Ante la fuerte crítica de los colectivos de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos; de organismos de la sociedad civil; así como la preocupación mostrada por diversos representantes de la ONU, como el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria; el grupo de trabajo sobre detenciones forzadas o involuntarias; la relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; el relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; el relator especial sobre la situación de defensores de derechos humanos y el relator especial sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, el Senado de la República, a traves de la Comisión de Puntos Constitucionales, ha convocado para esta semana a un debate sobre la Guardia Nacional, como lo exigieron los partidos de oposición PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano.
La discusión de la minuta enviada por la Camara de Diputados a la de Senadores para aprobar la Guardia Nacional, se realizará en Parlamento abierto, para que participen tanto especialistas y organizaciones civiles, como víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos. La grave preocupación que existe ante el proyecto de reforma constitucional, es que su aprobación tal como fue avalada por los diputados “daría carácter permanente a un esquema de seguridad pública militarizada”. Así lo manifiestan seis mandatos de la ONU que el pasado 4 de febrero enviaron a las senadoras, senadores, diputadas y Diputados, que advierten que “en el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados, se incluye a la Guardia Nacional como una institución de seguridad pública de carácter y direción civil. Sin embargo, permanecen en el dictamen componentes del orden militar, tales como: el papel de los jefes del Ejército y la Armada en el liderazgo y el funcionamiento de la Guardia Nacional (“Junta de Jefes de Estado Mayor”); el reclutamiento, ascenso y entrenamiento de sus integrantes bajo mando militar; y la naturaleza tripartita de la institución, conformada por elementos de la Polícia Federal, Polícia Militar y Polícia Naval”.
Así mismo a los relatores y grupos de trabajo de la ONU les preocupa “la expansión de la jurisdicción militar para investigar y sancionar delitos cometidos por integrantes de una institución que se define como civil… También les preocupa la posibilidad de que las personas puedan ser detenidas en instalaciones militares”. Por ello exhortan al Congreso de la Unión a que atienda sus preocupaciones y recomedaciones en sus deliberaciones con respecto a esta propuesta. Insisten en la necesidad de restringir al máximo la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad, de separar debidamente las funciones policiales de las funciones militares, así como garantizar la rendición de cuentas para las violaciones de derechos humanos cometidas por sus integrantes. Reiteran también su disposición para asistir al Estado Mexicano en sus esfuerzos para fortalecer el marco legislativo e institucional del país.
Guerrero es uno de los estados más militarizados de México, no sólo por la estrategia implantada por el entonces presidente Felipe Calderon Hinojosa, quién le declaró la guerra al narcotráfico al principio de su mandato, sino desde Luis Echeverría, que en los años 1970 envió al Ejército para sofocar a la guerrilla, generando una de las crísis humanitarias más graves que se han vivido en la entidad con la desaparición forzada de centenas de personas que fueron detenidas por militares y que hasta la fecha las autoridades no han investigado. Estos crímenes se enmarcan dentro del periodo que se conoce como la “Guerra Sucia”. Lo más grave es que se mantiene un continuum de impunidad, porque persisten esas prácticas dentro de la estrategía bélica de la seguridad pública. Ha sido tan drámatica la situación que enfrentamos, que los mismos familiares de víctimas y organismos civiles han tenido que litigar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) para denunciar al Ejército Mexicano por la desaparición forzada de Rosendo Radilla en Atoyac; los casos de tortura sexual que cometieron contra las indígenas Valentina Rosendo e Inés Férnandez en la región de la Montaña y la tortura a la que fueron sometidos Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera dos campesinos ecólogistas de la sierra de Petatlán.
El caso del joven Bonfilio Rubio Villegas, indígena nahua originario de Tlatzala, municipio de Tlapa, que fue ejecutado extrajudicialmente por elementos del Ejército mexicano en 2009 en un retén militar ubicado en Huamuxtitlán, se encuentra en proceso de admisibilidad en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ante la negativa de las autoridades civiles de investigar a fondo a los soldados que fueron responsables de la ejecución de Bonfilio. A pesar de que en agosto del 2012, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el inciso A de la fracción II del artículo 57 porque va en contra del artículo 13 de la Carta Magna, que señala que “los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo, podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército”, en los hechos, y ahora con la nueva propuesta de reforma constitucional que crea la Guardia Nacional, se sigue expandiendo la jurisdicción militar, en detrimento de los derechos humanos de la población.
Por otra parte, el colectivo #SeguridadSinGuerra conformado por más de 300 organizaciones y personas que acompañan a víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos (de la que forma parte Tlachinollan), el pasado 7 de febrero propusimos una alternativa de dictamen para la creación de la “Guardia Nacional Civil” que asegure que se trate de una institución civil. Partimos de que el problema de la inseguridad y la violencia que vive el país es sumamente grave, sin embargo, no compartimos la propuesta que envió la Cámara de Diputados al Senado para la aprobación de la Guardia Nacional, porque busca perpetuar la militarización de la seguridad y la vida pública, constitucionalizándola.
