Sin darle la debida importancia a las medidas sanitarias que tienen que guardar para prevenir el contagio del Covid-19, y reeditando las viejas prácticas partidistas, del acarreo de las clientelas políticas, este domingo 4 de abril arrancó la campaña electoral para las diputaciones locales.
Con la cancelación del registro por parte del INE a Félix Salgado Macedonio como candidato a gobernador de Guerrero, el proceso electoral adquirió mayor interés en el plano nacional. En primer término, por la indignación y las protestas que generaron las denuncias por violación sexual. Ante la interpelación pública al candidato y al partido Morena, la Comisión Nacional de Elecciones de este instituto, se encargó de ratificar la candidatura de Félix Salgado, arguyendo que el pueblo de Guerrero, “evaluó y tomó la decisión”, al resultar el mejor posicionado en la segunda encuesta que aplicaron. Con este escollo mejoró su popularidad, sin embargo, antes de cumplir las dos semanas, en las que pudo recorrer las principales ciudades de las siete regiones del estado, el Consejo General del INE sancionó a Félix Salgado retirándole la candidatura, por no presentar ingresos ni gastos de su precampaña.
Esta determinación de la autoridad electoral ha movilizado a los seguidores de Félix, quienes con la presión social esperan que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación falle a su favor. Estas tormentas políticas que iniciaron al interior del partido, por la disputa de la candidatura con Pablo Amílcar Sandoval, el futuro de Félix ahora pende de lo que determine el Tribunal Electoral.
Paradójicamente su descarrilamiento como candidato, le da mayor fuerza y legitimidad frente a sus simpatizantes, como sucedió el pasado miércoles 31 de marzo en Chilpancingo, donde llegaron amplios contingentes de todas las regiones para manifestar su apoyo. El mismo INE, sin pretenderlo, se transformó en el principal impulsor de su campaña, al vetarlo como candidato. Focalizó el proceso electoral en su figura y opacó las demás candidaturas.
Lo que determinen los magistrados y magistradas del tribunal electoral, será clave, porque marcará el rumbo que tomará esta contienda política. La situación de Guerrero es complicada por todos los problemas que se han acumulado entre los diferentes sectores de la población. Preocupa mucho en este proceso electivo, que al interior de los partidos políticos se impongan candidatos por parte de los dirigentes, que se manejan bajo parámetros que no corresponden a los intereses de la población. Las disputas por las candidaturas se dirimen por el “toma y daca” de los jefes de cada tribu. Son intereses facciosos y mafiosos, porque se ha perdido ya la línea limítrofe que debe existir entre los principios y valores que rigen a los institutos políticos, con los intereses económicos que rayan en la ilegalidad. En esta opacidad es donde se infiltran los grupos de la delincuencia organizada, que de por sí se encuentran enquistados en las estructuras gubernamentales. A las cúpulas partidistas que se encuentran obsesionadas en ganar más cargos, porque representan poder y dinero, no les interesa pactar con grupos de la delincuencia, porque se trata asegurar negocios al costo que sea.
Estas realidades que se han venido urdiendo por varios años, no son discutidas ni analizadas por las autoridades electorales. A pesar de que se tiene información sobre este entramado delincuencial, no se han tomado acciones firmes que corten de tajo estas alianzas políticas y operaciones económicas. La fiscalización de los recursos que manejan los partidos políticos todavía no llega a las fuentes del financiamiento que varios candidatos y candidatas obtienen por vías ocultas. Aún falta mucho sanear las finanzas de los partidos y sobre todo romper con los cotos de poder que están bien afianzados entre los dirigentes. Cada día es más evidente que se requieren padrinazgos y recursos económicos para aspirar a alguna candidatura. Se manejan de manera facciosa. Hay que ser leal al jefe para que pueda corresponder con algún cargo. La ausencia de la democracia es lo que predomina al interior de los partidos, por lo mismo no pueden ser garantes de una verdadera transformación de nuestro sistema político. Son más bien los diques que impiden que los ciudadanos y ciudadanas sean los verdaderos actores políticos, que rompan con estas jerarquías y controles que sólo monopolizan el poder y el dinero.
El desencanto es mayor entre la población que se maneja al margen de los partidos, porque no ha visto cambios cualitativos en los procesos electivos. Las campañas reproducen los mismos métodos de compra y coacción. Los presidentes siguen manejando los programas públicos de manera clientelar. Hay niveles que denigran a las personas, porque por unas láminas o despensas, compran el voto. Los amedrentan y condicionan para mantener el vasallaje político, sin que les importe los altos índices de desnutrición, analfabetismo y desarrollo humano.
