En el nuevo debate de la semana pasada los enemigos de la 4T acusan al presidente López Obrador de oponerse al empleo de las energías limpias para el abasto nacional de energía eléctrica.
La acusación sin fundamento proviene de empresarios que han hecho jugosos negocios con la generación de energía eólica y solar que venden a la Comisión Federal de Electricidad en condiciones ventajosas para ellos y en perjuicio de la empresa nacional y de los consumidores.
Sólo quienes creen ingenuamente que los dueños de las Centrales de Energías Limpias de veras se preocupan en el cuidado del medio ambiente y en mantener bajas las tarifas de luz eléctrica pueden darle la razón a esos empresarios que han puesto el grito en el cielo porque el gobierno federal ha decidido revisar el precio de la energía que entregan a la CFE.
El gobierno federal ha emprendido esa iniciativa por considerar que resulta injusto que mientras él está tomado medidas de austeridad para disponer de recursos extraordinarios para enfrentar la pandemia sin endeudar el país, haya empresas que sin estar exentas de corrupción siguen teniendo privilegios, al grado que gozan de preferencia en el precio y la compra de su producto, relegando en el trato a la energía que producimos.
Esta situación de privilegio que tienen las empresas extranjeras es resultado de la política entreguista de los gobiernos neoliberales quienes a cambio de jugosas tajadas del beneficio que deja el sector no dudaron en entregar un recurso estratégico como la energía en manos ajenas.
Quienes acusan con tanta vehemencia al gobierno de la 4T de estar en contra de las energías limpias, olvidan que la propia CFE genera en sus plantas hidroeléctricas energía de la misma calidad y tiene una capacidad instalada capaz de producir 80 mil megawatts cuando el consumo actual ronda por los 50 mil, por lo cual se propone tener el mismo trato que se da a los empresarios privados, que es lo menos, pues tenemos derecho como país no solo a establecer control sobre los bienes estratégicos para garantizar nuestro desarrollo, sino la política de precios en beneficio de los propios mexicanos, pues tanto el sol como la ventolera son recursos que la naturaleza nos ha regalado, como se ve en la Ventosa, en la región del istmo saturada de ventiladores.
El “Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN)” publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 15 de mayo establece, en resumen, la suspensión de pruebas en las Centrales Eléctricas con Energía Limpia hasta establecer un nuevo trato en la relación comercial.
Los opositores a la medida (que incluye a inversionistas de Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea, además de siete gobernadores y empresarios que se han enriquecido con el jugoso negocio de venderle su producción a la CFE a precios y condiciones preferenciales) han argumentado que con esa medida el gobierno de la 4T renuncia al uso de energías limpias y con ello a la posibilidad de generar electricidad más barata, como si los productores privados se caracterizaran por mantener los precios de su producto a la baja.
Los inversionistas y sus representantes han puesto el grito en el cielo contra la iniciativa del gobierno federal no porque vean en riesgo el jugoso negocio que hacen en México tratando de chantajearlo con el argumento de que eso es una mala señal para futuras inversiones y se corre el riesgo de perder muchos empleos, sino para mantener sus privilegios.
A esta oposición en la que están participando casi todos los medios de comunicación con verdades a medias, se incluye al periódico inglés Financial Times que acusa al gobierno mexicano de querer regresar al pasado, como si eso estuviera prohibido, si fuera el caso.
Internamente en el país lo menos que han dicho quienes se sienten ofendidos por la medida que pretende que la CFE tenga prioridad en el suministro de la energía eléctrica, dicen que se afectará la renta de tierras (seguramente se preocupan por las grandes inversiones ligadas a políticos que a través de prestanombres han entrado al negocio de compra de ranchos para rentarlos a esas empresas que pagan entre 23 y 25 mil pesos mensuales por cada ventilador instalado), lo cual ha generado también una alta especulación de terrenos donde los negocios sucios no los hacen precisamente los campesinos ejidatarios o comuneros.
Para ganar adeptos a su causa los empresarios destacan que sólo de la Unión Europea su inversión en ese campo es de 6 mil 400 millones de dólares, y sus representantes aluden que actualmente están en riesgo por la medida anunciada 44 proyectos de nuevas Centrales de Energía Limpia que se han establecido en más de la mitad del territorio nacional.
El presidente de la República ha dicho que la medida tomada por su gobierno no cancela ningún proyecto y tampoco significa una estatización de la energía eléctrica, pero consideró que es injusto que mientras todos nos ajustamos a un régimen de austeridad por la contingencia del coronavirus haya empresas como las del sector energético que quieren a toda costa mantener los privilegios que tenían con el gobierno neoliberal.
Para darnos una idea del negocio que han hecho en nuestro país con las energías limpias se sabe, por declaraciones de los propios representantes empresariales, que la Unión Europea tienen registradas 18 mil empresas en el sector, con una inversión acumulada de 160 mil millones de dólares que representan el 29 por ciento de la inversión extranjera en el país.
Ahora todos amenazan con amparos para que el gobierno recule en su decisión y hasta el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Lomelí da consejos al gobierno para aprovechar la actual situación que enfrenta a los gobiernos de Estados Unidos y China, haciendo negocios con la venta barata de energía a las empresas norteamericanas.
Pero ha sido la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle quien ha insistido en que el gobierno federal tiene que velar por la seguridad energética del país, enfatizando que el Sistema Eléctrico Nacional es de interés nacional, no privado y que es responsabilidad de Estado velar por que haya orden en esa área estratégica aclarando que el gobierno mexicano no está en contra de las energías renovables, e incluso, éstas no desaparecerán con el acuerdo.
Por eso es una falacia acusar a la 4T de estar en contra de la generación de energías limpias cuando de lo que se trata es poner freno a los negocios sucios que se ocultan bajo la apariencia de limpio.