El 21 de septiembre de 2020, los periodistas Ignacio Rodríguez Reyna, Zorayda Gallegos y yo publicamos el reportaje “HSBC: la fiesta de los billetes rojos y los cuellos blancos”, acerca de la forma en la que ese banco lavó cientos de millones de dólares a los cárteles de Sinaloa y del Norte del Valle de Cali.
No era cualquier caso. En realidad, ha sido el escándalo más grande de blanqueo de capitales que se conozca en México y en el mundo. Sucedió entre 2006 y 2008. Las sanciones al banco fueron las más altas de la historia: en México, de 379 millones de pesos (unos 27.5 millones de dólares); y en Estados Unidos, de mil 900 millones de dólares.
Tanto la multa como el escándalo ya eran de dominio público, sobre todo después del informe del Senado de Estados Unidos que desnudó el modelo de corrupción bancario, pero lo que no se conocía eran los detalles de lo que sucedió en las entrañas del banco en México, el modus operandi financiero y las alertas y omisiones de los altos ejecutivos nacionales que llevaron a un empoderamiento mayor de esa máquina de violencia conocida como Cártel de Sinaloa. Mientras el narco vendía drogas y asesinaba personas, el banco tomaba sus billetes ensangrentados para aplicarles un lavado centrifugado.
Y en esta historia hubo una persona clave que debió evitar los “goles” de lavado de dinero de los cárteles: Ramón García Gibson, entonces jefe del Comité de Comunicación y Control del HSBC México. Poco después, a principios de 2019, se convirtió en alto funcionario del gobierno mexicano: nada más y nada menos que en administrador central de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables del Servicio de Administración Tributaria (SAT), es decir, uno de los principales responsables de combatir el lavado de dinero en el país.
A fines de 2012, en Estados Unidos se anunció que HSBC aceptaba su responsabilidad en materia de lavado de dinero, y entre otras, remarcaron cinco irregularidades cometidas por este consorcio inglés.
1) Fallar deliberadamente en mantener y ejecutar estrictos controles que evitaran el lavado de dinero procedente de actividades ilícitas y el financiamiento al terrorismo.
2) Mantener “pasmosas y evidentes pifias” de supervisión que permitieron que narcotraficantes de México y Colombia lavaran al menos 881 millones de dólares en el sistema financiero de Estados Unidos durante el periodo 2006-2010.
3) “Hacerse de la vista gorda ante el lavado de dinero” que ocurría “mero enfrente de sus ojos”.
4) Fallar intencionalmente a la hora de poner en marcha un programa eficaz para monitorear operaciones sospechosas realizadas en HSBC México.
5) Contar con un sistema tan débil de controles antilavado en HSBC México que los narcos depositaban diariamente cientos de miles de dólares a granel en las cuentas del banco.
La falta de sanciones reales a García Gibson durante su paso por HSBC llamó la atención de varios de sus colegas, pero lo que más impactó fue que la actual administración federal lo cobijara y lo colocara en un sitio antilavado, cuando se tenían antecedentes de, al menos, una evidente falta de capacidad.
Por eso en septiembre del año pasado, cuando apoyados por Quinto Elemento Lab y Connectas dimos a conocer el reportaje, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se iba a investigar y, en su caso, sancionar: “si es cierto lo que estás diciendo, ya ese señor no puede estar aquí en el gobierno, pero hay que saber, hay que investigar, ofrecemos eso”.
Transcurrieron más de cuatro meses hasta que el viernes pasado el SAT dio de baja al polémico por pérdida de confianza. Lo informó el lunes a través de un comunicado.
“García Gibson como servidor público tenía un evidente conflicto de interés, ya que es socio y fundador de García Gibson Consultores S.C., que ofrece servicios de asesoría en materia de lavado de dinero y recursos de procedencia ilícita, áreas en las que contaba con información privilegiada cuando se desempeñaba como Administrador Central de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables del SAT”, informó el SAT.
“Diversos elementos administrativos recabados por la institución provocaron una pérdida de confianza, elemento esencial del vínculo entre la institución y un servidor público en áreas tan delicadas, por lo que procede legalmente el cese ocurrido el pasado viernes 29 de enero”.
García Gibson nunca debió llegar al servicio público con los antecedentes mencionados en el reportaje y recordados en esta columna. Queda claro que, aunque se rectificó tras la difusión de la investigación periodística y cesaron al ahora exfuncionario, las estructuras viciadas del poder político y económico se mantienen en el actual gobierno federal y serán muy difíciles de extirpar, aún con la voluntad presidencial.