LA TRANSICIÓN

El próximo viernes se inaugura un nuevo gobierno en el estado de Guerrero, el de mayor legitimidad democrática de su historia.

Lo que teníamos antes eran gobernadores que se imponían por la vía de las armas; o que eran impuestos por el presidente de la República priísta. Dependía del talante de cada cual si ejercían un gobierno más o menos antipopular, pero ninguno mejoró la calidad de vida de la mayoría de los guerrerenses; ni propició relaciones políticas basadas en la igualdad de las personas ante la ley, la división de poderes, el municipio libre y la libertad de expresión y de prensa.

Todos los gobernadores sin excepción, con mayor o menor violencia, ya sea en el periodo que se llamó de desarrollo estabilizador o en la época del neoliberalismo, estuvieron al servicio de un modelo depredador de nuestros recursos naturales y de sobreexplotación de la fuerza de trabajo.

Los de abajo han reaccionado de las más diversas formas y hasta la victoria electoral del 6 de febrero pasado siempre habían salido derrotados. Lo mismo la lucha pacífica por la autonomía universitaria en 1960, que el movimiento cívico que la sucedió que la rebelión electoral de 1988 fueron suprimidas a balazos. Y de ese modo también fueron enfrentados los movimientos guerrilleros que surgieron de las dos primeras experiencias, y que fueron emblemáticos de esa forma de lucha en el país por la figura de sus dirigentes, los profesores normalistas Genaro Vázquez y Lucio Cabañas.

Pese a la represión del gobierno de Carlos Salinas contra los perredistas –300 muertos, unos 130 solamente de Guerrero en el gobierno de José Francisco Ruiz Massieu– la respuesta mayoritaria de los excluidos del régimen no fue esta vez con las armas, sino insistiendo en la vía electoral o en la movilización social.

La influencia local de la insurgencia zapatista de Chiapas fue muy marginal, y las matanzas de Aguas Blancas y El Charco enseñaron más la irracionalidad de los grupos caciquiles y de mandos del Ejército, que la fuerza de los nuevos movimientos sociales o de los grupos guerrilleros emergentes.

Por eso es que se define como histórica la jornada del 6 de febrero. Aunque el candidato ganador no proviene de las clases subalternas; aunque el movimiento electoral que encabezó Zeferino Torreblanca sea heteregéneo, pues confluyen en él una diversidad de intereses y de perspectivas, en el resultado final cercano a los 600 mil votos puede verse la continuidad de los movimientos populares históricos del estado.

Y ya no se trata sólo de un movimiento que se da en tal o cual ciudad, en tal o cual región del estado, sino en todo el territorio de Guerrero y que atraviesa todas las capas sociales. Por Zeferino Torreblanca no votaron solamente los vecinos de las colonias de clase media de las ciudades, sino también los de las colonias periféricas y de las unidades habitacionales, pobladas de guerrerenses que ganan salarios de miseria. Fue asimismo ampliamente votado en la zona indígena de La Montaña y en las regiones más pobres de la Costa Chica.

Y hay un dato que extraña a analistas y encuestadores, porque da cuenta de una realidad que es muy difícil que se presente: los electores le dieron una amplísima mayoría a un candidato que no prometió nada en su campaña.

Ese dato, ese espectacular 13 por ciento de ventaja de Torreblanca sobre el candidato del poderoso PRI está indicando una gran ansia de cambio por parte de la mayoría de los casi 600 mil guerrerenses que le dieron su voto al ex alcalde de Acapulco.

Esperan contar con un gobernador que los represente dignamente ante la nación y ante los poderes de la República; que tenga la suficiente autoridad moral y la fuerza política para conseguir más recursos para el desarrollo de Guerrero; que al final de su mandato pueda decir que disminuyeron la pobreza, el analfabetismo, las enfermedades. Que más guerrerenses tienen acceso a la educación, a la salud, a la vivienda. Que más guerrerenses cuentan con un trabajo digno con un salario digno.

Que, asimismo, haya respeto pleno a los poderes Legislativo y Judicial; a los municipios; a esa institución clave de cualquier sociedad democrática que es la prensa libre e independiente.

Nadie le está pidiendo al próximo gobernador que expropie los medios de producción, que imponga un gobierno socialista y que solamente tome en cuenta a los pobres.

Solamente que no se deje someter por los poderes fácticos, y ceda a las presiones del Ejército para nombrar a un militar en su gabinete. Que no se deslumbre por los usos del poder y crea que sea necesaria una reunión en Los Pinos con alguien que no tiene ningún cargo oficial en el organigrama de la administración pública federal. Que no le cierre las puertas a sus compañeros, como lo hizo con el presidente estatal del PRD Martín Mora; ni que sea insensible ante las peticiones de representantes honestos, respetados y respetables como el distinguido defensor de los derechos humanos Abel Barrera Hernández, presidente del Comité de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, de prestigio nacional y mundial.

La pregunta clave es cómo usar la legitimidad ganada en las urnas. Para quedar bien con los que siempre han mandado. O para abrir espacios –mínimos, pequeños, los que se pueda, pero espacios al fin– para los que siempre han estado sometidos. Los de arriba tienen miles de formas de hacer que sus derechos sean respetados. Los de abajo requieren de la alianza y del apoyo de sus gobernantes. Y creen que Zeferino Torreblanca es uno de ellos.