Estamos convencidos de que el uso de las fuerzas armadas en labores de seguridad debe ser excepcional, temporal, fiscalizable y basado en criterios de convencionalidad, tal y como lo estableció la CoIDH en la sentencia del caso Alvarado, que condenó al Estado Mexicano por la desaparición forzada de tres personas a cargo de elementos del Ejército. Por ello cualquier decisión debe darse dentro del marco constitucional vigente, de lo contrario continuaremos con una política de seguridad que escalará más la violencia y regularizará el paradigma militar de la seguridad pública que va a contracorriente del proceso de democratización de nuestras instituciones. Para que exista una seguridad duradera que ponga a los ciudadanos y ciudadanas con sus derechos al centro, deben existir controles claros sobre el uso de la fuerza por parte del Estado, deben implementarse mecanismos de control constitucional y ciudadano, que garanticen transparencia y rendición de cuentas.
Con el fin de avanzar hacia una verdadera justicia transicional y de combate a la impunidad, el colectivo #SeguridadSinGuerra ha planteado una propuesta alternativa al paradigma de la seguridad militarizada, tomando como eje siete elementos básicos, que abordan de manera integral los problemas de la violencia e inseguridad que se vive en el país. Se plantea el respeto a la Constitución vigente y los tratados internacionales. La adopción de medidas excepcionales, como el uso del Ejército en tareas de seguridad pública, sólo a partir de los mecanismos ya previstos, tomando como referencia los artículos 29 y 119 de la Constitución que hablan de la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y sus garantías, ante casos de “invasión, perturbación grave de la paz pública…” donde será necesario disponer de las fuerzas armadas como un caso excepcional y extremo. Por otra parte, en el artículo 119 se habla de casos de “invasión o violencia exterior”, “sublevación o trastorno interior”, donde el Ejecutivo federal podrá intervenir con el apoyo del Ejército, para solucionar estos casos con los que no pueden lidiar las autoridades locales. El texto hace alusión a eventos inéditos de naturaleza política y no a un rebasamiento de las instituciones de seguridad pública, como ahora está sucediendo.
Otro eje importante es la reconstrucción del sistema nacional de seguridad pública. Hay la necesidad de convertir este sistema en una institución que funcione con una perspectiva de Estado; que construya políticas de seguridad basadas en evidencia; y que impida seguir repitiendo modelos de seguridad fallidos. Es importante crear un organismo nacional que centralice los procedimientos del desarrollo policial de las corporaciones municipales, estatales y de la Policía Federal. Debe de tener como referencia los estándares definidos en la ley general del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y cuyos componentes son: carrera policial, profesionalización, certificación integral, régimen disciplinario y sistema complementario de seguridad pública. Un cuarto eje es la profesionalización de las policías civiles. Cualquier esquema o cuerpo de seguridad debe ser de mando y disciplina civil, como lo establece el marco constitucional vigente y el derecho internacional aplicable. Un quinto eje es la elaboración de un programa de desmilitarización paulatina de la seguridad pública. Este plan debe incluir a cada entidad federativa y a los mismos municipios, para calendarizar una ruta crítica sobre el regreso de las fuerzas castrenses a las atribuciones que le corresponden conforme al artículo 129 constitucional, para garantizar la normalidad democrática. Se debe también legislar sobre el uso de la fuerza.
Actualmente nuestro marco jurídico no está listo para la adopción de medidas extraordinarias en el ámbito de la seguridad, ya que no existe una ley sobre el uso de la fuerza que regule los supuestos en los que ésta puede emplearse conforme a los más altos estándares internacionales. Un último eje sería el establecimiento de mecanismos complementarios de justicia y verdad. Ante la multiplicidad de las violaciones a derechos humanos y los violentos crímenes de la delincuencia, que han dejado miles de víctimas, se requiere transitar a una fiscalía autónoma, independiente y profesional. También se requiere la creación de un mecanismo internacional complementario para hacer frente a la impunidad, con el fin de sumar capacidades técnicas y dar visibilidad a las redes de corrupción que están arraigadas en el sector público. Una demanda muy sentida por los colectivos de víctimas es la creación de una comisión que les permita conocer la verdad de lo ocurrido como una forma de reparación. Las organizaciones de derechos humanos y colectivos de víctimas estamos preparados para dar el debate en el Senado de la República, sin embargo, se requiere voluntad política para escuchar en su justa dimensión las propuestas de una sociedad agraviada.