La guerra contra las drogas iniciada en la época del presidente estadunidense Richard Nixon, ya se perdió. En México, uno de sus principales frentes de batalla, el fracaso se hizo obvio hace tiempo y a nivel internacional el hecho aún se debate. En cualquier caso, México debe retomar la posición que intentó en 1940, pero que Estados Unidos le obligó a abandonar: delinear una política en función de sus intereses y necesidades, sin atarse a prioridades ajenas.
Para comprobar el fracaso de la actual política contra el narcotráfico no hay que ir muy lejos, es suficiente con leer la prensa. Para sorpresa de nadie, la semana de vacaciones de marzo ofreció un auténtico rosario de noticias relacionadas con ejecuciones llevadas a cabo en Acapulco por el crimen organizado, cuyo núcleo duro lo conforma el narcotráfico, sin importar que el puerto estuviera repleto de turistas, militares y policías. Es en este ambiente de política fallida que el Senado tuvo unas audiencias para discutir cuál debe ser la posición de México en una sesión especial de la Asam-blea General de las Naciones Unidas sobre el sistema internacional de control de las drogas, en abril.
Las ideas ventiladas en el Senado fueron un reflejo fiel de las que circulan en ámbitos nacionales más amplios: la política prohibicionista imperante es inviable porque no disminuyó la producción, ni el consumo de drogas prohibidas y sí tuvo –y tiene– un altísimo costo en vidas, en recursos públicos, violaciones de derechos humanos, castigo sin sentido a miles de jóvenes –los peces pequeños en el inmenso mar del negocio de las drogas– y de corrupción institucional en gran escala.
Lo que ya está claro. El comercio internacional de drogas lo empezaron las grandes potencias siglos atrás, notoriamente aunque no exclusivamente, Inglaterra, que obligó a China a consumir el opio producido en India. Actualmente los términos han cambiado pues las economías centrales son las grandes consumidoras y los países periféricos, como el nuestro, los productores y exportadores, pero las posiciones prohibicionistas siguen sin funcionar y el mayor daño lo sufren los países con las estructuras institucionales más débiles.
A estas alturas y después de un siglo de convenciones y acuerdos internacionales, desde la conferencia de Shanghai en 1909 sobre el opio hasta el Plan de Acción sobre las drogas de la ONU en 2009, la producción, comercio y consumo de drogas persiste pese al gasto anual de unos 100 mil millones de dólares de los gobiernos en la guerra global contra las drogas, (http://www.countthecosts.org/es/los-siete-costos/). El informe de la ONU de 2015 calculó en 246 millones las personas que consumieron alguna droga prohibida en 2013. Javier Sicilia, líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, calcula que las muertes y desapariciones causadas por el crimen organizado en México desde fines de 2006, año en que el gobierno intensificó su “guerra contra el narcotráfico”, ya suman alrededor de 200 mil (Reforma, “Revista R”, 27 de marzo). El grueso de las personas en prisión en nuestro país por posesión de narcóticos son varones de entre 20 y 30 años y que recibieron penas de un año o menos (Carlos Galindo, “México y las convenciones en materia de drogas”, Instituto Belisario Do-mínguez, 28/03/2016). Las cifras, todas, indican que la política oficial seguida hasta ahora a nivel mundial y local ha sido un fracaso socialmente muy costoso.
Estado débil y narco fuerte. Curiosamente, en México, la opinión pública pareciera aún empeñada en mantener las políticas prohibicionistas fracasadas. La encuesta de Parametría de octubre de 2015 encontró que el 77 por ciento de la población se oponía a la legalización del consumo de mariguana. Sin embargo, otras encuestas mostraron que el 72 por ciento de los mexicanos consideraron que la violencia provocada por los cárteles de la droga era uno de los grandes problemas del país (Pew Research Center, 2014).
Así pues, el grueso del público mexicano pareciera no aceptar que se debe elegir entre dos males, y que empeñarse en mantener una política prohibicionista es el peor de ellos.
Históricamente, el Estado mexicano ha sido muy débil. Esa debilidad la medio ocultaron los autoritarismos y sus “presidentes fuertes” –el Porfiriato y la post revolución– pero cuando a partir de diciembre de 2006 el gobierno de Felipe Calderón lanzó toda la supuesta fuerza del Estado contra los narcos, estos contraatacaron con sus dos mejores armas: la violencia extrema y la corrupción. Y Calderón fracasó pese a contar con el apoyo del gobierno estadunidense vía la “Iniciativa Mérida”.
Estados Unidos tampoco ha ganado su guerra contra las drogas, pero teniendo un Estado relativamente fuerte, su fracaso no ha sido tan evidente ni escandaloso y su estructura institucional mantiene la normalidad de la vida colectiva. En contraste, en México, literalmente, hay regiones políticamente colapsadas y donde las decisiones de autoridad las toman de tiempo atrás los cárteles de la droga.
Y si Estados Unidos, el país que ha dictado los lineamientos de la política prohibicionista a nivel mundial, ya está empezando a legalizar el consumo de mariguana, con mayor razón el gobierno mexicano debe replantearse, y rápido, la naturaleza misma de su política sobre enervantes. Mante-ner la inercia, como ha hecho el actual gobierno, es cosa de vida y de muerte.

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