Esta precariedad económica que padece el pueblo de Guerrero es producto de ese atraso de la clase política, que carece de cultura democrática y que más bien es cómplice de la tragedia que enfrentamos cotidianamente.
Los grupos de poder y los ahora candidatos difícilmente logran construir un discurso serio, que esté bien fundamentado, que cuenten con un diagnóstico claro de los problemas más graves que enfrentamos. Rayan en la improvisación y en dichos comunes con un lenguaje vacuo y demagogo. No les interesa armar una agenda que se nutra de lo que plantea la población, mucho menos propician espacios para el debate y la construcción de propuestas. Todo es improvisación, ruido, matracas y porras, para ocultar la falta de propuestas claras, de reflexiones profundas, de planteamientos estratégicos.
El lenguaje se diluye en afirmaciones generales, con promesas vanas para conseguir el aplauso recurrente. Para los candidatos y candidatas, la campaña debe girar en torno a sus personas. Están muy lejos de entender que su ejercicio democrático debe de centrarse en los ciudadanos y ciudadanas, que tienen muchas cosas que decir y proponer. De poder identificar a la diversidad de sujetos pensantes, que tienen historia y cultura. Que enfrentan problemáticas añejas que no han sido atendidas, que tienen un gran potencial para detonar acciones que modifiquen las relaciones asimétricas. Hay sectores que simplemente requieren ser escuchados, tener voz en las reuniones y reconocerlos como parte del cambio.
Con mucha frustración constatamos cómo los candidatos y candidatas no se interesan a hablar con las víctimas de la violencia, con los colectivos de familiares de personas desaparecidas. Con familias desplazadas, Con luchadores y luchadoras sociales que tienen muy claro cuáles son los problemas estructurales que enfrentan las poblaciones campesinas e indígenas. Se requiere tomar muy en serio a los movimientos feministas que están cuestionando de fondo el poder patriarcal que se ejerce en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Su lucha viene de lejos y además han padecido la violencia más cruenta, como los feminicidios que se han incrementado en nuestro estado. Es un foco rojo que no ha sido atendido por las autoridades, a pesar de que se han declarado dos alertas de violencia de género.
Un problema que desangra a las comunidades agrarias son los conflictos por la tierra. Se trata de conflictos de larga duración, que a nivel estado los han postergado y dejado estallar, con el argumento de que son asuntos de índole federal. Hasta la fecha no hay un mecanismo que impulse el gobierno del estado para que la federación atienda con prontitud estos problemas. Es lamentable la manera como les dan atención. Todos se reduce a firmar minutas y a agendar reuniones con algunos funcionarios, para desactivar momentáneamente los conflictos.
La situación del campo es deplorable. Hay regiones que han estallado con la guerrilla por esa desatención ancestral y esa acción brutal de los cuerpos de seguridad. Han dejado en total abandono a estas regiones obligándolas a depender de cultivos ilícitos que es el negocio de muchos grupos de poder, de políticos encumbrados, de jerarcas militares, jefes de la policía que han pactado desde hace décadas con cárteles del narcotráfico, para hacer del campo guerrerense un negocio sostenido con las armas, amasando dinero a costa de la violencia de los trabajadores y trabajadoras del campo.
Quisiéramos escuchar planteamientos de cómo van a atender los estragos de la pandemia. Qué planes hay que hacer para prevenir el contagio y atender a la población enferma. Cómo resolver el añejo problema de la salud en las comunidades rurales y en las periferias de las ciudades. Cómo garantizar la atención primaria de la salud a toda la población del estado. ¿Será que el destino de las y los guerrerenses, sea morirnos temprano por falta de médicos, medicinas y hospitales? ¿Qué las muertes maternas y por desnutrición infantil sigan siendo parte de la maldición de la malinche?
¿Por qué los diputados y diputadas de las diferentes legislaturas se han opuesto a reconocer los derechos de los pueblos indígenas? ¿Por qué se ostentan como los colonizadores, como los que tienen que decidir qué derechos pueden otorgarnos? Esas posturas racistas y etnocéntricas dejan entrever su falta de visión como verdaderos legisladores del pueblo y su gran distancia con el pueblo combativo de Guerrero. ¿Será que todos los candidatos y candidatas tendrán las agallas y el compromiso para atender el clamor de justicia de la gente trabajadora de Guerrero? Lo vemos muy difícil, porque está claro que con esta clase política, en lugar de salir adelante nos han hundido más en la pobreza y la violencia. Este modelo partidista ha sido para seguir lucrando con la representación política que dicen tener del pueblo, manteniéndose ajenos y distantes de la lucha social. El verdadero cambio no está en la gresca electoral, sino en la organización comunitaria que de manera autónoma lucha por constituirse como sujetos que defienden sus derechos para buscar el beneficio de la colectividad.