ello terminará la era de una cofradía dorada, hermanada por la corrupción, que ha detentado innumerables privilegios, y que tenía la justicia como la última de sus prioridades.
Es notable que tanto la aprobación de la reforma constitucional que posibilitó este cambio trascendental, como el proceso de registro de aspirantes y conformación de las candidaturas, en la que tuvieron la posibilidad de intervenir los tres poderes, se pudieron llevar a cabo en tiempos muy reducidos, y que la organización electoral se ha instrumentado sin los excesos y derroches que han caracterizado otras elecciones. Eso también es una experiencia y una premisa para el futuro.
El antecedente inmediato, por supuesto, fueros los comicios en que la doctora Sheinbaum obtuvo la presidencia del país, con una participación popular sin precedente y una votación mayoritaria para su persona y su partido, lo que dio la posibilidad y la legitimidad para emprender ésa y otras reformas de gran calado.
El camino recorrido se ha logrado no sin polémicas y controversias, lo cual es natural dada la relevancia de la transformación planteada. Pero se le ha dado a la elección del 1o. de junio todo el sustento constitucional y legal requerido, y se llegará sin duda a una jornada electoral pacífica y ordenada.
Es además notable que todo lo anterior tenga lugar en un escenario político de gran incertidumbre, introducida por la beligerancia que desde Estados Unidos se ha desatado contra México y otras naciones con la segunda presidencia de Donald Trump. Frente a ello, la estrategia del gobierno de la Presidenta se ha desplegado con una gran inteligencia, que ha sido reconocida en diversos ámbitos nacionales e internacionales, incluso por la propia Casa Blanca, con lo cual se ha impedido que la relación bilateral y regional sufra daños mayores, y ha protegido el desarrollo de los proyectos nacionales que están en marcha, como éste de la reforma judicial. En los siguientes dos meses veremos el despliegue de las campañas de quienes aspiran a ser electos como jueces, magistrados o ministros. Cabe reiterar que es algo que no se ha visto en México ni en el mundo, de lo cual se desprenderán múltiples aprendizajes.
En Guerrero, como en todo el país, tendrá lugar este proceso electoral judicial. Aquí también ya se iniciaron las campañas, y los electores guerrerenses emitirán su sufragio para treinta y nueve cargos de entre ciento veinte candidatos, entre ellos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistraturas de diversos tribunales, y la mitad de los jueces de distrito y magistrados de circuito. Junto a ello, en Guerrero lamentablemente, persisten los claroscuros a los que nos hemos referido reiteradamente.
Mientras la gobernadora Evelyn Salgado puede presumir que la entidad tiene la tasa de desempleo más baja del país, de poco más de un punto porcentual, menos de la mitad del promedio nacional de 2.6 por ciento, y Acapulco vuelve a brillar como destino turístico al registrar ocupaciones hoteleras superiores al ochenta por ciento, una vez superada en lo esencial la emergencia por los fenómenos climatológicos de los pasados años, la violencia y la criminalidad se mantiene como el gran conflicto regional.
Sólo para mencionar los más recientes acontecimientos del fin de semana, se registró en Zapotitlán Tablas una emboscada en que fue asesinado el líder regional del Partido del Trabajo, Juvenal Calleja, junto con su esposa y otros tres integrantes de su familia, entre ellos un niño de seis años; un comando armado asesinó a un turista e hirió a otro en un hotel costero, y un trabajador del IMSS fue ejecutado al salir del nosocomio donde trabajaba.
En este rubro es urgente cerrar un círculo. Aunque no es el único factor, el abatimiento de la delincuencia requiere de una impartición de justicia eficiente, sin corrupción, que garantice simplemente que quien la hace la pague. Para allá podemos ir, poco a poco y si todo sigue apoyado por la mayoría de los mexicanos.