Silvestre Pacheco León
Marzo 04, 2019
El jueves pasado, por unanimidad, se aprobó en la Cámara de Diputados la creación de la Guardia Nacional, una corporación civil que se hará cargo de la seguridad del país utilizando transitoriamente a elementos del Ejército y la Marina los cuales actuarán bajo el mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Algunos críticos del régimen actual han encontrado hasta en el voto unánime en el Congreso de la Unión un elemento negativo porque consideran que en los parlamentos democráticos la falta de voces discordantes se aleja de la democracia, lo cual a su modo de ver, le resta calidad al acuerdo de todos los partidos.
No faltó en la opinión de los críticos del nuevo régimen la referencia a quienes sostienen que la unanimidad es sinónimo de autoritarismo y que cuando se da es una muestra de que “alguien ha dejado de pensar”.
Sin estar del todo en contra de ese razonamiento, lo dicho en su crítica me recuerda que en el 2011 en Madrid, uno de los aportes más interesantes del Movimiento de los Indignados contra la opacidad democrática del bipartidismo PP-PSOE y el predominio de líderes y banqueros en el diseño de la política, fueron los nuevos mecanismos que se echaron a andar para hacer eficaz la democracia participativa. Uno de los propósitos de las largas discusiones generadas en el campamento que los Indignados establecieron en la plaza de la Puerta del Sol era la arenga para no repetir los argumentos ni a favor ni en contra cuando los temas de discusión ya estaban claros.
En aras de economizar el tiempo de la discusión y de escuchar las propuestas más inteligentes, cuando sólo quedaban dos puntos de vista a debatir, abrían rondas de participaciones hasta alcanzar el consenso, momento que para ellos era la máxima expresión de la democracia.
Con ese mecanismo democrático y transparente que alcanzaba lo más alto del debate fue que nacieron los movimientos exitosos de aquellos años como Podemos, los Ocupas y Yo Soy 132.
En el Congreso de la Unión, diputados y senadores sentaron un precedente en la política mexicana al tratar el tema que el presidente ha establecido como el punto de partida para la pacificación del país.
Para llegar a ese acuerdo que implica la reforma a la Constitución representantes populares escucharon a especialistas y activistas que insistieron desde el principio en el insano propósito de utilizar al Ejército y la Marina como policías habiendo el antecedente de que en el pasado las instituciones armadas se han dejado seducir por el poder desechando a los civiles, como sucedió en la década de los setentas del siglo pasado en países como Argentina, Chile y Uruguay.
Y los legisladores resolvieron que el organismo en el que piensa el Ejecutivo federal será civil, pero en su integración, transitoriamente, (por cinco años), podrá echar mano de los elementos del Ejército y la Marina, para que con los que ahora tiene la Policía Federal pueda inmediatamente echar a funcionar su estrategia contra la delincuencia organizada.
Se entiende que bajo ese mecanismo la nueva corporación que contará con elementos de la Marina, el Ejército y la Policía Federal podrá alcanzar hasta 50 mil efectivos de manera inmediata, cifra que irá en aumento durante el actual sexenio para alcanzar a cubrir las 266 regiones en las que se ha dividido el país, para asentar en ellos a los elementos de dicha corporación con los que se pretende iniciar la pacificación del país desalojando a las organizaciones criminales que ahora imponen su ley y tienen secuestrados a pueblos y regiones completas.
No es exagerado decir que en este ejercicio democrático en el Congreso que por primera vez se ha transparentado atrayendo la atención y el interés de millones de mexicanos, todos hemos ganado porque los diputados y senadores dejaron de regatearle al presidente de la República su demanda de contar con los medios legales para el diseño de la nueva institución encargada de la seguridad, y porque el Ejecutivo aceptó modificar su propuesta inicial de militarizar a la policía, con la nueva idea de crear un órgano civil que no limite la posibilidad de auxiliarse temporalmente del Ejército y la Marina sometidos al fuero civil, para responder al clamor de tantos pueblos que demandan paz.
La estrategia de la pacificación
Los acuerdos de consenso que votaron diputados y senadores para reformar la Constitución que le da cobertura a los militares para actuar en las calles no es realmente algo nuevo para los guerrerenses que tenemos años de verlos en caminos y ciudades, pero se entiende que en adelante los soldados y marinos (seguramente con otro uniforme) estarán en posibilidad de actuar donde los criminales tienen su zona de operaciones y suponemos que en adelante ya no se repetirán los hechos dados a conocer por la prensa sobre los sucesos recientes de la violencia en la Costa Grande, cuando los soldados ignoraban los llamados de auxilio que los comisarios les hacían para alejar de sus lugares la presencia de los criminales que los asolaban.
No se sabe mucho sobre la estrategia que ha diseñado Andrés Manuel López Obrador para la pacificación del país. Ha iniciado ya los programas de tipo social encaminados a resolver de raíz los problemas de falta de acceso a la educación y al empleo de los sectores empobrecidos de la sociedad que son la base de apoyo para los grupos delictivos.
Sabemos que con la Guardia Nacional habrá 266 bases repartidas en el país que serán garantes para la recuperación del territorio que ahora está bajo el dominio de la delincuencia.
No sabemos más de la estrategia para la pacificación, pero entiendo que en ella se está considerando la participación de toda la población, la cual, como aliada leal de las acciones del gobierno podrá ir reduciendo la presencia y el campo de acción de los grupos criminales.
De lo que no queda duda es que será la Guardia Nacional la que coordinará y aprovechará a los elementos de las policías municipales y estatales con las cuales podrá alcanzar la cifra que los organismos internacionales consideran óptimos para garantizar la seguridad y la paz, es decir, 300 policías por cada cien mil habitantes, 3 mil por cada millón.