Dicen las autoridades federales que el rancho Izaguirre en Teuchitlán no era un campo de exterminio, sino solamente un campo de adiestramiento de sicarios al servicio del crimen organizado. Eso podría ser verdad si presentaran las pruebas. Porque el campo de exterminio lo ubicamos en todo el país, particularmente en algunas regiones. En Guerrero, sobre todo en Chilpancingo y en Acapulco, les ha tocado a choferes y taxistas estar en el foco del exterminio. Si en los tres sexenios anteriores (2006-2024) hubo cerca del medio millón de asesinatos dolosos, ¿será posible hablar de un campo de exterminio en el país? Y si a esto añadimos las más de 120 mil personas desaparecidas no localizadas hasta ahora, ¿no tiene acaso este mismo significado?
Lo más grave es que este exterminio va a continuar en los siguientes años, debido a que aún no hay condiciones en México para que estas cifras bajen de manera sustancial. El poder económico, militar, político y social que tienen los cárteles de la droga y demás organizaciones criminales es tan fuerte que, aunque el Estado tenga una estrategia justa, van a pasar años para que los asesinatos dolosos y las desapariciones forzadas se reduzcan de manera sustancial. Quiero explicarme.
Hablar de una estrategia justa, ¿qué significa? Que los tres poderes del Estado mexicano estén debidamente coordinados, ejercitando sus facultades legítimas que la ley les exige. También, significa que los gobiernos municipales, estatales y el federal cumplan también con las obligaciones establecidas por la ley. Y significa, también, que la sociedad colabore desde sus organizaciones e instituciones con la estrategia de seguridad y construcción de paz encabezada por el gobierno federal. Esta estrategia justa del Estado mexicano requiere algunas características, tales como transparencia, la lucha contra la corrupción y la impunidad, la justicia social contra las desigualdades y la garantía de los derechos humanos. De esta manera es posible afrontar a la delincuencia organizada que ha acumulado mucho poder a lo largo de los años. Veamos.
Poder económico. En el año 2000, la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Convención de Palermo contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, con el fin de promover la cooperación para prevenir y combatir más eficazmente la delincuencia organizada transnacional, la que incluye el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños y el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire. La Convención de Palermo advierte el inmenso poder económico de la delincuencia organizada con un carácter empresarial y trasnacional. La delincuencia organizada en México tiene vínculos económicos internacionales en todos los continentes, en el contexto de la economía de mercado, de manera que manifiesta un gran poder en la economía global. Por eso la delincuencia organizada en México tiene una gran influencia política y social sostenida por el dinero que tiene en sus manos. No será fácil que la economía ilegal de la delincuencia pase a la legalidad.
Poder militar. Los cárteles de las drogas suelen tener armas más poderosas que las policías municipales y las policías estatales. El poder militar les da muchas ventajas sobre las policías municipales, que suelen ser cooptadas. Sólo las fuerzas federales – Ejército, Marina Armada y Guardia Nacional– tienen el poder militar y la capacidad de superar el poder militar de los narcotraficantes.
Poder social. Los recursos económicos dan a la delincuencia organizada la capacidad de influir en la sociedad, en las ciudades y en el medio rural para desarrollar una mayor influencia en la población, mediante beneficios que no les proporciona el Estado. Construyen caminos, canchas deportivas, templos, organizan las ferias regionales o locales, fiestas y eventos en los cuales se presentan como benefactores de la gente. Se hacen de territorios en los cuales ejercen el control de la población. Con estos beneficios pretenden legitimarse ante los pueblos y las comunidades y, a cambio, la gente los reconoce como benefactores.
Poder político. Desde que el narcotráfico se gestó en México, ellos buscaron la protección de la policía. Después buscaron la protección de funcionarios públicos en los municipios y en los estados. Han ido desarrollando una influencia política tal, que ahora están incrustados en los espacios en los que se toman las decisiones políticas, incluso a nivel federal. Influyen en los partidos políticos a la hora de seleccionar candidatos, financian campañas electorales, inciden en las legislaturas y en el Poder Judicial.
Es tanto el poder que ha acumulado la delincuencia organizada en nuestro país que no será nada fácil reducirlo de modo que sean saneadas las relaciones económicas, políticas y sociales. Y, mientras tanto, ¿qué estamos haciendo los mexicanos? Primero, nos acostumbramos a la violencia, que se ha convertido en una nueva normalidad. Las nuevas generaciones nacieron y crecieron en contextos violentos con sus secuelas, como el miedo, el sentimiento permanente de inseguridad. Segundo, callamos. Sobre estos temas, lo mejor es callar, no hablar nos da más seguridad. No hablamos con extraños sobre esto, no sea que nos puedan delatar. Tercero, lloramos de dolor cuando la violencia nos toca de cerca por un asesinato, una desaparición, una extorsión o un desplazamiento forzado. Es claro que esto no nos lleva a alguna parte, pero al menos, queremos sobrevivir.
Tenemos que armarnos de paciencia, de paciencia histórica, para que el poder destructor de la violencia no nos alcance, para que la delincuencia organizada reduzca su poder, para que los gobiernos en turno construyan una estrategia justa y para que la sociedad no se acostumbre a la violencia, no calle y no llore de dolor, sino que actúe de acuerdo con lo que su dignidad le dicte.