Que una mujer indígena decida denunciar 10 años después la violación que sufrió por
parte de militares por vergüenza ante la comunidad y por temor a las represalias; que los
campesinos indígenas tengan que soportar el hostigamiento y los interrogatorios
amenazantes de los soldados para obligarlos a confesar su involucramiento en la siembra
de enervantes; que los pobladores, sin más, se resignen a perder sus cosechas de
hortalizas ante el abuso de los militares que instalan arbitrariamente sus campamentos
en las huertas, son demostraciones fehacientes de una guerra de desgaste que el Ejército
mexicano aplica desde hace más de 10 años en las regiones indígenas de México,
siguiendo puntualmente el manual de guerra irregular que implementó en el estado de
Chiapas.
Se trata de una guerra que busca causar daños a la población, utilizando métodos que
denigren la dignidad de sus pobladores y debiliten sus formas de organización
comunitaria. Son acciones fríamente calculadas que tratan de evitar un dolor excesivo a la
población civil para que no haya reacciones populares adversas, con el objetivo de
fragmentar y atemorizar a niños, mujeres y trabajadores del campo, tratando de
desmovilizarlos.
La militarización en lugar de inhibir la siembra de enervantes genera un resultado adverso;
De acuerdo con los informes oficiales, cada año aumenta la superficie destinada a la
siembra de estupefacientes y por desgracia en La Montaña de Guerrero, donde se ubican
los municipios más pobres del país, sigue siendo alta su producción que la pone en los
primeros lugares a nivel nacional. Lo paradójico es que el gasto militar es más alto que el
gasto social. Se prefiere la guerra contra las drogas, que en la práctica se traduce en una
guerra contra los pobres y se deja a un lado la implementación de una estrategia de largo
alcance para combatir la pobreza extrema. Los ciudadanos nos topamos con la triste
realidad de que no podemos acceder a información relacionada con el presupuesto militar
porque está catalogada como una información reservada, por la tan cacaraqueada Ley de
Acceso a la Información.
Esta alta inversión en infraestructura militar y la contratación de más elementos para
incorporarse al Ejército es una señal funesta que nos indica que en las regiones indígenas
se trabaja más en una estrategia de contención del movimiento social a través de la guerra
de desgaste.
Por desgracia esta situación no es documentada por parte de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH) que debe estar alerta ante las denuncias que la población
indígena interpone. Esta ausencia deja en un estado de indefensión mayor a las víctimas.
En los últimos años la CNDH se ha desentendido de las violaciones de derechos
humanos cometidas por el Ejército y son las mismas víctimas las que se ven obligadas a
documentar sus casos para que puedan presentarlos de manera escrita ante este
organismo público, que en los hechos quedan archivados.
Una de las regiones más militarizadas en nuestro estado es la de Ayutla de los Libres, que
es uno de los municipios más pobres de la Costa Chica, y que está al margen de las
instituciones encargadas de atender a los pueblos indígenas. Tanto la Secretaría de
Asuntos Indígenas (SAI) como la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas (Cdi) tienen fuera de sus presupuestos a este municipio. Sus pésimos caminos
lo dicen todo, la alta migración es un indicador más de las condiciones infrahumanas en
las que viven desde hace siglos los mixtecos y tlapanecos. De nada les ha valido la
promulgación Plan de Ayutla. Con la masacre de El Charco en 1998 el gobierno decidió
militarizar más la región y dosificar los recursos financieros para generar clientelas
políticas y desactivar movimientos de protesta. Muy poco cuentan los planteamientos de las
organizaciones indígenas, sus demandas y declaraciones siempre son leídas desde una
perspectiva conspiracionista y subversiva.
Raúl Lucas Lucía, actual comisario del núcleo agrario de Coapinola, municipio de Ayutla de
los Libres, nos comenta que ha sido perseguido por el Ejército desde hace ocho años.
Desde aquella fecha “me cayeron cuatro veces a mi casa y me tuvieron secuestrado por
más de 3 horas. Me golpearon y amenazaron de muerte y me pusieron el cañón en la
cabeza. Fueron soldados del 48 Batallón (establecido en Cruz Grande) que estaban
buscando armas”, dice.
“Un capitán me dijo: ‘Tú sabes donde están las armas y me lo vas a decir a huevo’. Yo le
dije: ‘No me estés pateando porque yo no tengo ni un arma para señalar’. Y él me
amenazó: ‘Algún día vendremos a propósito a matarte y cuidado con los derechos
humanos porque si me acusas te voy a venir a matar cabrón y a toda tu familia”, dice.
En aquel entonces Raúl Lucas denunció los hechos y logró que los militares se retiraran
de su comunidad aunque nunca se supo si fueron castigados; sin embargo, para esta
víctima el calvario no termina, pues de acuerdo con su testimonio recabado por
Tlachinollan, el pasado 18 de octubre unos 35 militares del Batallón 48 de Cruz Grande
volvieron a amenazarlo de muerte.
En un camino pedregoso rumbo a Coapinola, conocido como la Pilita Caída, lo
interceptaron los soldados al ver que iba conduciendo una camioneta último modelo
perteneciente a ese núcleo agrario. “Ellos me dijeron que yo tenía que decirles toda la
verdad sobre el sitio donde se sembraba mariguana y yo les repetí que esa no era mi
función. Uno de ellos me dijo que iban a hacer el recorrido y que si encontraban mariguana
o encapuchados ‘vamos directamente a tu casa, ya sabemos donde vives”. Durante más
de 30 minutos los soldados tuvieron rodeado el vehículo en el que iba Raúl Lucas y 10
personas más mientras les apuntaban con sus armas.
Otro caso que indigna es el de Teresa, indígena tlapaneca de 61 años nativa de la
comunidad de Tecruz, municipio de Ayutla de los Libres. Después de 10 años, y una vez
que su esposo murió, ella decidió denunciar que fue violada por elementos del Ejército
Mexicano. “Estaba con mi hija –que tenía 25 años en ese entonces– buscando cangrejos
en el río”, dice con voz pausada y semblante triste. Eran las 10 de la mañana cuando en
ese lugar 50 soldados las rodearon. Pidieron ayuda y el esposo de Teresa acudió pero
nada pudo hacer. “Nos llevaron a su campamento apuntándonos con sus armas en la
cabeza. En el lugar había otras dos mujeres”. A Teresa los soldados la separaron de su
hija y a su esposo lo amarraron de lo alto de un árbol. A Teresa la violaron varios soldados
en frente de su esposo. Para liberar a la familia los soldados obligaron a Teresa y al resto
de las mujeres a prepararles comida. “Matamos tres gallinas. Hicimos tortillas y cuando
anocheció nos llevaron a nuestra casa”, dice. Las otras dos mujeres, madre e hija, también
fueron violadas. La primera tenía 35 años y la segunda 12 años, recuerda Teresa con dolor.
Ante el crecimiento de la pobreza extrema se erige orondo el aparato militar sin limitación
alguna. En estas operaciones las autoridades civiles quedan al margen, el Ejército decide
cómo actuar en estas regiones, tratando en todo momento de ser un factor que genere
temor a la población civil. Los militares deciden a su arbitrio en qué huertas van a instalar
sus campamentos, a qué casas van a llegar en grupo para interrogar a los caseros, en qué
lugares van a instalar retenes, en qué comunidades van a permanecer más tiempo, y por
qué personas que consideran sospechosas van a preguntar a la gente que encuentran en
los cerros o bajan en sus camionetas. La ley del Ejército es la que impera en sus
operaciones, quedando en un segundo plano las garantías consagradas en la
Constitución.
La falta de un marco jurídico en México que reconozca a los indígenas como sujetos de
derecho público y a su libre autodeterminación recrudece el hostigamiento de las fuerzas
armadas contra lo más desprotegidos que no encuentran el apoyo de las instituciones y
que no les queda más que organizarse hasta donde sus fuerzas lo permiten para enfrentar
el hambre, resistir y contener la fuerza represiva del Ejército.
La denuncia valiente de hombres y mujeres indígenas, como el caso de Obtilia Eugenio
Manuel, defensora de derechos humanos de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa,
la ha puesto en una situación de riesgo ya que permanentemente ha sigo hostigada y
amenazada por personajes vinculados al Ejército mexicano.
En nuestro estado los defensores de derechos humanos carecemos de garantías para
poder realizar nuestro trabajo en condiciones de seguridad y de respeto. En lugar de
encontrar eco a las denuncias documentadas y de iniciar investigaciones imparciales,
constatamos el malestar, la descalificación de las autoridades encargadas de investigar
los delitos. Cuando las autoridades civiles llegan a actuar, únicamente lo hacen para
remitir los casos a la jurisdicción militar, con el fin de que sea el mismo Ejército el que
actúe como juez y parte, violando el marco constitucional.
A pesar de las diferentes recomendaciones de los relatores de la ONU, el Estado mexicano
de manera sistemática ha ignorado sus planteamientos simulando a nivel internacional un
compromiso con la causa de los derechos humanos, pero que al interior de nuestro país
se diluye y se traduce en lo contrario, en graves violaciones a los derechos humanos de los
indígenas como ejecuciones extrajudiciales (masacre de El Charco), detenciones
arbitrarias, violaciones sexuales, allanamientos de morada, tortura, que son producto de
una estrategia gubernamental implementada en Chiapas, Guerrero y Oaxaca para contener
el malestar ciudadano, hostigar y desmovilizar a la población que reivindica sus derechos y
entrar en una espiral de confrontación y de desgaste que derrote las utopías de los pueblos
indígenas.
Las voces del silencio son los gritos proféticos que desenmascaran el rostro de la barbarie
gubernamental y que con palabras sencillas mezcladas con el dolor y el sufrimiento hacen
visible una realidad que nos remite a la negra noche de la guerra sucia. Los pueblos
indígenas no merecen este destino, deben ser tratados con respeto y debe garantizárseles
su derecho a la libre autodeterminación, que los dignifique y los libere del flagelo de la
pobreza y la militarización.